Cruz, de 17 años de edad, fue alcanzado en la cabeza por una granada aturdidora lanzada por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía durante la jornada de huelga nacional del pasado 21 de noviembre en Bogotá.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha cuestionado que la justicia militar se encargue de la investigación de la muerte del joven Dilan Cruz, fallecido durante las últimas protestas contra el Gobierno, por entender que este tipo de casos debería recaer en tribunales ordinarios.
Cruz, de 17 años de edad, fue alcanzado en la cabeza por una granada aturdidora lanzada por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía durante la jornada de huelga nacional del pasado 21 de noviembre en Bogotá. Murió dos días después en un hospital de la capital colombiana.
El Consejo Superior de la Judicatura de Colombia ha determinado este miércoles que será la Justicia militar quien se ocupe de investigar el caso, algo que no ve con buenos ojos la oficina que el Alto Comisionado de Naciones Unidas tiene en Colombia, partidario de que la justicia ordinaria sea quien se encargue de estas pesquisas.
"Recordamos que 'la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de Derechos Humanos'", ha afirmado el organismo de la ONU, parafraseando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"'El procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria'. Así lo establecen los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos", ha añadido.
Medicina Legal determinó que la muerte de Cruz fue un homicidio y desde entonces la Justicia civil y la militar se disputaban el caso, razón por la cual se pronunció el Consejo Superior de la Judicatura. Lo hizo a favor de los tribunales castrenses porque Cruz falleció "en el marco de un acto de servicio que cumplía el agente".
Colombia suma un mes de protestas protagonizadas por sindicatos, estudiantes y otras organizaciones sociales en las que se han producido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que han dejado al menos un muerto y decenas de heridos.
Las principales demandas son mejoras sociales, así como mayor seguridad en los territorios afectados por el conflicto armado, si bien incluyen igualmente que el Gobierno retome el diálogo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El presidente, Iván Duque, ofreció inicialmente una "gran conversación nacional" que, además de a los manifestantes, incluyera a empresarios y representantes de diversos sectores, pero el Comité del Paro se negó exigiendo una negociación bilateral, que es ahora la principal vía para resolver la crisis.
