Los detalles del caso de la venta del proyecto minero Dominga en que participaba la familia del presidente Piñera, he despertado polémica debido a una cláusula que condicionaba un pago a que no hubiera un cambio regulatorio en momentos en que el empresario ejercía su primer período de gobierno.

La Fiscalía chilena informó este viernes que decidió abrir una nueva investigación por el caso de la venta de un proyecto minero en que participaba la familia del presidente Sebastián Piñera, ante indicios de posibles delitos de cohecho e irregularidades tributarias no juzgados previamente.

Los detalles del caso, divulgados como parte de los llamados Pandora Papers, he despertado polémica en el país sudamericano debido a una cláusula que condicionaba un pago a que no hubiera un cambio regulatorio en momentos en que el empresario estaba en su primer período de gobierno.

"El Fiscal Nacional ha tomado esta decisión atendido que los antecedentes podían revestir carácter de delito de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación", dijo la jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.

Piñera ha negado las acusaciones y ha dicho que los detalles del acuerdo de 2010 fueron parte de una investigación judicial previa que finalmente no encontró faltas a la legislación.

Herrera aclaró que la indagatoria penal analizará en específico la operación sobre Minera Dominga, ya que no fue el objeto principal de la investigación anterior.

"La opinión técnica es que los hechos relacionados con la compraventa de la minera no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del cuarto juzgado de garantía del año 2017", destacó.

Detalló que el contrato en inglés suscrito en Islas Vírgenes Británicas no estaba en la carpeta de investigación, aunque sí el preacuerdo que contenía las condiciones y otros correos electrónicos.

La funcionaria dijo que el análisis deberá determinar si los hechos están prescritos y no existe un lapso estipulado para completar el análisis.

"Creemos que evidentemente es una investigación que debe tener plazos muy acotados", dijo Herrera.

Legisladores opositores están buscando impulsar un juicio político contra el gobernante señalando que su gobierno ha evitado definir una zona de protección que afectaría la instalación del polémico proyecto.