El gobierno del presidente López Obrador expresó el mes pasado que ayudar a las víctimas sería una prioridad, mientras prepara una estrategia antitrata. Sin embargo, según dicen los activistas, el cierre de refugios con problemas de liquidez podría poner vidas en peligro.
Tapachula. Los pocos refugios para víctimas de trata de personas de México se encuentran bajo amenaza - uno cerró recientemente y otro podría estar a punto de hacerlo - después de una campaña del gobierno contra el financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro que, según los activistas, podría dejar a las mujeres vulnerables ante un nuevo peligro.
Varios directores de los aproximadamente doce refugios antitrata gestionados por la sociedad civil dijeron que han estado luchando financieramente durante mucho tiempo, pero que o han cerrado o tienen miedo de tener que recortar los servicios después de que desde el gobierno dijeran en febrero que dejarían de financiar a las organizaciones sin fines de lucro.
El gobierno anterior de México identificó aproximadamente 8.000 víctimas de trata en su mandato de seis años. Pero no hay información pública sobre cuántas de ellas permanecieron en refugios, en las Naciones Unidas dijeron que la gestión de los asilos fue desordenada.
El nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador expresó el mes pasado que ayudar a las víctimas sería una prioridad, mientras prepara una estrategia antitrata. Sin embargo, según dicen los activistas, el cierre de refugios con problemas de liquidez podría poner vidas en peligro.
"No se puede desmantelar de la noche a la mañana estos espacios que insisto han dado garantía a las mujeres y confianza”, dijo Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, cuyos miembros gestionan espacios para las mujeres víctimas de violencia.
“Va a haber mayores índices de feminicidios y revictimizaciones para las mujeres que requieren estos espacios de protección”, le comunicó a Thomson Reuters Foundation.
La oficina de la presidencia derivó las preguntas a la Secretaría de Bienestar, que dijo que las organizaciones de la sociedad civil habían estado realizando el trabajo que el gobierno no deseaba hacer, lo que significa que los grupos casi habían tenido que hacer “milagros” para ayudar a las personas vulnerables.
Desde la secretaría manifestaron que el gobierno está trabajando en una estrategia para prevenir y abordar la violencia contra mujeres y niñas.
“Es muy importante aclarar y reiterar LOS REFUGIOS NO SE CIERRAN, no se van a cerrar, por el contrario, se van a apoyar, se van a fortalecer”, dijeron en un comunicado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informa que puede haber entre 50.000 y 500.000 víctimas de trata en México, desde personas explotadas con fines sexuales hasta aquellas forzadas a trabajar para bandas de narcotraficantes.
Temores por el financiamiento. Un refugio de la ciudad de México, que albergaba hasta 20 víctimas de trata, cerró en diciembre después de ocho años, cuando quedó claro que el gobierno federal y local dejarían de distribuir subvenciones fundamentales, según Teresa Ulloa, quien dirigía el centro.
A diferencia de los refugios para víctimas de otros tipos de violencia, nunca hubo un origen claro del financiamiento o el apoyo del gobierno para el albergue de las víctimas de trata, dicen los activistas.
Y los temores por el financiamiento se intensificaron en febrero, cuando el presidente López Obrador dijo que el gobierno no financiaría más a los grupos de la sociedad civil, sino que en su lugar les daría dinero directamente a las personas que lo necesiten. No está claro cómo funcionaría esto en la práctica.
Ulloa contaba con aproximadamente 300.000 pesos (US$16.000) anuales de un programa gubernamental llamado “Coinversión Social” para el funcionamiento del refugio. Se le asignó dinero al programa en el presupuesto para 2019, pero no se produjo la adjudicación tras la carta del presidente.
Los costos de funcionamiento de los refugios para víctimas de trata de México varían enormemente, y van desde los 400.000 pesos al año a los 4 millones de pesos.
Siempre ha sido difícil, dijo Marian González, una directora en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), quien ha estudiado la problemática de los refugios para víctimas de trata del país y advirtió que, en la actualidad, muchos están en riesgo de reducir sus servicios.
Al límite. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) dice que hay 18 refugios para víctimas de trata, seis de los cuales son gestionados por el gobierno.
Todos son instalaciones de alta seguridad y a puertas cerradas, que no permiten a las víctimas tener teléfonos ni ir y venir por motivos de seguridad.
La amplia mayoría de los refugios son para mujeres y niños.
En una humilde casa con tres dormitorios al sur de la ciudad de Tapachula, Elsa Simón ha cuidado durante más de una década a mujeres que fueron víctimas de trata perpetrada por novios, pandillas y propietarios de bares.
Pero es probable que Simón tenga que cerrar en breve el refugio para víctimas de trata, que es la única instalación de este tipo en Chiapas, el estado más pobre de México.
“No hay el recurso más que de mi bolsa”, relató la mujer de 65 años, que tiene un guardaespaldas armado desde que un tratante vino al refugio demandando ver a la mujer que había explotado. “Estoy a punto de decir que ya no le sigo”.
Además del problema de financiamiento, el refugio de Simón en Chiapas actualmente está vacío, y solo un puñado de mujeres estuvo allí el año pasado. Dice que esto se debe a que los fiscales del estado no están haciendo lo suficiente para investigar la trata de personas y para encontrar a las víctimas.
Los datos del gobierno muestran que Chiapas, que es un acceso para miles de migrantes centroamericanos cada año, informó un caso de trata en los dos primeros meses del año, y aproximadamente 26 en 2018.
Los representantes del gobierno del estado de Chiapas no respondieron al pedido de comentarios a tiempo para la publicación.
La ONUDD tiene un subsidio de US$2,9 millones de la Iniciativa Mérida del gobierno de los Estados Unidos, que es un programa de asistencia en términos de seguridad para México y Centroamérica, para ayudar a mejorar los estándares en los refugios para víctimas de trata.
El funcionario de información pública de ONUDD, Felipe de la Torre, dijo que al gobierno de México le falta una política pública sólida relacionada con los refugios, lo que provoca un desorden en el funcionamiento.
“Existe mucha disparidad entre como un albergue trabaja de otro”, dijo el funcionario de la ONU.
“Vidas en riesgo”. Hay seis refugios gestionados por el gobierno del Estado y federal en la ciudad de México, Colima y el estado de México. Los grupos de la sociedad civil dijeron que las autoridades locales y nacionales están obligadas a gestionar o financiar refugios, según lo establecido por la ley antitrata de 2012.
“No se trata de una caridad, se trata de cumplir la ley”, dijo Mariana Wenzel, directora de Anthus, que tiene un refugio para víctimas de trata financiado en parte por el estado de Puebla.
López Obrador desencadenó una reacción negativa en febrero, cuando su Secretaría de Salud retiró un subsidio para los refugios para mujeres víctimas de violencia.
La medida se revirtió, pero según Figueroa el dinero aún no se ha desembolsado y el financiamiento para el año próximo es incierto.
No obstante, los refugios para víctimas de trata no pueden recibir ese dinero, y a los refugios para víctimas de violencia que reciban una víctima de trata se les puede retirar su financiamiento, según lo que informan varios directores de refugios.
Recaudar fondos de donantes privados para cubrir la brecha dejada por el gobierno no sería fácil, dijeron desde varios grupos.
“El contexto mexicano es complicado porque desafortunadamente no hay mucha confianza en organizaciones de la sociedad civil porque ha habido un abuso por parte de algunas organizaciones”, dijo Iliana Ruvalcaba, directora de la organización sin fines de lucro Pozo de Vida, que dirige un refugio para víctimas de trata en la capital, respaldado por donantes privados del país y del extranjero.
Si los refugios para víctimas de trata no se aseguran el financiamiento, las consecuencias podrían ser mortales, dijo María, una sobreviviente que fue víctima de trata sexual perpetrada por un hombre mayor durante su primer año en la universidad.
Ella llegó a Casa Anthus con 18 años y el rostro y el cuerpo cubiertos de hematomas, incapaz de caminar adecuadamente. El refugio le proporcionó atención médica, orientación psicológica y asesoramiento legal. Hace dos meses continúa sus estudios para terminar su título en derecho.
“Cuando entré no quería saber nada... estaba decepcionada de la vida”, contó María, que pidió que no se use su nombre real.
“Cuando salí, sentí pues, salí con muchas ganas de salir adelante”. “Si no hubiera refugios como Anthus yo creo que muchas víctimas volverían a caer en lo mismo o de plano su vida correría demasiado riesgo”.
