Hace unos días presenté una columna sobre mi posición respecto al tema de la legalización de las drogas en México. Me encuentro en definitiva a favor de legalizar y catalogar a los diferentes tipos de las mismas, para generar una nueva regulación gubernamental que privilegie la libertad y reduzca los daños sobre la salud pública.

Lo importante es que quien decida consumir este tipo de bienes lo pueda hacer siempre y cuando respete la libertad de otros a no ser afectado por su consumo. En este como en otros tantos temas, rescatamos la máxima juarista: “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Pero no todo es tan sencillo. Si lo fuera, hace mucho que las drogas estarían legalizadas, pero existen muchos intereses que se verían afectados por una medida como esta. Precisamente esa es la tarea de un buen economista: averiguar el costo y la efectividad, tanto de la regulación como de la actual prohibición de su consumo, producción y distribución, así como los diferentes grupos que se verían involucrados, tanto en el corto como en el largo plazo.

En México, a pesar de los millones de dólares que cada año se gastan en una política anti-drogas de carácter reactivo, este enfoque consistentemente ha entregado resultados opuestos a las metas declaradas; la lucha frontal contra las bandas de criminales que producen y distribuyen las drogas parece condenada al fracaso. Las cifras oficiales indican con claridad que la oferta y disponibilidad de las mismas es creciente. Se ha incrementado el uso de drogas que dañan a la salud, tanto de las personas que las consumen como de las que se encuentran cerca.

Los hechos confirman que no es con más soldados y policías en las calles (mal pagados y entrenados) como se reducirá el consumo y producción de las mismas, y mucho menos la violencia asociada a esta estrategia, ni tampoco con leyes que castigan su consumo. Lo que se requiere, de acuerdo con la experiencia internacional, es legalizar y regular el mercado de las drogas. La continuación de la misma política, expansiva en materia de gasto público, basada en la prohibición, tiene un sustento fundamentalmente moral que impide observar la solución al problema.

El beneficio clave citado por los defensores de la prohibición es que se reducen los niveles de uso al restringir su disponibilidad, mediante el efecto disuasivo de la aplicación de sanciones. La actual política de combate se centra en la reducción de la libertad de consumo de las personas y la amenaza. Como resultado de lo anterior, muchos agentes se muestran preocupados, consideran que moverse hacia una regulación legal podría incrementar la disponibilidad y los daños a la salud. Esto último se basa en un mal entendido en relación a como operaría un mercado legal regulado.

Existe mucha especulación acerca de cómo un mercado regulado funcionaría en la práctica; es cierto que se podrían presentar algunas presiones hacia un uso creciente bajo un modelo regulatorio, pero estas serían moderadas por controles efectivos sobre la disponibilidad, precio y mercadotecnia. Las presiones opuestas o compensatorias que reducirían el uso, daños y costos sociales podrían emerger, entre las que se incluye el redireccionamiento del gasto en penalizaciones hacia programas de salud, tratamiento, prevención, educación y reducción de daños.

Los efectos disuasorios de la prohibición están pobremente sustentados por la evidencia. La respuesta de los gobiernos a los cuestionamientos sobre los beneficios de la prohibición descansan en creencias más que en evidencia que las respalde. Al menos en el caso de México, no existe información proporcionada por medios oficiales que de sustento al paradigma central de la prohibición. Las cifras que constantemente se presentan de capos del narcotráfico atrapados o asesinados no apoyan su estrategia, ya que es de sobra conocido que miles hacen fila para ocupar los espacios vacantes.

La limitada investigación realizada no demuestra ninguna correlación significativa a nivel nacional o regional, entre la intensidad en el combate frontal a los narcotraficantes y los niveles de uso o mal uso, lo que sugiere que cualquier efecto disuasorio es marginal, especialmente para aquellos segmentos de la población responsables de los mayores daños. Una conclusión similar se obtiene en relación al impacto de la prohibición sobre la reducción de la disponibilidad.

Un análisis costo-beneficio realizado por la Transform Drug Policy Foundation de Inglaterra reveló que moverse de un mercado subterráneo de producción de drogas a un mercado legalmente regulado (de heroína y cocaína) conduce a sustanciales beneficios para el presupuesto público y la ciudadanía, incluso bajo el escenario poco probable de incremento en su consumo.

La conclusión más relevante del análisis citado es que la prohibición es la causa de la mayoría de los crímenes relacionados con el consumo de drogas y que estos crímenes representan los principales costos para la sociedad. Una política de combate frontal a los grupos delincuenciales y el fortalecimiento de las leyes que penalizan el mercado ilegal de drogas es el peor instrumento para alcanzar una solución eficiente.

A continuación un desglose de cómo los principales costos, bajo el actual sistema, cambiarían bajo un modelo de regulación legal:

a).- Si las drogas estuvieran disponibles bajo prescripción o bien a precios accesibles, los delitos a casas habitación, como resultado de la búsqueda de fondos para el consumo, se reducirían cerca de 75%.

b).- Una buena parte de los daños a la salud, provenientes del uso ilegal de drogas, producidas con bajos estándares de calidad, se reduciría y ello redundaría en un menor gasto público.

c).- De hecho, las muertes relacionadas por el consumo de drogas en mal estado se reducirían cerca de 50% respecto a su nivel actual.

d).- La nueva infraestructura regulatoria y de administración tendría un costo estimado de 150 millones de libras esterlinas por año.

En general, si nuestros gobiernos desean continuar con una política de prohibición deben explicarnos con cifras y análisis teórico (en el caso de los académicos e intelectuales) que dicha estrategia representa una mejor alternativa que la regulación legal del mercado de drogas. Si no son capaces de presentar evidencias, bajo un escenario democrático, será mejor que promuevan foros de discusión (locales, nacionales y multilaterales) hasta llegar a una propuesta formal y rigurosa, que incluya los costos y beneficios de la legalización, así como los mecanismos para implementarla y evaluarla.

*Esta columna fue publicada originalmente en el centro de studios públicos ElCato.org.