En pocos días, Chile se convirtió en un lugar fuera de control donde el Gobierno se vio forzado a recurrir a los militares para imponer orden. ¿Qué pasó? ¿Qué desató la crisis más grave desde el retorno a la democracia?
Santiago. A poco menos de un mes de la cumbre de la APEC de Santiago, a la que ya confirmaron asistencia líderes como Xi Jinping y Vladimir Putin, la situación política y social de Chile está lejos de ser tranquila.
Desde que el lunes 14 de octubre comenzaran las primeras evasiones en el pago del boleto del Metro debido a un alza en el precio de los pasajes, los acontecimientos se han desarrollado a una velocidad vertiginosa.
Del descontento se pasó a los cacerolazos, a la destrucción de estaciones del ferrocarril metropolitano y a la quema de buses, supermercados y otros edificios en la capital, fenómeno que se extendió pronto al resto del país.
El Gobierno de Sebastián Piñera reaccionó calificando el descontento como obra de delincuentes e invocó el estado de excepción, que luego se convirtió en toque de queda, medidas que no se veían desde el retorno a la democracia, salvo en casos de catástrofes naturales.
Esto solo ha empeorado la situación, y los desmanes no han disminuido de intensidad. El Metro está cerrado en Santiago y Valparaíso, circula poca locomoción colectiva, los supermercados no abrirán hasta nuevo aviso e incluso en algunas zonas se han suspendido las clases. Los desmanes vividos tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 son el único antecedente que se puede encontrar en el último cuarto de siglo si se buscan ejemplos de este tipo de desórdenes.
"El Gobierno, en vez de empatizar, basa su respuesta en ‘mano dura', lo que niega el sufrimiento y la justa demanda de las personas”, dice a DW Jorge Saavedra, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge.
Para el especialista, este problema se arrastra desde hace tiempo y ha sido, en parte, responsable del malestar ciudadano. "Las declaraciones de ministros menospreciando a la gente y su sufrimiento, por ejemplo, al decirle que esperar por largas horas en la salud pública es una oportunidad de hacer vida social, son una muestra de desdén de un Gobierno que no tiene las competencias comunicacionales para empatizar con quien lo está pasando mal”.
Una sociedad abusada. ¿Cómo entender la explosión de malestar en un país que muestra cifras macroeconómicas sanas y que suele ser visto como un lugar tranquilo? El mismo presidente Piñera dijo hace una semana que Chile era "un oasis” en América Latina.
"No es sabio escupir al cielo, sobre todo cuando hay fracturas sociales subterráneas que no se han procesado correctamente”, afirma el analista político Cristóbal Bellolio, doctor en Filosofía Política del University College de Londres. Esas fracturas tienen que ver con una calidad de vida que suele estar por sobre las posibilidades de la gente. "Los chilenos estamos pagando servicios que son más caros que lo que nuestros bolsillos nos permiten pagar”, explica.
"Si se rasca la imagen de Chile queda en evidencia una enorme injusticia social, cultural, económica y política. La buena imagen se sostenía sobre pilares débiles que se apoyaban, en gran medida, en la paciencia de un pueblo abusado que se cansó”, opina Saavedra.
El alza del precio del boleto del Metro es solo la chispa que incendió la pradera, en un país donde los servicios básicos están privatizados, la seguridad social es precaria y los privilegios de algunos sectores han hartado a un amplio sector de la población que se siente desplazado.
"Lo que partió contra el alza del pasaje llegó a tener su mayor articulación discursiva cuando se planteó como un hastío general contra el alza sistemática del costo de vida”, dice Bellolio, quien piensa que las exigencias de la ciudadanía pueden verse afectadas por el vandalismo.
"Los movimientos sociales consiguen que sus demandas sean procesadas por las autoridades en la medida que gozan de simpatía pública. Y si quemas las estaciones del Metro, si incendias los supermercados que son la fuente laboral de quienes viven a su alrededor, la gente se hastía de la protesta”.
Las autoridades no tienen claridad sobre quiénes se encuentran tras los actos de destrucción. Se sospecha de grupos anarquistas o sectores marginados de la sociedad, aunque hay violentistas o delincuentes que aprovechan estas ocasiones para cometer toda clase de tropelías, destruyendo infraestructura esencial para el normal funcionamiento de la ciudad. Metro cifró en US$300 millones los daños sufridos en casi 100 estaciones, que fueron incendiadas o saqueadas. La Línea 4 estará fuera de operaciones al menos cuatro meses.
Un escenario complejo. En programas políticos de televisión y análisis de prensa, muchos se preguntan por qué el Gobierno tardó tanto en reaccionar y por qué el presidente Piñera ha estado tan ausente, con apenas una brevísima aparición pública el sábado, en plena crisis.
"Yo creo que el Gobierno entregó rápidamente el control a los militares porque nunca tuvo el manejo de la situación. Lo que ha ocurrido no se veía hace más de cinco décadas en Chile”, dice Saavedra, que cree muy difícil el futuro para el Gobierno. Un Gobierno que solo lleva 19 meses en el poder. "Se hace complejo pensar cómo podrán retomar el control, o cómo podrán darle cierta conducción a la demanda ciudadana”, agrega.
"El Gobierno ha actuado de manera muy torpe; limitó el problema a un asunto de orden público y perdió una oportunidad de oro. Y cuando el sábado Piñera anunció el congelamiento de la tarifa del Metro, ya era muy tarde”, dice Bellolio.
"Su actuación ha sido incompetente, negligente, ha estado ausente y la entrega del control a los militares es una muestra de aquello”, señala. ¿Y podrá Chile, en estas circunstancias, organizar la APEC? Bellolio duda: "No sabemos si esta violencia es una expresión catártica que murió aquí o hay células preparando más protestas. Si el Gobierno reacciona ahora puede que tenga una chance de salvar la cumbre”.
