Según constató La Tercera, el Presidente apelará a la cuestión previa, o sea, a que la acusación en su contra no cumple con los requisitos legales mínimos.

Este miércoles el presidente Sebastián Piñera, a través del defensor Juan Domingo Acosta, presentará el escrito de su defensa a la comisión que revisa la Acusación Constitucional en su contra.

Según constató La Tercera, el Presidente apelará a la cuestión previa, o sea, a que la acusación en su contra no cumple con los requisitos legales mínimos.

En el libelo presentado por diferentes diputados de oposición se solicita la destitución del Presidente, imputando vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estallido social, además de haber comprometido “gravemente el honor de la nación”, junto con transgredir la Constitución.

Asimismo, Piñera apelará, por un lado, a que no se cumplen las exigencias mínimas de la acusación, y por otro, a que se le imputan hechos realizados por terceros.

Según se indicó, el texto se trabajó bajo la supervisión del propio Presidente, por el defensor Acosta y el equipo jurídico del Ministerio Secretaría General de la Presidencia liderado por Fernando Garcés.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, ya había desprendido ciertos argumentos que entregaban luces sobre la postura de Gobierno con respecto a estos temas.

Por ejemplo, al exponer en la comisión revisora de la Acusación Constitucional, Ribera señaló que el libelo acusatorio “contiene una indefinición de hechos que se le imputan al Presidente”.

Más tarde, en un punto de prensa, el ministro profundizó sus dichos, señalando que al leer el texto acusatorio “uno se da cuenta de que ellos utilizan expresiones diversas: de repente hablan del honor y seguridad de la nación, luego hablan de la imagen de la comunidad nacional, luego hablan del prestigio”.

Por lo anterior, la autoridad asegura que “son todas expresiones distintas y no dicen lo mismo, y eso perjudica indudablemente el legítimo derecho a la defensa del Presidente de la República y debería ser, por tanto, rechazada y como cuestión previa”.

Finalmente, mencionó creer “que la acusación constitucional tiene errores serios en su redacción. No tiene una precisión de los hechos que se le imputan”.

Por su parte, desde el Gobierno apuestan a que el tema se logre detener en la cuestión previa, momento en que será discernido por mayoría simple de los diputados en Sala.

Si la cuestión previa es rechazada, la acusación deberá ser discutida con mayoría absoluta y de ser aprobada avanzará al Senado, quienes deberán aprobarla con 2/3.