Todo comenzó por el alza de $30 (US$0,03) en la tarifa de hora punta en el Metro de Santiago. Con la molestia de miles de ciudadanos con los ministros de Piñera, que en las semanas previas habían enviado a los chilenos a comprar flores porque eran más baratas o a levantarse temprano porque el Metro saldría menos, llegó el estallido social.
“Evadir no pagar, otra forma de luchar”. Esa fue la consigna que el lunes 14 de octubre dio inicio a una de las peores semanas en la historia de una Presidencia de la República y que fue el corolario de un estallido social que, en cosa de días, recorrió buena parte de Chile.
Todo comenzó por el alza de $30 (US$0,03) en la tarifa de hora punta en el Metro de Santiago, evasiones orquestadas mayoritariamente por estudiantes secundarios que coordinados se tomaron lunes, martes, miércoles y jueves algunas de las 136 estaciones del ferrocarril subterráneo.
El gobierno de Sebastián Piñera condenaba el hecho, pero muy lejos de echar píe atrás y anunciar la rebaja del pasaje prefirió en ese momento redoblar la seguridad de las estaciones en conflicto.
Sin embargo, y con la molestia de miles de ciudadanos con los ministros de Piñera, que en las semanas previas habían enviado a los chilenos a comprar flores porque eran más baratas o a levantarse temprano porque el Metro saldría menos, llegó el estallido social.
Fue el viernes 18 que los estudiantes secundarios y universitarios ya no estaban solos, miles de santiaguinos decidieron sumarse esa tarde a las protestas, todos con una palabra en común: estar aburridos.
Ese día comenzó la “primavera chilena” , como la tildaron internacionalmente, y la lista de demandas comenzó a salir de la boca de los propios ciudadanos.
“Ya está bueno de robos. No queremos más, ya no damos más”, dijo una mujer entrevistada por Radio Bío Bío.
Pero fuera de las manifestaciones pacíficas, este estallido social vino aparejado de desórdenes públicos graves.
Ejemplo de ello fue la destrucción de mobiliario público, la vandalización y quema -en otros casos- de 80 de las 136 estaciones del Metro, la quema de buses del Transantiago, 301 supermercados saqueados y algunos quemados, lo mismo ocurrió con farmacias, bancos, y locales de pequeñas Pymes.
Frente a ese escenario, Piñera tomó una decisión: dar respuesta solamente a estos últimos hechos, por lo que decretó Estado de Emergencia en Santiago y en las horas posteriores lo extendió a otras regiones.
Así, las Fuerzas Armadas salieron a la calle por primera vez tras el retorno a la democracia (no en un contexto de catástrofe) y con ello vino la crítica de los sectores de centro izquierda, ahondando todavía más la crisis política puesto que con los militares resguardando infraestructura crítica y con el toque de queda en marcha, los saqueos y la quema de supermercados no pararon.
Fue así que el domingo 20 de octubre, 48 horas después que reventara la crisis, Piñera apagó el conflicto con bencina y, con ello, reconocen en todos los sectores, dio el paso decisivo para entrar en el ostracismo político al anunciar que estaba en guerra.
En medio de la debacle, el jefe del Estado de Emergencia en la región Metropolitana, el general de Ejército Javier Iturriaga, no aguantó y contradijo al Mandatario, su superior directo.
“Mire, yo soy un hombre feliz. La verdad que no estoy en guerra con nadie”, afirmó el uniformado tras las consultas de la prensa.
Así, se llegó a cero control de la seguridad y nulo manejo de la agenda política del Presidente, quien en estas cuatro semanas tuvo que hacer un cambio de gabinete presionado por las marchas, con lo que concretó modificaciones radicales en los comités políticos y económicos.
De esta manera llegó a Interior Gonzalo Blumel, a Hacienda Ignacio Briones, a Economía Lucas Palacios, a la vocería Karla Rubilar y a la Segpres Felipe Ward.
Sumado a eso, el Gobernante tuvo que despedirse de la Cumbre APEC 2019, prevista para el fin de semana que recién pasó, y también de la COP25, la cumbre de las Naciones Unidas por el cambio climático.
Así, esta crisis ha dejado al Presidente como un administrador, ya que decidió dejar la gestión de las demandas en el Parlamento: ejemplo de ello es el acuerdo para una nueva Constitución que lo llevó a verlo por televisión.
Con todo, en su primer mes, las movilizaciones han dejado 15 mil detenidos, 2.365 heridos, más de 170 personas con problemas oculares debido a perdigones disparados por fuerzas de seguridad y un total de 23 víctimas fatales.
