"No es compatible con el Sistema Interamericano el uso del derecho penal para expresiones de interés público. La desinformación se combate con acceso a información pública", ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido este martes a Bolivia de que aplicar el derecho penal para "expresiones de interés público" contraviene las normas del organismo regional, en respuesta a un nuevo decreto que autoriza sanciones penales por difundir información que "genere incertidumbre en la población".

"No es compatible con el Sistema Interamericano (de Derechos Humanos) el uso del derecho penal para expresiones de interés público. La desinformación se combate con acceso a información pública", ha dicho el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, en Twitter.

Lanza ha informado de que su oficina ya ha enviado una nota formal al Gobierno de Jeanine Áñez "sobre el deber de adecuar las normas internas" a los estándares interamericanos de Derechos Humanos.

El experto de la CIDH se ha referido al Decreto Supremo 4231 del 7 de mayo, por el cual se castiga con el Código Penal a quienes "difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento, que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población".

"A nuestro juicio", dijo Lanza en una entrevista publicada el fin de semana en el diario boliviano 'Opinión', "establece una fórmula desproporcionada y no acorde al Derecho Internacional para perseguir a quienes eventualmente el Gobierno entienda que desinforman".

La Asociación de Periodistas de Bolivia (ANPB) y, en concreto, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) ya han expresado su rechazo a dicha norma porque "establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión".

En la misma línea se ha expresado el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, quien ve en este paso "un nuevo atentado a las libertades democráticas". El también candidato presidencial Carlos Mesa ha denunciado igualmente que se trata de una norma "autoritaria".

En respuesta a estas preocupaciones, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, ha asegurado a los periodistas bolivianos que pueden estar "tranquilos" porque están protegidos por la Ley de Imprenta. "Los que deben cuidarse son los ciudadanos que están tratando, (principalmente) en las redes sociales, de confundir", dijo el lunes en una comparecencia.

Sin embargo, desde la ANPB y la ANLP han recordado que la Ley de Imprenta establece que no solo los periodistas sino "todo hombre tiene el derecho a publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura".

Áñez ha adoptado una postura dura para combatir el coronavirus, lo cual incluye una cuarentena nacional que comenzó a relajarse el lunes en función de la incidencia del virus en cada territorio. Bolivia cuenta ya 2.831 casos confirmados, incluidas 122 víctimas mortales.