El mandatario chileno y su exministro de Interior están acusados como responsables políticos de los abusos cometidos por fuerzas policiales y militares durante el estallido social que se inició el 18 de octubre, y que aún continúa con protestas callejeras menos masivas y algunos focos de violencia.

Santiago.- El gobierno de Sebastián Piñera enfrentará una dura prueba a partir del martes cuando en el Senado chileno comience el debate sobre una acusación contra su exministro del Interior, lo que permitirá medir la temperatura antes de que diputados decidan si abren un juicio político contra el presidente.

Ambos están acusados como responsables políticos de los abusos cometidos por fuerzas policiales y militares durante el estallido social que se inició el 18 de octubre, y que aún continúa con protestas callejeras menos masivas y algunos focos de violencia.

La acusación contra el exministro Andrés Chadwick -además primo del presidente- recibió luz verde a fines de noviembre en la Cámara de Diputados y, tras un debate, será sometida a votación el miércoles en el Senado, un día antes de que los diputados revisen la acusación contra Piñera.

La ola de movilizaciones, la mayor desde el retorno a la democracia hace casi 30 años, dejó al menos 26 muertos hasta ahora, miles de heridos y detenidos. Dos personas quedaron ciegas y cientos han sufrido traumas oculares por impacto de balines o bombas lacrimógenas por parte de la policía.

"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso", dijo Piñera en los primeros días del estallido social, cuando ya regía un estado de emergencia en gran parte del país y los militares habían ordenado toque de queda en Santiago y varias otras ciudades.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusaron un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, sobre todo de Carabineros, la policía militarizada.

El propio gobierno ha reconocido abusos y se ha comprometido a promover una reforma de la policía que, dice, se ha visto sobrepasada por la magnitud de las protestas.

En la defensa de Piñera, enviada hace unos días al Congreso por su abogado Juan Domingo Acosta, se señala que "la Acusación no cumple con el mínimo estándar requerido para proceder a la destitución" del presidente porque, entre otras razones, hace imputaciones genéricas y no explica "cómo se configura la respectiva causal y la relación de causalidad entre el ilícito constitucional y la actuación directa del acusado".

La acusación contra un presidente requiere de mayoría simple de los diputados en ejercicio para que avance al Senado, donde se necesita la aprobación de dos tercios de los senadores en ejercicio. En caso de ser aprobada por el Senado, Piñera sería destituido y quedaría impedido de desempeñar funciones públicas por cinco años.

"Esto permite hacer una evaluación del desempeño del presidente de la Republica en esta crisis, pero la misma Constitución establece un cuórum muy alto para aprobar una acusación constitucional porque pone al país en una situación muy compleja", dijo a Reuters Francisco Soto, académico del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile.

"Lo jurídico tiene que ver con cómo se fundamenta, cómo se argumenta y cómo a través del Derecho es capaz de seducir a una mayoría parlamentaria. Es un equilibrio entre esas dos dimensiones", añadió el abogado.

La iniciativa contra Piñera fue presentada a mediados de noviembre por diputados del bloque izquierdista Frente Amplio, del Partido Comunista, Socialista y el centroizquierdista PPD, que no tienen mayoría en el Senado como para aprobarla, a diferencia de lo que podría ocurrir con Chadwick.

"Es como sacrificar al alfil para salvar al rey", dijo el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellier, en un reciente encuentro con corresponsales extranjeros. "Esto es un juicio político, no es un juicio en un juzgado, sino de sus responsabilidades como presidente", añadió.

La última vez que se presentó una acusación constitucional contra un presidente en ejercicio en Chile fue en 1956, contra el general Carlos Ibáñez del Campo, y no prosperó.