El proyecto del presidente mexicano de crear una Guardia Nacional para combatir la violencia despierta críticas entre organismos de derechos humanos.
Ciudad de México. En México, 2017 fue un año negro, con más de 31.000 homicidios, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. 2018 fue aún más violento. La cifra que maneja la prensa supera los 33.000.
Lógico parece que, para el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, tenga prioridad el restablecimiento de la seguridad. Más llama la atención que apueste a la misma estrategia que sus antecesores, en vista de su evidente fracaso.
"La propuesta de López Obrador era de cambio. Pero ahora parece más bien de continuidad, en la tradición de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Y, además, con una Guardia Nacional de carácter militarizado”, indica Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política, con sede en Berlín, en entrevista con DW.
La Guardia Nacional, en funciones desde comienzos de diciembre de 2018, ha sido la propuesta más polémica del Gobierno. Expertos de la ONU en Derechos Humanos advirtieron en un comunicado que el organismo "daría carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizado”, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México destacó que el proyecto no garantiza que se podrá "terminar con la impunidad”.
Paradójica propuesta, Pero, sobre todo, hay dudas de que ayude a cumplir el objetivo de frenar la violencia en México. "Creo que uno de los puntos que comparten todos los organismos de Derechos Humanos en su diagnóstico sobre la crisis de violencia en el país, es que el Ejército nunca fue parte de la solución, y desde el inicio fue parte del problema”, señala a DW Anne Huffschmid, investigadora de la Universidad Libre de Berlín. Apunta que la militarización del combate a las drogas fue lo que llevó a la escalada.
"Justamente partiendo de ese diagnóstico, resulta bastante paradójico –según la percepción de prácticamente todos los expertos que llevan trabajando estos nexos entre Ejército, crimen organizado y violencia desde hace mucho tiempo-, que delegar la responsabilidad por la seguridad pública interna al Ejército pueda contribuir a bajar los índices de violencia”, subraya la especialista en México.
En este contexto, resalta que incluso diputados del partido que llevó a López Obrador a la presidencia se están distanciando del proyecto de la Guardia Nacional.
Para Günther Maihold, "esta propuesta es muy limitada porque no está realmente a la altura de las exigencias que plantea la realidad del país”. A su juicio, se requieren políticas que van más allá de la represión y la militarización. Por lo demás, considera ineficaz el concepto de una Guardia Nacional si no está "acompañado de un planteamiento de modernización de cambio en las diferentes agrupaciones policiacas del país”.
Confianza y control democrático. Sin medidas de esa naturaleza, será difícil impedir que vicios como la corrupción vuelvan a enquistarse en la nueva estructura, aunque uno de los propósitos que alientan la propuesta de Lopez Obrador sea probablemente liberarse de ese lastre. "En materia de confianza, los militares están muy por delante de la Policía y otros órganos de esa índole” en las encuestas, hace notar Maihold, conjeturando que esa puede haber sido la base de la iniciativa del presidente.
La violencia delictual y el crimen organizado no solo constituye un reto para México. Y este tampoco es el único país donde se mira hacia las Fuerzas Armadas buscando una salida. "Los militares están de vuelta en muchas funciones", afirma Maihold. Y reconoce que, en ese sentido se ha roto un tabú en la región, pero subraya que "lo esencial es siempre que haya un control democrático de las Fuerzas Armadas”.