Los sindicatos de transportistas comenzaron la protesta este jueves, cuando entró en vigencia la medida. De a poco se fueron sumando indígenas, estudiantes y trabajadores en todo el país.
Quito.- El sindicato de transportistas de Ecuador puso fin este viernes a su protesta por la eliminación de los subsidios a los combustibles, pese a no tener ningún acuerdo con el Gobierno sobre la medida fiscal impuesta por el presidente Lenín Moreno.
La decisión de eliminar los subsidios al diésel y la gasolina extra, que habían estado vigentes por décadas, provocó protestas de varios sectores en un país con una larga historia de inestabilidad política.
Los sindicatos de transportistas comenzaron la protesta este jueves, cuando entró en vigencia la medida. De a poco se fueron sumando grupos indígenas, de estudiantes y gremios de trabajadores en todo el país.
"La transportación habiendo cumplido nuestro voz ante el Gobierno (...) hasta el día de hoy nosotros hemos cumplido, por lo tanto, de nuestra parte, se termina la medida de hecho", dijo Abel Gómez, líder del gremio, en representación de 11 gremios, a periodistas en Quito.
Los manifestantes están molestos con Moreno, quien promueve una política promercado tras años de un gobierno de izquierda y está alineando sus medidas económicas a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras un préstamo por unos US$4.200 millones.
Más temprano, los movimientos sociales y trabajadores convocaron a un paro nacional para el 9 de octubre y dijeron que se mantendrían en las calles.
"No vamos a permitir el incremento de los pasajes en el país, rechazamos el incremento del precio de los combustibles y en ese escenario ratificamos nuestra lucha en las calles", dijo Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, una alianza de organizaciones sociales y sindicales. "Serán días de agitación y lucha".
Los transportistas dijeron que autobuses y taxis regresarán a las calles desde el sábado en todo el país, pero solicitaron garantías al Gobierno para poder prestar el servicio.
En el transcurso de la jornada, Moreno ratificó su decisión de poner fin a los subsidios, pero dijo que está abierto al diálogo para buscar medidas de compensación a los sectores más afectados, tras declarar la víspera un estado de excepción por 60 días en la nación petrolera.
"Conversar, claro que sí (...) Pero bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida. No voy a cambiar la medida, que quede claro: se eliminó el subsidio, se acaba la zanganería", insistió Moreno en la ciudad de Guayaquil.
Más tarde, en Quito, dijo a periodistas que con el caos algunos están buscando que se "desestabilice el Gobierno".
El Gobierno quiere ahorrar unos US$1.500 millones con la eliminación de los subsidios, lo que más que duplicó el precio del diésel y elevó en un 30% el de la gasolina extra.
Los servicios de autobuses y taxis continuaron paralizados el viernes y en varias ciudades se registraron durante la tarde marchas de trabajadores, estudiantes y movimientos sociales, según medios locales.
En Quito, las protestas se concentraron en el centro, donde estudiantes que lanzaban piedras fueron reprimidos por la policía con gas lacrimógeno para impedir su paso al Palacio de Gobierno.
En Guayaquil, algunos buses comenzaron a movilizarse con dificultad pero los locales comerciales permanecían cerrados.
Nuevas Tarifas. "Nunca va a ser proporcionalmente igual al incremento del combustible, el que pensó eso se equivoca completamente, porque hay otros factores que componen el costo de operación de la unidad", explicó el ministro de Transporte, José Martínez.
El Gobierno dijo que en varias provincias se estaba restableciendo la normalidad por la acción de militares y policías y amenazó con retirar permisos para operar a los transportistas que sigan apoyando la protesta.
El Ministerio del Interior informó que hasta la tarde del viernes 379 personas habían sido detenidas en todo el país por paralizar servicios y actos de vandalismo que dejaron unidades y vehículos policiales destruidos en la capital. Entre los detenidos se encontraba el líder de los taxistas.
El sector industrial y productivo advirtió de pérdidas de unos 260 millones de dólares por las protestas y apoyó las medidas económicas anunciadas por Moreno.
Junto a la eliminación de los subsidios, Moreno anunció un paquete de reformas tributarias y laborales que tendrán que ser aprobadas por la Asamblea Nacional.
