El escándalo de los respiradores estalló en mayo al difundirse que el Gobierno boliviano pagó más de US$ 27.000 por respirador a la empresa española GPA Innova cuando su precio sería de unos US$ 7.000. Ya se hizo la presentación formal para iniciar un juicio.
La Fiscalía de Bolivia ha concluido la investigación del caso de la compra con supuesto sobrecoste de 170 respiradores a una empresa española, en el marco de la pandemia de COVID-19, y ha emitido una acusación formal para iniciar un juicio.
"Los fiscales que están haciendo el seguimiento de estos casos ya emitieron el requerimiento conclusivo de acusación y estamos a la espera de la reapertura de los juzgados para que se ponga en conocimiento de la autoridad jurisdiccional", ha explicado el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa.
El escándalo de los respiradores estalló el pasado mayo al destaparse que el Gobierno de Bolivia pagó más de US$ 27.000 por respirador a la empresa española GPA Innova cuando su precio de mercado sería de unos US$ 7.000. Otra empresa española, IME Consulting, ejerció como intermediaria.
La consecuencia inmediata fue el cese del ministro de Salud Marcelo Navajas, quien apenas llevaba un mes al frente de la cartera de Salud, que fue detenido y mandado a prisión preventiva, así como el arresto de otros implicados en la gestión de la compra.
