La firma de Piñera cierra cinco años de tramitación en el Congreso iniciados en el gobierno de Michelle Bachelet. La administración actual de centroderecha impulsó cambios en la Ley de Identidad de Género, que avanzó en medio de controversias hasta su aprobación.

Santiago. El presidente chileno, Sebastián Piñera, promulgó este miércoles una ley que permite el cambio de nombre y género a personas mayores de 14 años, que establece el primer marco legal al reconocimiento de individuos trans en el país de fuerte tradición conservadora.

La firma de Piñera cierra cinco años de tramitación en el Congreso iniciados en el gobierno de la socialista Michelle Bachelet. La administración actual de centroderecha impulsó cambios en la Ley de Identidad de Género, que avanzó en medio de controversias hasta su aprobación parlamentaria en septiembre.

"Hemos actuado con prudencia y sensibilidad porque estos son temas complejos, yo estoy perfectamente consciente de que hay opiniones diversas", dijo el mandatario en la ceremonia de promulgación. "Tengo la plena convicción de que estamos dando un paso en la dirección correcta", agregó.

La ley define la identidad de género como la decisión personal e interna de ser hombre o mujer, lo que puede corresponder o no con el sexo y nombre asignados al momento de su inscripción en el registro civil.

Los mayores de edad podrán acceder al cambio de género y nombre con un trámite sencillo, mientras que las personas a partir de los 14 años requerirán consentimiento de sus padres y la autorización de un juez de familia.

Grupos defensores de los derechos de las personas trans celebraron la entrada en vigencia de la ley como un "hecho histórico", aunque algunos enfatizaron que aún existen temas pendientes en su implementación.

"Uno de los desafíos principales que queda por delante es la puesta en marcha del programa de acompañamiento de personas de 14 años", dijo Juan Enrique Pi, presidente de la Fundación Iguales, que alentó las discusiones de la norma.

La iniciativa, que se suma a otras medidas legales adoptadas en países de la región como Argentina, Colombia y Perú, fue ingresada en el Congreso chileno en el 2013 y consiguió luz verde a pesar del marcado rechazo mostrado por sectores políticos conservadores.