El mandatario Sebastián Piñera citó a los principales partidos políticos a una reunión en La Moneda en un intento por buscar soluciones a la crisis, pero las agrupaciones de izquierda rechazaron asistir al encuentro.
Santiago. Las protestas en Chile se reanudaron este martes pese a algunos intentos de recuperar la normalidad en la capital y otras ciudades, mientras el presidente Sebastián Piñera luchaba por convocar apoyos para frenar las manifestaciones, que han dejado 15 muertos y cuantiosos daños.
El mandatario de centroderecha citó a los principales partidos políticos del país a una reunión en La Moneda en un intento por buscar soluciones a la crisis, pero las agrupaciones de izquierda opositora como el Partido Socialista, Comunista y el bloque Frente Amplio rechazaron asistir al encuentro.
El Gobierno "aún piensa que estamos frente a una crisis relacionada con el orden público y no con una demanda social acumulada por años de abuso a las chilenas y chilenos", dijo en un comunicado el Partido Socialista, que fue clave en la lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet y pilar de los cinco gobiernos de centroizquierda en democracia.
Agregó que la convocatoria del Gobierno no fue suficientemente amplia para incluir a todos los movimientos políticos y sociales, y criticó el uso de las fuerzas militares para reprimir a los manifestantes.
La ministra portavoz del Gobierno, Cecilia Pérez, calificó de "lamentable" la ausencia de algunos partidos de oposición en la reunión con Piñera y dijo que esperaba que pudieran reconsiderar su posición para buscar una salida al estallido social que se generó en un alza del transporte.
Durante la mañana, estudiantes voluntarios ayudaron a recoger escombros en el centro de Santiago tras las manifestaciones recientes, que usualmente comienzan como actividades pacíficas pero han derivado en desmanes y saqueos propiciados por encapuchados.
Pasado el mediodía, grupos de manifestantes empezaron a congregarse en varios puntos de Santiago y otras ciudades del país para reiterar sus reclamos. Las mayores sindicales convocaron además a una huelga general el miércoles y jueves.
Miles de detenidos. El subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que la Fiscalía investiga las muertes de personas baleadas y que hay casi dos centenares de heridos entre civiles y uniformados, además de más de 2.600 detenidos.
Por otra parte, los trabajadores de Escondida, la mayor mina de cobre del mundo y controlada por BHP, iniciaron una breve paralización de advertencia en apoyo a las protestas, dijo a Reuters el jefe del gremio, Patricio Tapia.
Las protestas se iniciaron hace poco más dos semanas con convocatorias de estudiantes a través de redes sociales para evadir el pago del pasaje del metro, el más moderno de América Latina. Sin embargo, luego se sumaron demandas de larga data sobre pensiones insuficientes o acceso a salud y educación pública de calidad, entre muchas otras.
Los saqueos masivos y la destrucción de mobiliario urbano llevaron a las autoridades a declarar estado de emergencia y toque de queda en la capital para controlar el orden público, una medida no vista en Chile desde el fin de la dictadura.
Los mercados locales, tanto bursátil como cambiario, acortaron sus jornadas de operaciones debido a la tensa situación, mientras otras empresas mantuvieron medidas de flexibilizaron o recorte de sus jornadas.
Ante una serie de videos divulgados en redes sociales denunciando abusos por parte de las fuerzas militares, el general designado para la seguridad de la capital, Javier Iturriaga, dijo que cooperarán en esclarecer las posibles faltas.
Amnistía Internacional dijo que está siguiendo de cerca la actuación de las autoridades tras la aplicación del estado de emergencia y pidió investigar las denuncias de abuso de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos.
El estallido social ocurre semanas antes de que Chile sea sede de la cumbre de líderes de Asia-Pacífico (APEC), antes de acoger la cumbre sobre cambio climático de la ONU COP25 en diciembre.
