Los integrantes de la oposición argumentan su postura con el informe del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), el cual muestra que los Derechos Humanos se vulneraron en Bolivia desde el 1 de septiembre hasta diciembre de 2019, período que comprende los mandatos de Evo Morales y Jeanine Áñez.

Los partidos opositores de Bolivia Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos mostraron su inclinación a aprobar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez en la Asamblea Legislativa de Bolivia si se incluye también a Evo Morales.

Los opositores argumentan que el informe del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) muestra que los Derechos Humanos se vulneraron en Bolivia desde el 1 de septiembre hasta diciembre de 2019, un período que comprende los mandatos de Morales y de Áñez.

"El juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez tiene que venir acompañado del juicio de responsabilidades a Evo Morales, porque el informe del GIEI es claro: los dos han cometido violaciones a los Derechos Humanos", apuntó el diputado de Creemos Walthy Egüez, de Creemos, y agregó que "se quiere justicia, pero justicia para todos".

Egüez criticó que el partido de Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS) acuse a la oposición de buscar "impunidad" por la crisis política de 2019, derivada de las elecciones de octubre, y señaló que es el oficialismo el que "no quiere justicia para todos", según ha recogido el diario local 'Página Siete'.

CC se expresa en la misma línea. "En el informe del GIEI se han investigado los conflictos de septiembre a diciembre de 2019. En septiembre y octubre, Áñez no era presidenta, era Evo Morales, y ese grupo de expertos también involucra a Evo Morales en los hechos de vulneración de Derechos Humanos y él debe tener juicio de responsabilidades", comentó el diputado Ronald Huanca.

Por su parte, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, presentó el 20 de agosto ante el Tribunal Supremo de Justicia una proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades contra Áñez por genocidio por lo sucedido en Sacaba y Senkata en el marco de las protestas postelectorales de 2019. Murieron una veintena de personas.

No obstante, la Fiscalía no ha emitido ningún pronunciamiento sobre los otros casos que supuestamente involucran a afines al MAS. En concreto, el GIEI recomendó reabrir al menos diez casos de la crisis de 2019 cerrados por la Justicia boliviana.

En este contexto, el MAS ha reiterado que no "negociará" el juicio de responsabilidades contra Áñez. "La justicia no se puede negociar", declaró hace unos días el diputado del MAS Juanito Angulo, antes de señalar que "la Asamblea Legislativa tiene la obligación de asumir y responder por las víctimas".

El diputado Renán Cabezas advirtió que si los legisladores no aprueban el juicio contra la exmandataria, que está en prisión preventiva acusada también de conspiración, terrorismo y sedición por su rol en el marco de la crisis de 2019, "están a favor de la injusticia, están encubriendo los delitos de lesa humanidad".