La subecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, sostuvo que han tomado “debida nota” respecto a las recomendaciones y además, señaló que algunas de ellas ya están siendo implementadas, como lo son las referidas a Carabineros.

El Gobierno de Chile, a través de la subecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, respondió al informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre el estallido social en Chile.

Recabarren sostuvo que han tomado “debida nota” respecto a las recomendaciones y además, señaló que algunas de ellas ya están siendo implementadas, como lo son las referidas a Carabineros.

“Otras, (están siendo) estudiadas por el comité técnico asesor, a propósito de recomendaciones similares que ya hizo en su momento la organización Human Rights Watch, así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez”, sostuvo.

Además, mencionó que el Gobierno lamenta “profundamente las denuncias recibidas por el equipo de la alta comisionada que estuvo en nuestro país, cada una de ellas está siendo o será investigada por el Ministerio Público y será sancionada de acuerdo a lo que determinen los Tribunales de Justicia”.

Asimismo, el Ejecutivo también se refirió al informe a través de un comunicado que trata diversos temas, como las medidas preventivas que sostuvieron para evitar la violación a los derechos humanos, como también las medidas correctivas en aquellos casos en que se transgredió la ley.

En el texto se explica que se ha otorgado asistencia a las víctimas, tanto para Carabineros como para civiles. En el caso de estos últimos, el Gobierno ha centrado su apoyo en tres ejes.

El primero guarda relación con la conformación de un equipo de profesionales para coordinar y acompañar a las mujeres que hayan denunciado violencia sexual, además de un convenio con ONU Mujeres.

El segundo eje se sustenta en el Programa Integral de Recuperación Ocular y el Plan de Ayuda y Asistencia Médica y Social para lesionados graves.

Por último, el punto final trata sobre un programa de apoyo y contención psicológico a jóvenes que han denunciado ser víctimas de vulneraciones de sus derechos durante las manifestaciones, el que es liderado por el Instituto Nacional de la Juventud y la Fundación para la Confianza.

Medidas preventivas y correctivas. Dentro de las medidas preventivas, el Gobierno asegura que se realizó un mandato a la fuerza pública de aplicar en forma estricta los protocolos de uso de la fuerza, instando al resguardo de los derechos humanos de todos.

Asimismo, sostiene que instruyó a la fuerza pública de informar sobre los mecanismos a través de los cuales se instruyó el cumplimiento de los protocolos y el plan de monitoreo de las actuaciones de las fuerzas policiales.

Sobre la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, el Ejecutivo sostiene que se les dio promoción, apoyo logístico y financiero para fortalecer su trabajo.

Mientras tanto, sobre las medidas correctivas, el Gobierno señaló que se abrieron 856 sumarios administrativos e investigaciones sumarias en contra de Carabineros, remitiendo además los antecedentes a la Fiscalía.

También sostienen que se incorporaron cámaras corporales para aquellos funcionarios que utilizan escopetas antidisturbios para asegurar su correcta implementación.

Sobre esta materia, además señalan que la escopeta se restringió para casos donde exista un peligro inminente para las policías o civiles, como también explican que se solicitó un estudio actualizado sobre la composición de los perdigones.

Asimismo, detallan que se solicitó asistencia a policías internacionales para un mejor perfeccionamiento en los procedimientos de orden público.

Finalmente, explican que se desplegaron en terreno 251 instructores de derechos humanos de Carabineros con el objeto de asegurar el correcto cumplimiento de los protocolos.