El presidente de la Corte Suprema, Óscar López, informó que un nuevo juez había sido nombrado en sustitución de Jorge Guzmán, quien renunció el pasado viernes en rechazo a la entrada en vigencia de una reforma impulsada por el mandatario Nayib Bukele.

El juicio que se lleva a cabo en El Salvador para esclarecer los hechos de la masacre de El Mozote, la peor matanza en la historia reciente de Latinoamérica, tendrá que comenzar "de cero", dijo el presidente de la Corte Suprema del país centroamericano, Óscar López.

En diciembre de 1981, durante una operación antiguerrillera en plena guerra civil, un batallón del Ejército salvadoreño ejecutó a unas 1.000 personas -mayormente mujeres y niños- de la aldea nororiental El Mozote y dos aledañas, considerada la peor masacre del hemisferio occidental en tiempos modernos.

López, el titular del máximo tribunal del país, aseguró que un nuevo juez había sido nombrado en sustitución de Jorge Guzmán, quien en octubre de 2016 reabrió la causa, donde un militar retirado confesó, por primera vez, la existencia de la masacre.

Pero Guzmán renunció el viernes en rechazo a la entrada en vigencia de una reforma impulsada desde el Congreso, de mayoría oficialista, que exige el retiro de los jueces con más de 60 años de edad y más de 30 años de ejercicio.

"En lo personal, hubiese deseado que él (Guzmán) siguiese con ese caso porque el juez que va a llegar tendrá que comenzar de cero", dijo López a periodistas la noche del domingo.

El presidente del país, Nayib Bukele, ha sido señalado de obstruir la investigación del caso. A fines del año pasado, Guzmán pidió a la Fiscalía investigar al mandatario y a su ministro de Defensa por el posible bloqueo de inspecciones judiciales en los archivos militares para hallar pruebas de la masacre de El Mozote.

En septiembre de 2020, Bukele anunció que los archivos militares que aportarían pruebas de la matanza habían sido destruidos sin que se supiera cuándo o quién era el responsable.

Entre 1980 y 1992, El Salvador sufrió una guerra civil entre la entonces guerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, respaldado por Estados Unidos, que dejó unos 75.000 muertos y cerca de 8.000 desaparecidos.