Potenciales conflictos sociales y el rechazo en más de 100 comunidades a la extracción de la riqueza natural del país, es una amenaza latente para la ejecución de inversiones mineras.
Lima. La campaña hacia la elección presidencial de 2011 en Perú, protestas de trabajadores del vital sector minero, potenciales conflictos sociales en zonas ricas en recursos naturales y violencia vinculada al narcotráfico acaparan este año la atención en Perú.
A continuación, los factores que hasta el momento dominan los terrenos político y económico del país sudamericano en 2010:
Carrera hacia los comicios de 2011. La contienda hacia la elección de 2011 estará marcada este año por los comicios regionales y municipales de octubre -que servirán como un barómetro para los partidos políticos- y por el lanzamiento de los candidatos que disputarán la presidencia.
La hija del ex presidente Alberto Fujimori, la legisladora conservadora Keiko Fujimori, lidera las intenciones de voto seguida muy de cerca por el alcalde capitalino, Luis Castañeda.
El tercer puesto lo ocupa el ex presidente Alejandro Toledo, quien ha estado subiendo en las encuestas.
Lo sucede la cara más visible de la oposición, el nacionalista Ollanta Humala, quien inquietó a los inversores cuando casi gana los comicios de 2006 amenazando con dar un giro en la política de apertura económica que ha impulsado al país.
Sin embargo, en una reciente entrevista con Reuters, Humala descartó que un eventual Gobierno suyo sería "extremista".
El presidente Alan García no puede postular a la próxima elección y su partido, el APRA, aún no define cuál será su candidato.
Potenciales conflictos sociales e inversiones. Trabajadores de la industria minera de Perú, uno de los motores de la economía local, han lanzado varias huelgas este año en demanda de mejoras laborales y hasta amenazaron con realizar un paro nacional para presionar por la aprobación de una ley que le daría más beneficios.
También han denunciado que las empresas mineras reportaron en años recientes ganancias menores a las reales.
Asimismo, el rechazo en más de 100 comunidades a la extracción de la riqueza natural del país -en medio de temores a daños ambientales y reclamos de mayores beneficios- es una amenaza latente para la ejecución de inversiones mineras.
Pobladores ya lograron postergar un plan de unos US$1.000 millones de la importante cuprífera local Southern Copper, por temores a que afecte los suministros hídricos de la zona.
Disputas relacionadas con el rico sector de los recursos naturales también podrían derivar nuevamente en violencia.
En abril, seis personas murieron cuando miles de mineros artesanales se atrincheraron en una carretera del sur peruano reclamando la derogatoria de varias leyes que afirmaron afectaba su "único sustento de vida".
Los pueblos indígenas también esperan la promulgación de la llamada ley de consulta, que fue aprobada recientemente por el Congreso pero observada por el presidente García.
Perú es un importante productor de metales y el presidente García impulsa una cruzada para atraer inversiones extranjeras con el fin de convertir a la nación en una exportadora neta de energía.
Remanentes de la guerrilla. Una escalada de violencia en la zona selvática del país donde operan los remanentes de la guerrilla de Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico amenaza con convertirse en un problema de seguridad para Perú, según analistas.
En el último año, los rebeldes concentrados en la región del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) -el mayor cinturón cocalero del planeta- han matado a por lo menos 40 soldados y policías pobremente equipados y hasta derribado helicópteros.
Según un reciente informe de Naciones Unidas, Perú superó a la vecina Colombia como el mayor productor mundial de coca.
Más enfrentamientos entre los remanentes guerrilleros y las autoridades podrían golpear la alicaída popularidad del presidente García y elevar la presión por un cambio en la estrategia con la que el Ejército y la policía los combaten.
Reformas constitucionales
El presidente García busca la aprobación de dos reformas constitucionales que argumenta mejorarán la democracia: la renovación parcial del Congreso cada dos años y medio y la instauración del voto voluntario.
"No me voy del Gobierno sin que eso sea una realidad constitucional", ha dicho García.
Si bien gran parte del electorado las apoya, sus críticos argumentan que, en el caso del voto facultativo, el fin es favorecer al partido oficialista y golpear a opositores como Ollanta Humala.
Analistas y potenciales candidatos presidenciales afirman que con el voto voluntario los peruanos pobres que viven en zonas remotas, donde los opositores tienen un mayor colchón electoral, no acudirían a sufragar, al no tener que afrontar la multa que rige actualmente.
