La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), organismo dependiente de la OEA, tendrá la potestad de seleccionar y certificar a los fiscales que integren la nueva fuerza de investigación de casos emblemáticos.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de Estados Americanos (OEA), tendrá jurisdicción para investigar y desarticular “redes de corrupción” y para ello se le conceden importantes facultades de operatividad.

Las atribuciones de la Maccih constan en un borrador del acuerdo entre Honduras y la OEA para el establecimiento de esa entidad, que incluye al menos 13 objetivos para lograr una reforma al sistema de justicia.

En el objetivo o componente de “prevención y combate a la corrupción y reforma de la justicia penal” se establece que la Maccih deberá asesorar técnicamente y evaluar y “colaborar activamente” con fiscales, investigadores y forenses del Ministerio Público (MP) para recabar información e “investigar y perseguir casos de corrupción que involucren redes de corrupción”.

Esta potestad investigativa de la Maccih es similar a la que se le concedió a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Para indagar los casos emblemáticos de corrupción, el Ministerio Público nombrará fiscales exclusivos que serán seleccionados y certificados por la Maccih.

Estos fiscales serán capacitados para mejorar sus conocimientos de la materia en la preparación de requerimientos fiscales y argumentación de los mismos en las distintas etapas de un juicio.

De igual manera recibirán instrucción en procedimientos de recuperación de bienes provenientes de casos de corrupción.

El Heraldo anunció en exclusiva que la Maccih contaría con una unidad especial de investigación de corrupción y que para garantizar esa misión el Ministerio Público crearía una fiscalía especial de apoyo a ese ente.

Otro cometido de la Maccih será el de crear un sistema certificado de recepción de denuncias por medio de instituciones del gobierno.

También asesorará a instituciones como Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República, Inspectoría de Tribunales, Comisión Nacional de Bancos y Seguros y otras dependencias encargadas de combatir la corrupción.

El fiscal general del MP, Óscar Fernando Chinchilla, dijo esta semana en una entrevista con El Heraldo que las acciones de la Maccih no representan una injerencia con la labor de ese ente acusador.

Y, en efecto, la facultad exclusiva de presentar requerimientos fiscales de casos que investigue la Maccih con fiscales hondureños seguirá siendo del Ministerio Público.

Según fuentes, existía resistencia del gobierno en aceptar que se creara un ente que se dedicara exclusivamente a investigar casos puntuales, pero los países cooperantes presionaron y la sociedad civil hondureña exigió este punto.

Combate al soborno. En el capítulo referente a reformas y asesorías anticorrupción, la Maccih propondrá cambios en leyes para atacar la corrupción en el sector privado para prevenir el soborno y el peculado.

En ese mismo orden de ideas, la Maccih identificará los “aspectos problemáticos” que dificultan la aplicación de sanciones administrativas y penales contra la corrupción en empresas o corporaciones.

También se fortalecerán instituciones nacionales que trabajan en la lucha contra la corrupción como el Consejo Nacional Anticorrupción.

Para las acciones que realice la Maccih se tomará en cuenta las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción.

La firma de la Maccih estaba prevista para el 16 de enero, pero la fecha se habría pospuesto hasta finales de este mes y este ente tendría una duración de al menos cuatro años.

Países cooperantes financiarán el funcionamiento de la Maccih con un presupuesto de unos seis millones de dólares.

La Maccih fue propuesta por la OEA el 28 de septiembre de 2015 como resultado de un proceso de diálogo nacional promovido por el gobierno para reformar el sistema de justicia.

El gobierno convocó a este diálogo presionado por sectores de la oposición, que exigían la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras para que investigara casos de corrupción al interior del Poder Ejecutivo.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, entregó al presidente Juan Orlando Hernández la propuesta de la Maccih en la sede de ese organismo en Washington.

Esta institución contemplaba cinco ejes en su primera proposición, pero al final se ampliaron a 13 en el documento consensuado en diciembre de 2015.

Estructura de la Maccih. La Maccih estará dirigida por un vocero designado por el secretario general de la OEA y será el representante de la misión ante el gobierno hondureño.

El gobierno hondureño deberá de dar su visto bueno al nombramiento del vocero.

Este funcionario deberá de tener un alto nivel de competencia relacionadas a las labores de la Maccih, con énfasis en derechos humanos, derecho penal y derecho internacional.

También tendrá que certificar que posee experiencia en la lucha contra la corrupción e impunidad.

La misión incluirá funcionarios internacionales o nacionales, así como contratistas y otro tipo de personal especializado.

A los integrantes de la Maccih se les dará protección especial