El Ejecutivo pide que las obligaciones y facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sean ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y, en el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por la Secretaría de Economía.

Los reguladores autónomos que cuentan con autonomía presupuestaria y de gestión, pero que además no rinden cuentas al Ejecutivo sino de manera directa al Congreso y se encargan de la competencia en los mercados económicos tanto de telecomunicaciones como del resto de los mercados, o sea, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), desaparecerán, según la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer lunes 5 de febrero al Congreso.

En su iniciativa de reforma a la administración pública para la extinción de organismos de carácter autónomo, el Ejecutivo pide que las obligaciones y facultades de ambos organismos sean ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en el caso del primer órgano, y de la Secretaría de Economía, en el segundo de éstos.

El IFT, según su misión, regula a más de 3.200 agentes que se dedican a la radiodifusión y telecomunicaciones e incluyen a las empresas de uno de los hombres más ricos del mundo: Telcel y Telmex, de Carlos Slim. La Cofece, regula a todos los demás mercados.

Por considerarlos onerosos, el Ejecutivo pretende anular su existencia. En el caso del IFT, el Artículo 27 elimina los párrafos que le confieren a este organismo la facultad de otorgar concesiones para las actividades de radiodifusión y telecomunicaciones, que ahora serían otorgadas por el Ejecutivo, igual que en el resto de las actividades económicas del país.

A la vez, en el Artículo 28 dice que “el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión garantizará el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes”. Esta dependencia es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

De la misma forma, en el Artículo 28 también se borra la existencia de la Cofece en la iniciativa que se envió al Congreso, al anular al organismo ordenando que el Estado garantizará la libre competencia y concurrencia a través de la dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, que es la Secretaría de Economía, contará con las facultades necesarias para cumplir con dicho objeto, tales como ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia, dice la propuesta a la modificación de la Carta Magna.