Una de las prioridades se vincula con el proyecto de ley de Infraestructura Crítica, el cual permite que las Fuerzas Armadas participen en la protección de la frontera; como la ley requiere de una tramitación que demora, se establecerá una norma transitoria para, mientras se discute, el Presidente pueda establecer esta custodia mediante un Decreto de Fuerza de Ley.

La situación de la migración irregular se volvió a tomarse el debate político. La sesión de Gobierno Interior de la Cámara recibió a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para conocer la opinión del Ejecutivo sobre cinco proyectos que modifican la Ley 21.325 de Migración y Extranjería en diferentes materias: notificación; recursos administrativos; y reconducción de extranjeros.

Recordemos que la Ley de Migración y Extranjería se promulgó el 11 de abril de 2021 y publicada el 20 del mismo mes.

La jefa de la cartera de Interior, dijo que el marco de las mociones van en una orientación que ellos comparten para hacer una mejor regulación del control migratorio y fronterizo.

En una segunda parte, Tohá planteó los planes de La Moneda para avanzar en esta materia. Una de ellas tiene relación con el proyecto de ley de Infraestructura Crítica, el cual permite que las Fuerzas Armadas participen en la protección de la frontera; como la ley requiere de una tramitación que demora, se establecerá una norma transitoria para, mientras se discute, el Presidente pueda establecer esta custodia mediante un Decreto de Fuerza de Ley.

Los demás son parte de los acuerdos que se adquirieron en el compromiso nacional de seguridad.

“Uno de ellos consiste en establecer que toda la franja fronteriza, a 10 kilómetros de la frontera, se habilite el proceso de control fronterizo que se hace hoy día solo en el límite”, dijo la secretaria de Estado.

Cuestionan ampliación del control de identidad

El diputado Johannes Kaiser, del Partido Republicano, agradeció la exposición de la Ministra, pero criticó la medida de la ampliación del control de identidad.

“Cómo prueba usted si está dentro o fuera del marco de los 10 kilómetros. Es un tema que podría ser complejo. ¿Qué, van a andar con GPS marcando dónde estaban exactamente? No necesariamente todas las unidades chilenas tienen ese tipo de adminículos y no sé si los aceptará el Poder Judicial como medio de prueba”, sostuvo el legislador.

Por otro lado, la diputada independiente de la bancada del Frente Amplio, Clara Sagardía, solicitó que también se considere otro factor relacionado con la migración irregular que no tiene relación con la expulsión.

“Me preocupa que otros migrantes, que si bien son irregulares, están haciendo trabajo productivo en muchos lugares y no nos hemos preocupado de ellos, si están siendo bien atendidos. Porque yo en la región -del Bío Bío- que represento tengo conocimiento de que muchos son trabajadores son, por no decir esclavizados, sino semiesclavizados y no tienen lugares aptos para ser trabajadores“, manifestó la diputada.

La instancia acordó continuar con el trabajo entre la ministra Tohá y la Comisión de Gobierno Interior para avanzar con la mayor celeridad posible en este tema.