De acuerdo con el plan, América Móvil, AT&T Inc y otros operadores se encargarían de recopilar los datos de los clientes, incluidas las huellas dactilares o la biometría ocular, para enviarlos a un registro gestionado por el regulador de telecomunicaciones de México.

Ciudad de México. Un plan de legisladores mexicanos para incluir datos de millones de usuarios de teléfonos móviles en un registro biométrico, presentado como herramienta para combatir el secuestro y la extorsión, ha provocado reacciones de empresas y grupos de derechos que advierten que podría llevar al robo de datos.

La reforma, que ya ha sido aprobada en la Cámara baja, está en consonancia con la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de luchar contra la delincuencia utilizando métodos de inteligencia en lugar de la fuerza, pero críticos afirman que pone de manifiesto las trampas de los gobiernos que pretenden recopilar más datos de los ciudadanos con fines policiales.

La iniciativa está programada para ser discutida en el actual periodo de sesiones en el Senado, donde el partido gobernante Morena y sus aliados tienen mayoría. De acuerdo con el plan, América Móvil, AT&T Inc y otros operadores se encargarían de recopilar los datos de los clientes, incluidas las huellas dactilares o la biometría ocular, para enviarlos a un registro gestionado por el regulador de telecomunicaciones de México.

Pero un grupo de telecomunicaciones que tiene entre sus miembros a algunas de las principales empresas, advirtió en una carta abierta que la reforma podría elevar el robo de teléfonos, ya que los delincuentes buscarían eludir el registro robando aparatos y podría poner en riesgo la seguridad de los clientes si los datos personales son mal utilizados.

América Móvil, propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim, AT&T y Telefónica declinaron hacer comentarios. La Asociación de Internet de México, que incluye a la compañía de telefonía móvil Telcel, de Slim, como socio, dijo que el registro costaría a la industria cientos de millones de dólares, podría poner en riesgo empleos y violaría derechos humanos al comprometer la protección de datos personales.

Grupos de derechos describen el plan como no mejor que un registro similar, que no incluía datos biométricos, que México desmanteló en 2012 después de que se descubriera que las llamadas de extorsión, muchas desde el interior de prisiones, aumentaron un 40% después de que los datos se filtraran en el mercado negro.

La nueva reforma podría hacer que las personas sean explotadas por criminales y potencialmente sean condenadas erróneamente por delitos, según Irene Levy, presidenta de la organización mexicana de vigilancia de las telecomunicaciones Observatel.

"El Chapo Guzmán no va a ir a decir: 'Este es mi número y yo soy El Chapo Guzmán'", dijo Levy, refiriéndose al capo del Cártel de Sinaloa que está preso en Estados Unidos.

"Los delincuentes lo que hacen es pedirle a alguien que vaya y compre ciertas líneas telefónicas (...) y cuando haya algún delito cometido con estos números, este chico o chica que tomó el dinero por necesidad y registró sin saber las consecuencias, irá a la cárcel", añadió.

Dado el fuerte apoyo al gobierno en el Congreso, el proyecto de ley tiene muchas posibilidades de ser aprobado, dijo Jorge Bravo, profesor de ciencias políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, es posible que se replantee si aumenta la preocupación de la opinión pública antes de las elecciones intermedias de junio.

Llamadas de extorsión. Sin embargo, María de los Ángeles Huerta, legisladora de Morena, dijo que el registro es necesario para ayudar a combatir el secuestro en México, que tiene el mayor grado de incidencia en América y el tercero más alto a nivel mundial, según la consultora internacional Control Risks.

Se sabe que los delincuentes utilizan hasta 17 teléfonos de prepago para llevar a cabo un secuestro, lo que hace casi imposible que la policía los localice, dijo Huerta.

Los simpatizantes de la reforma argumentan que hay muy poco control de las más de 120 millones de líneas móviles en el país, el 83% de las cuales utilizan tarjetas SIM de prepago disponibles en las tiendas de la esquina.

Tal como están las cosas ahora, se puede "comprar una tarjeta y ponérsela a tu teléfono, hacer una llamada de extorsión y luego tirar el teléfono a la basura", dijo Huerta.

El registro dificultaría el anonimato de los usuarios de móviles al exigir una prueba de identificación junto con datos biométricos difíciles de falsificar a cualquiera que abra una nueva línea. Esa información estaría a disposición de las fuerzas del orden que la soliciten.

Huerta lo calificó como una herramienta necesaria en la lucha contra la extorsión en México.

"Un dato biométrico no es tan falseable (...) si eres un delincuente horrendo, puedes decirle a tu mamá que se ponga, pero por lo menos vas a encontrar a la mamá del delincuente, ¿no?".

El nuevo registro obligaría a instalar equipos biométricos, ya sea para capturar huellas dactilares o escáneres de iris, en cualquier lugar donde se vendan líneas de móvil.

Aunque 155 países de todo el mundo mantienen registros de usuarios de teléfonos móviles, la recolección de datos biométricos en México iría más allá que la mayoría.

Sólo un 8% de los países con registros exigen también datos biométricos, principalmente a los usuarios de tarjetas SIM de prepago, según el grupo global de la industria de telecomunicaciones GSMA.

El registro de México recogería los datos biométricos de todos los usuarios de teléfonos móviles del país, incluidos los clientes de pospago, a los que normalmente se considera como improbables delincuentes.

Muchos de los países que conservan datos biométricos tienen un historial cuestionable en materia de derechos humanos, como China, Arabia Saudita y Pakistán. Ningún país occidental recoge datos biométricos de los usuarios de teléfonos móviles.

Aun así, México podría servir de modelo para otros países de la región, incluido Chile, donde se está estudiando el registro de las SIM, según expertos.

La reforma supone un cambio radical para las empresas de telecomunicaciones al hacerlas responsables del costo de la recopilación de datos y su posterior envío al registro.

Otros dicen que el registro obstruirá el acceso a los móviles para los indígenas que pueden carecer de formas oficiales de identificación.

Perú introdujo la recolección de huellas dactilares en 2016 para un registro gestionado por el regulador, pero dio lugar a complicaciones en las zonas rurales donde la penetración de la telefonía móvil ya era un reto.

Si los usuarios no entregan los datos, los operadores de telefonía móvil tendrán que cortar sus líneas, aislando aún más a las personas que dependen de sus teléfonos para acceder a internet, dijo Elena Estavillo, excomisionada del IFT, el regulador de las telecomunicaciones en México.

"Me parece que lo debemos destacar como algo muy preocupante porque puede ser una circunstancia que desaliente o para algunas personas los imposibilite para tener acceso a estos servicios, que es un derecho fundamental", destacó.