"Es obvio lo que este gobierno está haciendo: es artero más allá de las palabras y California no será parte de eso", dijo el gobernador de ese estado, Gavin Newsom, en una conferencia de prensa en Sacramento.
Washington. La nueva normativa, que pretende negar la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas sociales, es considerada inconstitucional por los fiscales generales de California, Maine, Oregón, Pensilvania y Columbia.
"Es obvio lo que este gobierno está haciendo: es artero más allá de las palabras y California no será parte de eso", dijo el gobernador de ese estado, Gavin Newsom, en una conferencia de prensa en Sacramento.
La regla de la Casa Blanca anunciada el lunes, una redefinición de la ley de "carga pública", afecta a los inmigrantes que reciben bonos para alimentos, atención médica pública y otras asistencias. Estos extranjeros, en su mayoría hispanos, ven ahora amenazadas sus esperanzas de conseguir la ciudadanía.
Un grupo de estados estadounidenses demandó este viernes al gobierno de Donald Trump por su nueva reglamentación que busca negar la ciudadanía y la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas sociales.
Los fiscales generales de California, Maine, Oregón, Pensilvania y el Distrito de Columbia presentaron la demanda en un tribunal federal en San Francisco indicando que la norma es inconstitucional y apunta de forma desproporcionada a inmigrantes no blancos.
Trump quiere inmigrantes "financieramente autosuficientes". La demanda argumenta que la ley atenta contra personas marginadas, incluidos niños, ancianos y familias de bajos salarios.
"La regla fue motivada por un ánimo intencional basado en la raza y el origen contra individuos provenientes de lo que el presidente Trump ha denominado 'países de mierda", afirma. El término "carga pública" suele definir a quien depende principalmente del gobierno.
El nuevo criterio implica que 22 millones de residentes no ciudadanos de Estados Unidos que reciben subsidios no podrán obtener tarjetas de residencia o ciudadanía estadounidense.
Además, los migrantes no obtendrán visas de residencia si se los considera demasiado pobres y con tendencia a necesitar asistencia social. "Para proteger los beneficios para los ciudadanos estadounidenses, los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes", dijo Trump en un comunicado de la Casa Blanca. Los nuevos estándares se aplicarán a partir del 15 de octubre.
"Esta cruel política obligará a padres y familias trabajadoras en todo el país a renunciar a necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica por miedo", dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien presentó la demanda.
"Eso es simplemente inaceptable", agregó. "Lucharemos contra esta regla ilegal". California alberga a más de 10 millones de inmigrantes, casi una cuarta parte de su población, la mayor comunidad inmigrante en Estados Unidos.
Victoria parcial de Trump en los tribunales. Sin embargo, la política de asilo de Trump tuvo también este viernes una victoria parcial en los tribunales con una decisión de una corte de apelaciones que tumbó parte de otro fallo judicial que había suspendido otras de las medidas decretadas por el mandatario.
El mes pasado un magistrado de la Corte del Noveno Circuito suspendió la nueva regulación del Gobierno que establecía que los extranjeros que busquen asilo en EE.UU. deben esperar en otros países a que se tramiten sus solicitudes, al considerar que probablemente era inválida al estar con conflicto con las leyes federales de asilo.
La medida adoptada por Trump apuntaba específicamente a los inmigrantes centroamericanos, que tienen que pasar por otros países antes de llegar a EE.UU. para pedir allí asilo. La decisión de este viernes del tribunal de apelaciones se produce después de que ayer la misma corte fallara que los niños inmigrantes detenidos por las autoridades estadounidenses deben recibir comida aceptable, agua limpia y productos básicos de higiene como jabón y cepillos de dientes.
