Al cumplirse cinco años del caso, el fiscal Omar Gómez informó que a partir de la próxima semana comenzarán a ser llamados a declarar varios exfuncionarios que participaron en las primeras pesquisas, entre ellos, el entonces procurador general Jesús Murillo Karam.
Ciudad de México. El gobierno de México realizará nuevas búsquedas para dar con el paradero de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en 2014, como parte de un relanzamiento de las investigaciones del caso que evidenció serias fallas en el sistema de justicia mexicana, dijo este jueves el fiscal a cargo.
Al cumplirse cinco años del caso, el fiscal Omar Gómez informó que a partir de la próxima semana comenzarán a ser llamados a declarar varios exfuncionarios que participaron en las primeras pesquisas, entre ellos, el entonces procurador general Jesús Murillo Karam.
"Empezaremos a citar a todas aquellas personas, funcionarios públicos, que en ese entonces tenían un cargo a rendir sus declaraciones ministeriales", dijo el fiscal especial para el llamado caso Ayotzinapa.
Gómez, quien participó en la tradicional conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, también afirmó que podrían volver a prisión decenas de personas ligadas al caso que fueron liberadas.
El funcionario informó que actualmente las autoridades llevan a cabo un operativo de búsqueda en el vertedero del poblado Tepecoacuilco, a pocos kilómetros de la ciudad Iguala, en el estado Guerrero, donde fueron secuestrados los estudiantes.
"Se están retomando todas y cada una de las líneas de investigación", dijo Gómez, quien al igual que López Obrador, vestía una camiseta alusiva a la desaparición de los estudiantes, un caso que cimbró al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En una entrevista con Reuters, Ángela Buitrago, consultora para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que la investigación debe profundizar tanto el papel que jugaron militares, así como en los exfuncionarios que hubieran manipulado información.
El caso, que evidenció el grado de colusión de las bandas del crimen organizado con algunas autoridades, se ha vuelto crucial para el gobierno de López Obrador, quien busca demostrar su compromiso con la justicia y el combate a la impunidad.
