Los expertos de la ONU se han basado en el caso de tres mujeres que "fueron privadas de su libertad en medio de graves complicaciones de salud, después de haber pasado por emergencias obstétricas que pusieron fin a sus embarazos".

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha reclamado este viernes a El Salvador "reformas urgentes" para poner fin a la "detención arbitraria" de mujeres por sufrir problemas obstétricos que derivan en abortos naturales.

Los expertos de la ONU se han basado en el caso de tres mujeres que "fueron privadas de su libertad en el hospital en medio de graves complicaciones de salud, después de haber pasado por emergencias obstétricas que pusieron fin a sus embarazos".

De acuerdo con la organización internacional, "el personal hospitalario se apresuró a contactar con las autoridades policiales y judiciales, quienes inmediatamente iniciaron investigaciones y formularon acusaciones por homicidio agravado".

"Las autoridades salvadoreñas sometieron a las tres mujeres a prisión preventiva, sin considerar otras medidas alternativas a la detención y sin tomar en cuenta la emergencia médica sufrida, ni el daño físico y psicológico al que habían estado expuestas", han contado, según un comunicado de Naciones Unidas.

De esta forma, "en los tres casos se asumió la culpabilidad de las acusadas", con lo que se les negó la presunción de inocencia y se violaron a su vez "las garantías del debido proceso".

El Grupo de Trabajo ha alertado de que no se trata de casos aislados, sino que reflejan "problemas estructurales en el ejercicio y en la protección de derechos fundamentales de la mujer en El Salvador", que desembocan en "medidas privativas de libertad innecesarias, desproporcionadas, que no persiguen un fin legítimo, y que parecen irrazonables en su implementación".

Entre 2000 y 2011, 129 mujeres fueron procesadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador y recibieron penas de entre 30 y 50 años de cárcel. El 68% fueron condenadas cuando tenían entre 18 y 25 años y "en su mayoría provienen de zonas rurales o urbanas marginales", lo que evidencia que "las mujeres jóvenes salvadoreñas en situación de pobreza son especialmente vulnerables a sufrir este tipo de detenciones arbitrarias".

El Grupo de Trabajo también ha llamado la atención sobre el hecho de que "el 57,36% de las denuncias registradas por sospechas de aborto fueron de profesionales de la salud pública". "Este es un fenómeno generalizado en el país, que solo afecta a la población femenina y debe ser resuelto con prioridad", ha reclamado.

Así, han instado a las autoridades salvadoreñas a que "de manera urgente e integral revisen, reinterpreten, reformen, desapliquen y/o deroguen la legislación penal aplicada, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado asumió en materia de Derechos Humanos".