La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana recibió el oficio en el que el organismo policial rechaza la "difusión roja" solicitada y mantiene la libertad de movimiento del ex mandatario residenciado en Bélgica.

La Policía Internacional (Interpol) rechazó la petición de Ecuador para arrestar y extraditar al ex presidente Rafael Correa por delitos de corrupción, según lo hizo público la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana.

"El 5 de diciembre de 2018, a las 10:35, la jueza nacional Dra. Daniella Camacho Herold recibió un oficio de Interpol en el que la institución internacional explica que suprime los datos del ciudadano ecuatoriano Rafael Correa Delgado, tras examinar los elementos concernientes a su situación jurídica", explicó la Corte.

En el comunicado oficial emitido por Interpol se indica que: "Tras haber examinado detenidamente todos los elementos concernientes a la situación jurídica del Solicitante, la información disponible a la Comisión reveló que la retención de los datos en el Sistema de Información de Interpol no era compatible con la obligación de Interpol de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales”.

Con esta decisión, el organismo policial rechaza la "difusión roja" solicitada por la Justicia ecuatoriana para la localización y arresto del ex presidente, que reside en Bélgica desde junio de 2017.

En este sentido, la Corte Nacional de Justicia ha aclarado que la "notificación roja" y la extradición "son trámites independientes".

Según la corte ecuatoriana esta es una decisión "que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 38 del Estatuto de la Comisión de Ficheros de Interpol" y que "está sujeta a revisión, conforme lo señala el artículo 42 del mismo estatuto".

El pasado 7 de noviembre la jueza nacional ecuatoriana Daniella Camacho dictó un auto de llamamiento a juicio a Correa y otros tres procesados más por el delito de plagio del ex asambleísta Fernando Balda en la capital colombiana en agosto de 2012.

Correa ha negado su implicación en los hechos y aduce que es objeto de una persecución política y que no comparece ante el tribunal ecuatoriano porque no tiene garantizados sus derechos al debido proceso.