El zika plantea preocupaciones acerca de los bebés que nacen con problemas médicos significativos, y algunos médicos y defensores de la salud reproductiva piensan que el virus debería crear otra excepción para el aborto.
Por Alexandra Minna Stern. El aborto está totalmente penalizado en seis países de la región. En El Salvador, por ejemplo, las mujeres que tienen abortos pueden enfrentarse a la cárcel. En muchos otros países, como Brasil y Colombia, el aborto es permitido sólo en casos de violación, incesto o malformación fetal.
El zika plantea preocupaciones acerca de los bebés que nacen con problemas médicos significativos, y algunos médicos y defensores de la salud reproductiva piensan que el virus debería crear otra excepción para el aborto.
A pesar de que el aborto está prohibido en gran parte de América Latina, las mujeres todavía lo buscan, arriesgándose legal y físicamente. De hecho, el 13% de las muertes maternas (la cuarta causa más importante de la región) se puede atribuir a abortos inseguros.
La preocupación por Zika podría conducir a un cambio real para la salud reproductiva de millones de mujeres en la región. Pero esto sólo puede suceder si la expansión del aborto y la contracepción se basa en los derechos humanos y la equidad en salud reproductiva, y no principalmente por los temores de bebés con no saludables.
El aborto está restringido en la mayor parte de América Latina. El aborto está completamente penalizado, sin excepciones, en El Salvador, Chile, República Dominicana, Haití, Nicaragua y Surinam. En El Salvador, entre 30 a 40 mujeres están cumpliendo penas de prisión por buscar abortos.
En muchos otros países, como Argentina, Costa Rica, Bolivia, Brasil y Colombia, se permite el aborto bajo ciertas circunstancias.
En Brasil, por ejemplo, el aborto es permitido desde 1940 en casos de violación o si peligra la vida de la mujer. Las mujeres que buscan abortos fuera de estas excepciones y los médicos que realizan el procedimiento pueden ser encarcelados.
En 2012, el Tribunal Supremo de Brasil confirmó la anencefalia (ausencia de partes del cerebro y el cráneo en el feto) como una condición justificable para la terminación de un embarazo, creando una nueva excepción.
Autoridades sanitarias de Brasil han sugerido que las mujeres eviten el embarazo hasta que la crisis del zika haya terminado. Aunque las mujeres brasileñas están usando anticonceptivos a una lenta pero creciente tasa de aumento, un 81% en el 2006 comparado con el 78% en 1996, existen importantes divisiones de región y clase cuando se trata de acceso a anticonceptivos.
En 2006, la Corte Constitucional de Colombia emitió la Decisión C-355, lo que garantiza tres excepciones de salud para el aborto: cuando se pone en peligro la salud de la mujer, cuando hay malformaciones graves que hacen que el feto no sea viable o cuando el embarazo es consecuencia de actos criminales, como la violación o incesto. La decisión se basa, en parte, en la acción a partir de dos grupos llamados de la Mujer Link Worldwide y La Mesa.
Ahora que el zika se está extendiendo en Colombia, afectando a unas 6.300 mujeres embarazadas, algunos médicos y defensores de la salud de las mujeres están mirando la posibilidad de otra excepción.
Mientras que se discute esa posibilidad, están instando a las mujeres en edad fértil a evitar el embarazo, una sugerencia tan problemática como poco realista. Colombia tiene altos niveles de embarazo no deseado, y el control de la natalidad es caro.
El Salvador, Ecuador y Jamaica han hecho llamadas similares para las mujeres que retrasan el embarazo.
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¿Por qué se restringe el acceso a la anticoncepción y el aborto? Hasta la mitad de las mujeres sexualmente activas en América Latina tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción. Hasta el 58% de los embarazos en América Latina son no deseados (comparado con el 45% en Estados Unidos).
Hay muchos factores que explican por qué el control de la natalidad está fuera del alcance de muchas mujeres de América Latina. El costo puede ser una barrera importante para el acceso, pero no es el único.
La Iglesia Católica y las religiones evangélicas son incondicionales en su oposición al aborto y la contracepción. Incluso cuando existe un creciente apoyo público de control de la natalidad y el aborto, las legislaturas han sido excesivamente lentas para lograr un cambio.
Por ejemplo, a mediados de la década de 2000, el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva trató de ampliar el aborto en Brasil, destacándolo como un problema de salud pública importante. A pesar de un creciente apoyo público, no pudo obtener suficiente apoyo de su propio Partido de los Trabajadores de la izquierda (PT) para cambiar la ley.
La interpretación judicial con frecuencia invoca el derecho moral sobre la protección del derecho a la vida desde la concepción. Por ejemplo, tanto el Código Civil de Argentina como el Código Penal y la Constitución de Brasil sostienen que la vida comienza en la concepción. Esto ha sido invocado en muchos de los casos de aborto.
Por último, la cobertura de aborto por los principales medios tiende a ser negativa y refleja los valores patriarcales respecto a la maternidad y la reproducción.
Estos obstáculos son la razón por la cual grupos de derechos de la mujer y defensores de la salud reproductiva, como los que argumentaron a favor de excepciones en Colombia, han utilizado estratégicamente razones de reducir el daño y de excepción para abrir brechas en las acorazadas políticas de aborto.
¿Dónde hay aborto legal en América Latina? El aborto es legal y accesible en pocos lugares de América Latina.
En 1979 Cuba legalizó totalmente el aborto y la puso a disposición de parte de los servicios de salud en general.
En 1995 Guyana permitió a las mujeres obtener información sobre abortos en las primeras ocho semanas de embarazo. Después de eso, el aborto está disponible bajo ciertas circunstancias solamente.
En 2007, tras campañas que incluyeron grupos de mujeres, legisladores y ONGs, Ciudad de México resistió la política nacional y despenalizó el aborto en el primer trimestre. La decisión se basa en los derechos humanos, salud reproductiva e incluso argumentos teológicos favorables.
En 2012, Uruguay hizo aborto disponibles a pedido en las primeras 12 semanas de embarazo, después del período de cinco días de reflexión para la mujer que busca el aborto. Después de eso, los abortos están permitidos en casos de violación y cuando la salud de las mujeres está en peligro.
Las semillas de este cambio fueron plantadas a mediados de la década de 2000 con la implementación de un “modelo de reducción de daños”, que permitió a las mujeres inducir abortos utilizando drogas como Mifeprex. Aunque esta ley depende de la lógica de la excepción de salud, fue aprobada en medio de creciente énfasis en la equidad de salud. Desde su aprobación, las muertes maternas por aborto han disminuido notablemente en el país. Uruguay tiene la tasa de muerte materna tercera más baja en las Américas, después de Canadá y los Estados Unidos.
Como era de esperar, la anticoncepción también es más accesible y aceptada en los países donde las leyes de aborto son menos restrictivas. Por ejemplo, una encuesta de 2014 del Pew Research Center encontró que sólo el 5% de las personas en Uruguay creen que la anticoncepción es moralmente incorrecta, comparado con el 45% en El Salvador.
Los abortos clandestinos son un importante problema de salud pública. El zika es una emergencia pública en América Latina, lo que obliga a las naciones dedicar recursos para frenar su propagación continua. Pero el aborto inseguro es otra crisis de salud pública que enfrenta la región.
América Latina tiene la mayor incidencia de aborto inseguro en el mundo, resultando en aproximadamente 1.100 muertes maternas por año. Según el Instituto Guttmacher, de los 4,4 millones de abortos que se llevaron a cabo en toda América Latina en el 2008, el 95% eran inseguros. Alrededor de 760.000 mujeres son hospitalizadas por complicaciones de estos procedimientos de baja calidad.
Muchas de las mujeres perjudicadas son indígenas, de bajos ingresos o viven en zonas rurales. Puede que no tengan dinero ni recursos para obtener abortos legales en clínicas privadas o para hacer un caso de una excepción basada en una violación o incesto.
De hecho, 1,6 millones de mujeres son violadas cada año en América Latina, haciendo que el acceso a la anticoncepción de emergencia y el aborto aún más crítico.
El brote del zika tiene el potencial de promover un cambio en las políticas de aborto y el control de la natalidad en toda América Latina. Sin embargo, estas opciones de salud reproductiva no deben ser simplemente enmarcadas como soluciones a la última crisis de salud o de bebés con malformaciones. Las mujeres necesitan tener acceso a anticoncepción y aborto legal y seguro ya sea si viven en un área donde el zika está activo, o no.
Siguiendo el ejemplo de Uruguay y Ciudad de México, enmarcando el aborto y la anticoncepción en términos de derechos humanos y de equidad en salud reproductiva podría ayudar a expandir el acceso a estos servicios críticos para millones de mujeres.
