La economía mexicana ha crecido muy poco desde 1993 a la fecha y esto contrasta notablemente con los esfuerzos emprendidos para fomentar la libertad económica. Una mirada rápida a las causas del problema conduciría a afirmar que las reformas de libre mercado están detrás del pobre desempeño económico, lo que da pie a los agoreros de la elevada intervención estatal para sugerir que se debe fortalecer un nuevo Estado de bienestar social y económico.

Un análisis más detallado permite concluir que las reformas hacia una mayor libertad no son en realidad las responsables del fracaso, al contrario sin ellas la debacle sería mayor. De hecho el problema es que no se han profundizado modificaciones clave en rubros como derechos de propiedad, competencia (ahora se ha mejorado un poco este aspecto con la recién aprobada Ley Federal de Competencia Económica), respeto al Estado de derecho, mercados de crédito y combate a la corrupción.

Durante más de medio siglo el Estado mexicano promovió prácticas que se encontraban fuera de la ley, se fortaleció la simulación y el aparente cumplimiento de las normas y reglas. De hecho la regla era la corrupción. No se necesita ser economista para entender que la corrupción es una de las causas principales del atraso en el país, buena parte de la ciudadanía así lo entiende y forma parte del problema. Eliminar la cultura de la corrupción no es una tarea sencilla, ya que una vez iniciada se convierte en práctica común, incluso se le llega a ver como algo “normal”.

La corrupción se traduce en un menor crecimiento económico a través de varios canales, uno de los más importantes tiene que ver con la reducción de la inversión privada. Ante la presencia de corrupción, los hombres de negocios aceptan que se necesita realizar un soborno antes de iniciar un negocio y que incluso se corre el riesgo de que se tengan que hacer varios más durante el proceso de operación. Los empresarios interpretan la corrupción como una especie de impuesto, lo que termina reduciendo su inclinación a invertir.

En materia de infraestructura física, un tema que es vital en países en desarrollo, la corrupción conduce a la asignación de contratos públicos a empresarios que ofrecen las menores condiciones de calidad. Lo que redunda en obras que en poco tiempo dejan de ser útiles, lo anterior hace que la productividad se contraiga y por esta vía se presente un menor crecimiento económico.

Cuando la corrupción toma la forma de evasión de impuestos o la solicitud de una exención inadecuada de impuestos, la corrupción se traduce en una pérdida de ingresos fiscales. Al reducirse los ingresos fiscales o incrementarse los gastos públicos innecesarios, la corrupción conduce a desequilibrios públicos presupuestarios que tienen que ser financiados con un mayor endeudamiento o bien con impresión de circulante causante de procesos inflacionarios.

Por otra parte, cuando la búsqueda de rentas prueba ser más lucrativa que el trabajo productivo, el talento termina siendo mal asignado. Los incentivos financieros pueden atraer a los más talentosos y mejor educados a engancharse en comportamientos de búsqueda de rentas más que en actividades productivas, con el consecuente efecto negativo sobre el crecimiento económico del país.

Finalmente, la corrupción puede distorsionar la composición del gasto gubernamental. La corrupción puede tentar a los funcionarios públicos a elegir proyectos de gasto sobre la base de las posibilidades de obtener sobornos exorbitantes y no en función del bienestar público. Los grandes proyectos, cuyo valor exacto es difícil de monitorear, pueden presentar oportunidades muy lucrativas de corrupción. Es mucho más fácil obtener sobornos en grandes proyectos de infraestructura que en el gasto en libros de texto o mejores salarios para los profesores universitarios.

Aclarado lo anterior, hace unos días Transparencia Mexicana presentó el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, el cual mide la corrupción que afecta a los hogares y registra la corrupción en los servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno y por empresas particulares. Entre los principales resultados están: (1) en 2010 se identificaron 200 millones de actos de corrupción, mientras que en 2007 fueron 197 millones de actos; (2) en 2010 una “mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de $165 pesos (USD $14), en el 2007 el promedio fue de $138 pesos (USD $12); (3) en 2010 para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos por Transparencia Mexicana se destinaron más de 32.000 millones de pesos (USD $2.742 millones) en “mordidas”, en 2007 este costo fue de 27 mil millones de pesos (USD $2.314 millones); (4) en promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a actos corruptos; (5) para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, este impuesto regresivo representó 33% de su renta; (6) la frecuencia de corrupción a nivel nacional se incrementó tres décimas y pasó de 10,0 en 2007 a 10,3 en 2010; (7) regionalmente 16 entidades redujeron su frecuencia de corrupción respecto a 2007, mientras que en las otras 16 el índice se mantuvo sin cambio o se incrementó; y (8) de los 35 trámites evaluados en la muestra, 14 redujeron sus niveles de corrupción, pero en 21 se empeoraron los niveles de corrupción.

En suma, México ha pesar de los avances en materia de combate a la corrupción no ha podido con ella, las bases que se sentaron durante el modelo de desarrollo económico previo al inicio de la revolución económica de libre mercado se encuentran sumamente arraigadas, así lo demuestran las cifras. La corrupción, sin ser el único factor, es el cáncer que está deteniendo el progreso económico, México sigue siendo un país corrupto.

Por cierto, aunque no lo desarrollo aquí, no quiero dejar la imagen de que todo lo hecho en la época reciente está bien hecho y que toda la culpa es del pasado, en realidad todos somos parte del problema, los que estuvieron antes y los que están ahora. Y resalto algo que ya antes había mencionado en otros artículos, el desarrollo de México, como el de otras naciones emergentes implica de una sociedad civil libremente organizada.

En relación al tema desarrollado en esta ocasión, término afirmando que la reducción de la corrupción no será el resultado de una acción gubernamental, para que se presente tiene que ser concebida individualmente por cada sujeto. Mientras esto no suceda México seguirá siendo corrupto.

*Esta columna fue publicada originalmente en el centro de estudios públicos ElCato.org.