Los padres de las víctimas, su representante legal y el presidente Andrés Manuel López Obrador acordaron, en una reunión privada, nuevos mecanismos para evitar que más implicados en el caso salgan de prisión, como ha ocurrido en los últimos días.
Ciudad de México. Autoridades mexicanas volverán a investigar la desaparición de 43 estudiantes en el sureste de México en 2014, incluyendo exfuncionarios de alto rango, luego de reconocer que las pesquisas realizadas por años estuvieron plagadas de irregularidades, dijo el fiscal a cargo.
Los padres de las víctimas, su representante legal y el presidente Andrés Manuel López Obrador acordaron, en una reunión privada, nuevos mecanismos para evitar que más implicados en el caso salgan de prisión, como ha ocurrido en los últimos días.
"Nosotros vamos a empezar de nuevo", dijo Omar Gómez, fiscal especial para el caso Ayotzinapa. "Desde una base sólida, en donde quitemos todas estas irregularidades y delitos que se cometieron", agregó el funcionario encargado de investigar la desaparición.
Familiares y abogados de los estudiantes desaparecidos alertaron a principios de septiembre que, tras la liberación de uno de los principales señalados en el caso, se podría abrir la puerta a que más involucrados salgan de prisión. Días después 24 policías fueron excarcelados.
"La Fiscalía le anunció a las familias que presentará nuevas acusaciones en los casos de personas que podrían recuperar su libertad (...) y que se investigará a servidores públicos que obstaculizaron la investigación, incluyendo altos funcionarios", explicó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, que lleva la representación legal del caso.
En septiembre de 2014, más de 100 estudiantes de una escuela normal rural de Ayotzinapa -a unos 220 kilómetros al sur de Ciudad de México, en el sureño estado Guerrero- que viajaban en varios autobuses fueron atacados por policías coludidos con criminales. Cuarenta y tres de ellos desaparecieron y sólo se encontraron supuestos restos de uno.
Organizaciones internacionales como la ONU han cuestionado la forma en que la fiscalía mexicana llevó a cabo las investigaciones, con fuertes señalamientos de tortura a presuntos implicados, destrucción de evidencias y encubrimiento a instituciones posiblemente involucradas.
"Lamentablemente han pasado cinco años de alimentar mentiras, preferimos prácticamente iniciar de cero porque en un principio todo se hizo mal", se lamentó Felipe de la Cruz, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.
