Este domingo, la exmandataria compareció en una primera audiencia, por videollamada, ante un juez y se le dictó prisión preventiva por seis meses a la espera de un juicio. Sin embargo, el ministro de Justicia y Transparencia de Bolivia, Iván Lima, informó que pedirán una pena de 30 años de cárcel.

La Paz. El gobierno socialista de Bolivia arrestó este sábado a la expresidenta interina Jeanine Añez por su participación en un presunto golpe de estado de 2019, lo que reavivó las tensiones políticas después de violentas protestas hace menos de dos años.

Este domingo, la exmandataria compareció en una primera audiencia, por videollamada, ante un juez. En la audiencia, Añez y sus exministros de Energía y Justicia, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, fueron acusados ​​de sedición, terrorismo y conspiración.

Según una declaración leída por el fiscal Harold Jarandilla, los acusados usaron aliados de las fuerzas de seguridad para presionar al expresidente Evo Morales a renunciar luego de las elecciones disputadas y eventos "amañados" en el vacío político que siguió para instalar a Añez como presidenta interina.

Jarandilla dijo que Añez representaba un riesgo de fuga ya que fue descubierta "hábilmente escondida" en la casa de un vecino en la ciudad central de Trinidad durante una redada policial el sábado, y pidió que ella y sus exfuncionarios permanezcan en prisión preventiva en espera de juicio durante seis meses.

Sin embargo, el ministro de Justicia y Transparencia de Bolivia, Iván Lima, informó que ha pedido una pena de 30 años de cárcel para la ex presidenta. "La detención no debe ser la regla, debe ser la excepción", dijo antes de destacar que lo que busca el Gobierno no es una detención de cuatro meses "sino una condena de 30 años de prisión".

"Yo no me voy a escapar, yo voy a estar acá para cualquier juicio de responsabilidades que se me pretenda someter, pero todas estas arbitrariedades, todos este despropósito que se hace con mi persona, este maltrato que recibo del gobierno, me parece que no nos ayuda para nada en avanzar en democracia", dijo la exmandataria ante el juez.

"Estoy dispuesta a enfrentar cualquier tipo de juicio de responsabilidades, pero siempre que se respeten mis derechos y garantías no solamente como mujer, sino como boliviana y como exmandataria de este país”.

De acuerdo con una orden de arresto vista por Reuters, también se busca a varios otros ministros del gobierno de Añez junto con figuras de la policía, el ejército y la oposición.

La orden contra exmiembros de la administración conservadora representa un cambio notable de dirección por parte del presidente Luis Arce, exministro de economía de Morales, quien se comprometió, cuando llevó al Movimiento por el Socialismo de regreso al poder en octubre del año pasado, a "reconstruir y estabilizar" el país.

Las detenciones han provocado furia entre los líderes de la oposición boliviana que han pedido un levantamiento civil contra una "dictadura", y expresiones de preocupación por parte de grupos de derechos humanos y potencias globales.

Tanto el gobierno de los Estados Unidos como la Unión Europea emitieron declaraciones durante el fin de semana instando a Bolivia a seguir el debido proceso y garantizar que los juicios se lleven a cabo sin interferencia política.

Al llamado se hicieron eco grupos de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) pidió la liberación inmediata de los detenidos. "La política de la revancha y el rencor y una Justicia dependiente del Poder político, no crean confianza en el pueblo y nos perjudicará a todos, tarde o temprano", sostuvo la CEB en un comunicado publicado en la noche del sábado.

Añez, de 53 años, abogada y exsenadora del Movimiento Social Demócrata de centroderecha asumió el poder a fines de 2019 después de que Morales renunciara en medio de violentas protestas violentas y acusaciones respaldadas por organizaciones internacionales de que ganó la elección presidencial de manera fraudulenta.

Al menos 33 personas murieron durante las protestas, 30 de ellas después de que Añez asumió el cargo.

Añez afirmó que los cargos eran "persecución política" e insistió en que participó en una "sucesión constitucional" para reemplazar a Morales después de su dimisión.

La exmandataria realizó una convocatoria a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea para que envíen misiones de observación para evaluar los procesos en su contra.