Las alarmas no sólo sonaron localmente sino en otros países y organismos, mientras el Gobierno buscaba calmar las aguas afirmando que respeta la democracia y el estado de derecho y justificaba el despliegue armado como una herramienta para dar seguridad al parlamento.
San Salvador. Los principales partidos políticos de El Salvador calificaron este lunes como un "golpe de Estado" la ocupación armada del Congreso ordenada por el presidente Nayib Bukele para presionarlo a que le dé luz verde para negociar un préstamo destinado a financiar sus planes de seguridad.
Las alarmas no sólo sonaron localmente sino en otros países y organismos, mientras el Gobierno buscaba calmar las aguas afirmando que respeta la democracia y el estado de derecho y justificaba el despliegue armado como una herramienta para dar seguridad al parlamento y al mandatario.
Apoyado por soldados y policías armados, Bukele irrumpió este domingo en el salón de sesiones del Congreso para exigir a los legisladores que avalen un crédito por US$109 millones para equipar a soldados y policías en su lucha contra el crimen. Cientos de simpatizantes rodearon el Legislativo para apoyar a su líder.
Tras amenazar días antes a los legisladores con que el pueblo tiene derecho a la "insurrección", Bukele ingresó sin ningún protocolo, caminó decidido por el pasillo principal y se sentó en la silla del presidente de la Cámara baja.
"Ahora está muy claro quién tiene el control de la situación y la decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en las manos de Dios", dijo. Minutos después, tras salir del recinto anunció a sus seguidores que Dios le había hablado y le había pedido "paciencia", por lo que daría a los diputados una semana o de lo contrario aumentará la presión.
"El día de ayer se consumó un golpe de Estado, el día de ayer se convierte el día más negro para nuestra democracia", dijo en conferencia de prensa Oscar Ortiz, secretario general del opositor e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido en el que militó Bukele entre 2012 y 2017.
En otro extremo, el derechista y opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que tiene la mayoría en el Congreso, exigió al presidente "desmontar de inmediato el proceso de autogolpe, el ultimátum a la Asamblea Legislativa y la persecución a los diputados electos democráticamente y a sus familias", dijo el legislador Carlos Reyes.
Duras críticas. Autodefinido como "el presidente más guapo y cool del mundo", Bukele ha mostrado una imagen internacional de político fresco y renovador, aunque al interior de la nación crecen las denuncias por presunta falta de transparencia, restricciones a la libertad de prensa y nepotismo.
Para el asesor de la presidencia de Honduras, Marvin Ponce, la acción de militarizar el Congreso salvadoreño violó la Constitución y podría llevar a la "ingobernabilidad".
"Estamos ante las luces de un político con actitudes no solamente de dictador, si no que desquiciado por el poder y desquiciado por la popularidad que ha adquirido entre el pueblo salvadoreño", dijo a Reuters Ponce.
En el pasado, el mandatario de 38 años ha sido un duro crítico de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, de Nicaragua, Daniel Ortega y de Honduras, Juan Orlando Hernández, a quienes ha acusado de "antidemocráticos".
Desde el Gobierno trataban de calmar la agitación.
"Ayer lo que hubo no fue una militarización. Si hubiese sido así, todavía estarían ahí presentes (los militares), no se hubieran desplegado cuando el presidente se fue, algo que pasa en cualquier parte del mundo", dijo el ministro de Gobernación, Mario Durán.
La polémica irrupción del mandatario al edificio fue rechazada por la sociedad civil, organismos internacionales como Amnistía Internacional y el cuerpo diplomático, quienes llamaron a resolver las discusiones mediante el diálogo y el respeto de la independencia de poderes.
"No apruebo la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa y me sentí aliviado que esa situación terminó sin violencia. Ahora reconozco los llamados a la paciencia y prudencia", escribió en su cuenta de Twitter el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson.
En tanto, el Fiscal General, Raúl Melara, dijo que analizaban si el mandatario cometió un delito y la Cancillería emitió un comunicado en el que reiteró su respeto y compromiso con la democracia y el Estado de derecho, y dijo que la presencia de soldados y policías "obedeció a un propósito preventivo para salvaguardar al Parlamento".
