Al reunirse regularmente con López Obrador, los líderes empresariales lo han dirigido hacia políticas más amigables para los negocios, según más de dos docenas de altos ejecutivos y funcionarios gubernamentales que hablaron con Reuters.
Ciudad de México.- No pasa un día sin que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, regañe a las élites empresariales y políticas, a las que culpa de alimentar la pobreza y la corrupción del país.
Pero detrás de escena, el izquierdista ha demostrado durante su primer año en el cargo ser más complaciente con los principales magnates de México de lo que sus palabras a menudo sugieren.
Al reunirse regularmente con López Obrador, los líderes empresariales lo han dirigido hacia políticas más amigables para los negocios, según más de dos docenas de altos ejecutivos y funcionarios gubernamentales que hablaron con Reuters. Además, han instado al presidente a moderar su encendida retórica.
Lo que algunos pesos pesados de los negocios describen como una mejor relación, produjo frutos en agosto, cuando el mandatario retiró una amenaza de romper varios contratos gubernamentales otorgados a empresas privadas para construir y operar ductos de gas natural.
López Obrador dijo que los contribuyentes fueron timados con esos negocios. Pero los jefes corporativos le advirtieron que las cancelaciones espantarían a los inversionistas extranjeros y podrían interrumpir las negociaciones comerciales en curso con Estados Unidos, dijeron ejecutivos y funcionarios.
También le dijeron que la infraestructura ayudaría a entregarle energía barata a su principal prioridad: los más pobres de México.
“Usamos todos las herramientas de convencimiento”, dijo Carlos Salazar, presidente de la principal agrupación del sector privado de México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y uno de los principales mediadores en la disputa de los gasoductos.
Elegido en julio de 2018 como el primer presidente de izquierda de México en más de tres décadas, López Obrador ha prometido transformar el país anteponiendo a los más necesitados y reduciendo la desigualdad.
Firme creyente en el poder reformador del gobierno, se ha comprometido a fortalecer las principales empresas estatales de México, la petrolera Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sus enfrentamientos con instituciones que controlan el poder presidencial, desde los reguladores del mercado hasta la Suprema Corte de Justicia, han perturbado a los inversores. Lo mismo ocurre con su retórica incendiaria: describió el dinero como “el papá o la mamá del Diablo”, y cientos de veces ha criticado la economía de libre mercado “neoliberal” como la fuente de los problemas de México.
Aun así, ha reconocido públicamente que sin capital privado no puede crear empleos, distribuir riqueza y alcanzar su objetivo de crecimiento económico anual del 4%. Desde que comenzó su mandato en diciembre de 2018, la inversión interna se ha hundido y la economía se ha estancado.
El sector privado ha mostrado en público su apoyo por temor a enemistarse con el presidente de 66 años. Pero en privado, muchos importantes ejecutivos aún desconfían de su política económica, dijo Andrés Rozental, consultor comercial y exsubsecretario de Relaciones Exteriores.
“Están muy preocupados por lo que está pasando”, dijo Rozental. “La incertidumbre, la desincentivación de la participación del sector privado en la economía”.
López Obrador dice que su enfoque tomará tiempo para entregar resultados. En respuesta a una pregunta de Reuters, describió su relación con los líderes empresariales de México como “muy buena”, pero dijo que algunas diferencias de opinión eran inevitables.
“Ya cambiaron las políticas y ahora ellos se están adaptando a la nueva política económica”, agregó.
La decepción del aeropuerto. Cinco semanas antes de asumir el cargo, López Obrador sorprendió a los inversionistas al anunciar la cancelación de un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ignorando súplicas del multimillonario Carlos Slim para seguir con la construcción. Slim es propietario de Grupo Carso, uno de los principales contratistas del cancelado proyecto.
López Obrador dijo que el proyecto de US$13.000 millones estaba contaminado por la corrupción; no obstante, los fiscales no han acusado a nadie de irregularidades. La cancelación perjudicó a los mercados financieros mexicanos y enfureció a los principales grupos empresariales. Grupo Carso no quiso hacer comentarios sobre sus críticas al proyecto.
Las preocupaciones volvieron a surgir a fines de junio cuando la empresa estatal de energía eléctrica CFE dijo que renegociaría siete contratos de gasoductos firmados bajo el gobierno anterior, cuyo historial se vio empañado por las acusaciones de corrupción. La CFE dijo que los US$12.000 millones en contratos eran demasiado caros e impusieron condiciones duras a la compañía con problemas de liquidez.
Como uno de los contratistas, Grupo Carso de Slim estaba nuevamente en la línea de fuego. Al igual que la canadiense TC Energy Corp; IEnova, una unidad mexicana de la empresa estadounidense Sempra Energy, y Fermaca, un operador local de gasoductos propiedad de la firma suiza de capital privado Partners Group AG.
El embajador de Canadá se quejó. Legisladores y grupos empresariales estadounidenses advirtieron de que la disputa podría poner en peligro el pacto comercial Estados Unidos-México-Canadá (TMEC) -el sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)- que aún no ha sido aprobado por los legisladores estadounidenses y canadienses.
A medida que las conversaciones entre las empresas de gasoductos y la CFE continuaron, el jefe de CCE Salazar y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, que representa a los principales magnates del país, se reunieron con el presidente para romper el estancamiento.
Utilizando un mapa, le explicaron cómo la nueva infraestructura, incluido un ducto marino de Texas, traería gas asequible al subdesarrollado sur de México, según una persona familiarizada con el asunto. Los dos empresarios confirmaron el uso del mapa.
A fines de agosto, López Obrador anunció que la CFE había llegado a un acuerdo con las compañías que generaría ahorros para los contribuyentes y evitaría una disputa legal desordenada. Agradeció a Salazar, Del Valle y Slim por ayudar a que esto sucediera.
Al describir el acuerdo de los gasoductos como un “parteaguas”, Del Valle dijo que las conversaciones ayudaron a crear un mecanismo para que los líderes empresariales de México aborden asuntos económicos con el gobierno. “Ahora tenemos la oportunidad de participar”, añadió.
Pero otros no lo vieron como un avance, sino un ejemplo de líderes empresariales que salvan al presidente y sus aliados de sus peores instintos.
“No tienen idea de cuán cerca estaban de un desastre nuclear, en términos de mercados financieros, en términos de conversaciones comerciales”, dijo una persona involucrada en las negociaciones de los gasoductos.
López Obrador reconoció públicamente que la disputa corría el riesgo de agriar la confianza de los inversores, pero dijo que los términos previos de los contratos eran “dañinos” para los intereses de México.
Adiós "Fífí". Otro desafío surgió a fines de mayo, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con aplicar aranceles a todos los productos mexicanos si López Obrador no reducía el flujo de inmigrantes que intentan cruzar la frontera de Estados Unidos desde México.
Luego de una semana, el canciller Marcelo Ebrard había alcanzado un acuerdo. Salazar y otros ejecutivos lo acompañaron a Washington y ayudaron a calmar la crisis al trabajar con aliados comerciales de Estados Unidos que habían luchado para defender al TLCAN de Trump en 2018, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Al final, Trump suspendió la amenaza arancelaria después de que México acordó endurecer sus fronteras.
Esa noche, Salazar dijo a los medios locales que había formado parte de un esfuerzo conjunto e instó a las empresas y al gobierno a abordar juntos los problemas de México. López Obrador agradeció públicamente a Salazar por sus esfuerzos.
Tras las reuniones en Estados Unidos, los líderes empresariales presionaron al presidente para que suavizara su lenguaje divisivo, particularmente el uso de la palabra “fifí”, un término despectivo para las élites privilegiadas que algunos encontraron innecesariamente provocativo, dijo a Reuters un alto ejecutivo.
Desde entonces, López Obrador ha dicho públicamente que quiere evitar la palabra y su uso se ha reducido drásticamente. Cuando Reuters le preguntó si el cambio de tono era el resultado de la presión de los jefes corporativos, el presidente lo negó.
“Yo nada más tengo un amo, uno solo”, dijo. “Es el pueblo de México”
