La nueva edición de la lista, realizada por la organización constituida por un grupo de editores de todo el mundo para difundir a los periodistas cuyas libertades están siendo atacadas, incluye a la mexicana Lydia Cacho, la colombiana Claudia Duque y el cubano Roberto Jesús Quiñonez.
One Free Press Coalition, organización que agrupa a editores en todo el mundo para difundir información sobre los periodistas que están bajo ataques, presentó una nueva edición de la lista de los 10 casos más urgentes de profesionales de la comunicación cuyas libertades de prensa están siendo suprimidas o cuyos casos buscan justicia.
La séptima lista de los "10 más urgentes", que fue publicada por todo los miembros de la coalición este martes, mantiene en la primera posición a Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post asesinado y cuyo caso sigue sin recibir justicia a través de una investigación criminal independiente.
En esta versión, tres periodistas latinoamericanos forman parte de la lista: la mexicana Lydia Cacho, la colombiana Claudia Duque -que repite por segunda ocasión- y el cubano Roberto Jesús Quiñonez.
Periodistas de México y Colombia han destacado recurrentemente en las siete ediciones de los "10 más urgentes" publicados este año.
La lista apunta a destacar cinco casos de nuevos periodistas cada mes, mientras mantiene a otros cinco profesionales cuyas situaciones continúan demandando atención. A continuación, la clasificación según la urgencia:
1- Jamal Khashoggi (Arabia Saudita). El 2 de octubre se cumplirá un año desde el asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Hasta la fecha, no ha habido una investigación judicial independiente, a pesar de los hallazgos de la ONU y la CIA que apuntan a la participación del príncipe heredero saudita -Mohamed bin Salman- y pide a la Casa Blanca que publique informes de inteligencia; ni tampoco por la presión del Congreso para que la administración Trump aplique la Ley Global Magnitsky.
2- Lydia Cacho (México). A pesar de la protección proporcionada por el gobierno desde 2009, una de las periodistas de investigación más conocidas de México, Lydia Cacho, continúa sufriendo ataques de represalia por sus informes independientes y su trabajo para promover la libertad de expresión. En julio, ladrones irrumpieron en su casa, mataron a sus mascotas y robaron dispositivos electrónicos que contenían información sobre casos de abuso sexual que estaba investigando. A lo largo de su carrera, también ha experimentado amenazas de muerte, violencia sexual, encarcelamiento y un intento de asesinato.
3- Erick Kabendera (Tanzania). Después de que la policía detuvo al periodista independiente Erick Kabendera el 29 de julio, cuestionando su estatus de ciudadanía (que previamente ha sido investigado y aprobado), fue acusado el 5 de agosto de lavado de dinero, evasión de impuestos y asistencia a una estafa de crimen organizado. Los cargos parecen ser esfuerzos para justificar la detención y represalia del gobierno por su periodismo crítico, incluyendo informes recientes sobre supuestas divisiones en el partido gobernante de Tanzania para el semanario regional The East African. El cargo de lavado de dinero lo descalifica para la fianza. Este cargo podría llevar a una pena de prisión de hasta 15 años.
4- Claudia Duque (Colombia). En una carrera de 26 años como periodista de investigación, los informes de Claudia Duque han estimulado la apertura de casos penales contra miembros del Ejército y trabajadores políticos y judiciales. Durante ese tiempo, sin embargo, ha sufrido secuestros, vigilancia ilegal y tortura psicológica. En julio, el tribunal que supervisó el juicio de los acosadores de Duque emitió una orden judicial que le prohíbe interrogar al tribunal o los perpetradores y dar opiniones sobre el juicio. Si la orden de mordaza se mantiene, Duque podría enfrentar una sentencia de prisión de 10 años si habla sobre la impunidad que rodea su caso.
5- Azory Gwanda (Tanzania). Azory Gwanda, un periodista independiente que investigaba asesinatos misteriosos en zonas rurales de Tanzania, ha estado desaparecido desde el 21 de noviembre de 2017. El gobierno no ha llevado a cabo una investigación creíble ni ha proporcionado respuestas claras sobre su destino. El 10 de julio, el ministro de Relaciones Exteriores de Tanzania, Palamagamba Kabudi, dijo en una entrevista que Gwanda había "desaparecido y muerto", pero luego se retractó en medio de solicitudes de aclaración.
6- Roberto Jesús Quiñones (Cuba). El 22 de abril, la policía cubana golpeó y detuvo a Roberto Jesús Quiñones mientras cubría un juicio como colaborador de CubaNet. Tras su liberación cinco días después, las autoridades cubanas alegaron que su conducta durante la detención constituía "resistencia" y "desobediencia", por lo que impusieron cargos y una multa. El 7 de agosto, un tribunal municipal de la ciudad cubana de Guantánamo lo condenó a un año de prisión por negarse a pagar la multa. El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, condenó la decisión por mostrar "desprecio flagrante de las normas legales".
7- Aasif Sultan (India). En medio de un apagón de comunicaciones que duró una semana en Cachemira, en agosto, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) documentó la detención y el acoso de al menos tres periodistas, dos de los cuales han sido liberados. A ellos se suma Aasif Sultan, un reportero del Kashmir Narrator, que lleva más de un año tras las rejas. Fue arrestado durante una redada en su casa en agosto de 2018, meses después fue acusado de "complicidad" en "albergar terroristas" y ha sido interrogado repetidamente. Se le pidió que revelara sus fuentes de una historia de portada sobre un líder militante asesinado en julio de 2016.
8- Azimjon Askarov (Kirguistán). El galardonado periodista Azimjon Askarov, quien es de etnia uzbeka y ha contribuido a sitios web de noticias independientes, incluida Voice of Freedom, ha pasado nueve años en prisión acusado de haber inventado violaciones de los derechos humanos. A pesar de la persistente condena internacional y los llamados para la liberación de Askarov, un tribunal de Kirguistán que había revisado su caso a la luz de la nueva legislación, dictaminó cumplir su cadena perpetua el 30 de julio.
9- Khadija Ismayilova (Azerbaiyán). Después de exponer los flujos de dinero y las propiedades que el presidente de Azerbaiyán y su familia utilizaron para enriquecerse en 2014, la periodista de investigación Khadija Ismayilova pasó 537 días en la cárcel. El acoso surgió nuevamente el mes pasado, cuando los tribunales confirmaron los cargos de evasión fiscal en su tiempo como jefa de la oficina de Radio Free Europe/Radio Liberty hace una década, una entidad sin fines de lucro que no está sujeta al impuesto. Además, Ismayilova está sujeta a una prohibición de viajar, sanciones financieras, activos congelados y la imposibilidad de informar.
10- Masoud Kazemi (Irán). En junio, los tribunales condenaron a Masoud Kazemi, editor en jefe de la revista política Sedaye Parsi, a cuatro años y medio de prisión acusado de difundir propaganda antiestatal e insultar al líder supremo y a otros funcionarios iraníes. Los cargos se derivan de las publicaciones que Kazemi hizo en Twitter en noviembre de 2018 que transmiten sus informes sobre corrupción en el Ministerio de Industria de Irán. Después del encarcelamiento, también estará sujeto a una prohibición de dos años de trabajar como periodista.
Una lucha permanente. Con la publicación de la séptima edición, Randall Lane, director de Contenido de Forbe, destaca la lucha que han emprendido desde One Free Press Coalition "por aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos y exigen justicia para aquellos que son penalizados por tener una voz".
"El objetivo de la Coalición es continuar arrojando luz sobre estos casos críticos mientras esperamos resoluciones que no infrinjan la libertad de prensa", añadió.
One Free Press Coalition trabaja en sociedad con el Comité para la Protección de las Periodistas (CPJ) y la International Women’s Media Foundation (IWMF) para identificar los casos más urgentes de la lista, que se actualiza y publica el primer día de cada mes.
La misión de la Coalición es utilizar las voces colectivas de sus miembros, que llegan a más de mil millones de personas en todo el mundo, para "defender a los periodistas atacados por perseguir la verdad".
