Para los ideólogos de la propuesta, los montos excesivos en el financiamiento público a los partidos políticos impactan fuertemente al erario y a una verdadera representatividad del pueblo en las instituciones de gobierno.

CDMX. La Cámara de Senadores reformará la Constitución para reducir 50% el excesivo y descomunal monto del financiamiento público de los partidos políticos en México, que no corresponde a la situación económica, política y social que vive el país.

“A mayor financiamiento público, mayor el riesgo de que los recursos no sean aplicados para los fines propios de los partidos políticos, sino que por el contrario éstos de pierden en una contienda política interminable. Ello, sin tomar en cuenta que se genera una dependencia cada vez mayor por parte de los partidos políticos hacia los recursos del erario público y termina por convertirse en un negocio redituable la creación de nuevos partidos sin verdadera vocación política’’.

Si bien la existencia del financiamiento público a los partidos políticos ha fortalecido la democracia en México, cita el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República, preservar el subsidio en los términos y porcentajes actuales traería consecuencias graves para el propio sistema democrático ya que la experiencia ha traducido esos montos en incentivos para la corrupción y desvirtuado el papel de los partidos políticos como entidades de interés público y organizaciones ciudadanas que deben promover la participación.

Desde la óptica de los senadores que integran las comisiones dictaminadoras que están por someter a discusión y aprobación correspondiente el documento referido -paso legislativo previo a que el pleno de la Cámara Alta valide los cambios acordados-, los montos excesivos en el financiamiento público a los partidos políticos impactan fuertemente al erario y esa situación conlleva a la desaparición de una verdadera representatividad del pueblo en las instituciones de gobierno, además de que generan desconfianza en la sociedad al alejarse las fuerzas políticas de sus problemas, necesidades e ideales.

Para el ejercicio fiscal 2019, según cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), los siete partidos políticos con registro dispondrán de un monto global por 4.965.829.

Para actividades específicas –capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres-, los partidos políticos habrán de disponer de  US$7,5 millones así como de US$5 millones por concepto de franquicia postal y de US$36.000 para franquicia telegráfica.

Los senadores destacan en el dictamen que no puede haber un gasto mayor en partidos políticos que en actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

Y es que los recursos asignados a los partidos políticos para el presente año rebasan los que se destinaron en 2018 al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (US$307 millones), Sistema Nacional de de Investigadores (5.000 millones) y al Programa de Estímulos a la Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas (sobre los US$90 millones).

De ahí que la Cámara Alta modificará la Constitución respecto de la fórmula por la que se determina el financiamiento público, a fin de reducir a la mitad los recursos públicos que se asignan a los partidos políticos en México.

La enmienda al artículo 41 constitucional establece que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); actualmente se establece el 65% de dicha unidad de medida.

El 30% de la cantidad que resulte de la operación se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior, prevé la Constitución, asignación que por acuerdo de los senadores no sufrirá cambio alguno.