Para la CCS, el aumento de cotización en siete puntos para los empleadores “podría reducir el empleo formal hasta en un 3,4% y disminuir los salarios en torno al 5%”.
La Sofofa y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) fueron dos de los gremios que reaccionaron a la aprobación de la Reforma de Pensiones, durante la tarde del miércoles.
Por parte del gremio presidido por Rosario Navarro, señalaron valorar la probación del proyecto “tras más de una década de discusiones, lo que permite mejorar las condiciones de jubilación y aumentar el ahorro en Chile”.
Con todo, Sofofa enfatiza que “el sector empresarial será el principal contribuyente de los cambios propuestos”, por lo que sostienen es “urgente” un impulso para una agenda más ambiciosa que recupere la competitividad, se logre “reducir la carga tributaria y fomentar un mercado laboral dinámico”.
“También es urgente una agenda para la adaptación tecnológica ante disrupciones como la inteligencia artificial. Llamamos a crear un clima propicio para el crecimiento, la inversión y la generación de empleos de calidad”, dijo Rosario Navarro.
Sofofa y CCS reaccionan a reforma de pensiones
Por otro lado, la CCS fue más crítica y extensa en su análisis de la aprobada Reforma.
Si bien valoraron los esfuerzo por mejorar las pensiones, y destacaron como positivo el aumento del ahorro previsional y el avance en protección social por el aumento de la PGU, el gremio del comercio capitalino advierte que el aumento de cotización en siete puntos para los empleadores “podría reducir el empleo formal hasta en un 3,4% y disminuir los salarios en torno al 5%”.
Por otro lado, afirman que sectores intensivos en mano de obra, junto con las MiPymes, enfrentarían mayores costos laborales, y aunque “el paquete tributario de mitigación ofrece cierto alivio, no neutraliza los efectos sobre el empleo ni los ajustes salariales” que tendrán que hacer las empresas.
La presidenta de la CCS, María Teresa Vidal, dijo que “la reforma tiene elementos positivos en términos de aumentar el ahorro previsional y mejorar las pensiones de los trabajadores, pero es fundamental considerar los impactos que podrían comprometer esos mismos objetivos”.
“Se deben, además, mitigar los impactos con una agenda laboral que simplifique la inversión y cree incentivos importantes a la generación de empleo formal”, agregó.
La CCS también apuntó que el alza de la PGU genera un “incentivo hacia la informalidad” que debe ser analizado más a profundidad, además que la cotización adicional de 1,5% para compensar las pensiones de las mujeres refuerza -según el gremio- la necesidad de revisar las edades de jubilación.
Por último, cuestionaron la eficiencia del aporte diferido con rentabilidad protegida -el “préstamo”-, junto con las dudas en materia de sostenibilidad fiscal tras las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo.
La posición de las AFP
Desde AFP Chile expresaron que “valoramos que esta nueva ley busque aumentar el ahorro en las cuentas de capitalización individual de los afiliados, recogiendo atributos altamente valorados por la ciudadanía como la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones, y la libertad de elegir quien administra sus ahorros”.
Sin embargo, advirtieron algunas medidas que podrían perjudicar las pensiones de los trabajadores y otros problemas que surgirían a largo plazo.
“Creemos que: incorporar al sistema de pensiones 1% -y más- de reparto para financiar beneficios definidos; destinar 1,5% de la remuneración a un préstamo obligatorio; abrir el ingreso del Estado a la administración de los ahorros previsionales, junto con la participación del IPS como un actor en la administración con el potencial riesgo de una competencia desleal y trato injusto respecto de los actuales participantes; introducir un mecanismo de licitación enfocado en comisiones sin conocer la voluntad expresa de los afiliados, ni establecer incentivos efectivos que estimulen la búsqueda de mayor rentabilidad; y relajar los niveles de respaldo requerido a los administradores, son todas medidas que debilitarán las pensiones de los trabajadores de hoy y del futuro“, explicaron.
En la misma línea, fueron críticos con el financiamiento. “Reiteramos que la solidaridad, si bien es deseable y necesaria, debiera hacerse con impuestos generales, o bien con un endeudamiento estatal transparente y en los mercados financieros. La solidaridad no debe financiarse con la remuneración de los trabajadores ni con la incorporación de reparto, ya que se termina perjudicando las pensiones de aquellos que, con mucho esfuerzo, cotizan y trabajan formalmente”.
“No se debe dejar de lado, además, un elemento clave en la discusión de pensiones, que es la mayor longevidad, la que a su vez está haciendo inviable los sistemas de reparto en el mundo”, añadieron.
AFP Chile también señaló que como la institucionalidad previsional opera a largo plazo, “el costo lo pagarán generaciones completas de pensionados y, una vez producidos sus efectos, enmendarlos toma también largos períodos de tiempo”.
“Aún faltan que se dicten numerosas normas administrativas para la implementación de la reforma recién aprobada, las que también pueden ser trascendentales para el futuro de las pensiones y del país, por lo que esperamos que el sistema político y las autoridades técnicas responsables de emitirlas, trabajen con el rigor técnico que se requiere“, concluyeron.
