Este domingo, el país sudamericano nuevamente va a las urnas para decidir sobre un nuevo borrador de Constitución que reemplazaría a la carta fundamental de 1980. ¿Terminará esto con la incertidumbre política y la baja inversión del país?

“La dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización".

Así comienza el primero de un total de 216 artículos –sin contar las 72 disposiciones transitorias– de la actual propuesta de Constitución Política propuesta para Chile, la que fue elaborada y aprobada por un Consejo Constitucional, elegido el día 7 de mayo, el que trabajó desde junio hasta noviembre de 2023.

Concluyendo este proceso, el domingo 17 se deberá votar entre las posiciones ‘A favor’ y ‘En contra’, en contraposición a las alternativas ‘Apruebo’ y ‘Rechazo’ de septiembre de 2022, en las que ganó por un amplio margen de 68% el ‘Rechazo’.

Pero, a diferencia del proceso del año anterior que concitó un masivo interés, en este se ha hablado de un desgaste y una apatía constitucional donde ambas opciones están prácticamente pareadas y donde se prevé una alta abstención o bien un alto porcentaje de anulación de los votos.

La razón no está del todo clara, pero podría relacionarse con un sentimiento de imposición tras la votación del año pasado.

“Este último proceso no fue consultado a la ciudadanía, sino que fue más bien una decisión de un grupo de partidos políticos que creyeron que el proceso constituyente era necesario y era una fórmula para evadirse de los problemas de fondo que está evidenciando el país”, comenta el analista político de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) Máximo Quitral Rojas.

ASPECTOS POLÍTICOS

El proceso constitucional chileno surgió del estallido social de octubre de 2019 en el que se salió a marchar por meses para destruir un capitalismo de 30 años que había vuelto desigual y sin esperanzas a la sociedad chilena y donde el culpable pronto resultó ser la carta magna de 1980, creada en dictadura.

Si bien esa Constitución sufrió grandes cambios en 2005 bajo el mandato del socialista Ricardo Lagos (2000-2006), de todos modos, buena parte de la clase política consideró que un proceso refundacional podía calmar los ánimos tras semanas de incendios, protestas y saqueos.

Hoy, esta “cocina política” parece haber cumplido ese propósito inicial, pero ha dejado al país con la sensación de encontrarse en un lugar histórico y económico peor que el que tenía en 2019.

A 48 horas del plebiscito, las más recientes encuestas de las firmas Criteria estiman 68% de votos ‘En contra’ y 32% ‘A favor’, mientras que Cadem da casi un empate de 55% versus 45%.

Aunque no cree que estén del todo acertadas, Quitral señala que la opción negativa tiene una posibilidad importante de imponerse el fin de semana. 

“Es muy probable que los indecisos decanten por el ‘En contra’, ya que ha sido la tendencia mayoritaria durante todo el proceso”, agrega. 

Diversos políticos locales consideran que, independiente del resultado, el ganador de todo este proceso sería la derecha ya que, si se aprueba el texto, generado por un consejo constitucional principalmente de extrema derecha o si gana la opción por mantener la antigua Constitución, en ambos casos las dos cartas fundamentales son documentos pro libre mercado y conservadores.

Para Quitral, independientemente del resultado, las fuerzas políticas del país se van a ver resentidas con el resultado final. 

“Si gana la opción ‘En contra’, evidentemente Chile Vamos [la alianza de partidos de derecha] va a resentir ese resultado. Si triunfa la alternativa ‘A favor’, se va a producir un problema dentro del pacto, porque quien controla particularmente todo el proceso constituyente es el Partido Republicano que va, de cierta forma, a adjudicarse ese triunfo”, explica Quitral a AméricaEconomía.

El analista destaca el oportunismo en este nuevo proceso, donde “curiosamente aquellos que en más de una ocasión dijeron que Chile no necesitaba una constitución, como el excandidato presidencial José Antonio Kast, quien ahora sí está convencido de que se requiere una nueva carta magna. Y si en el anterior proceso él estaba con el ‘Rechazo’ y ahora está con el ‘A favor’”, complementa. 

SEÑALES ECONÓMICAS

Aunque los dos bloques políticos en torno al plebiscito parecen irreconciliables –la campaña del ‘A favor’ se enfocó en desear que los que estuvieron por el ‘Apruebo’ y que ahora buscan la opción ‘En contra’, deberían “joderse”- sí existe un punto de unión. Y es que de lado y lado se busca terminar con el proceso para salir de la incertidumbre y poder enfocarse en dar gobernabilidad al país.

Chile hoy pasa por un momento complejo, con una salida de capitales que se mantiene alta y un creciente número de contribuyentes de altos patrimonios que piden cambio de domicilio tributario. Según cifras del Banco Central, hasta fines del tercer trimestre han salido del país US$ 3.927 millones, un poco menos que el año previo, pero desde el estallido social, han salido más de US$ 30.836 millones. 

En contraposición, la agencia de inversiones del gobierno tomó también datos del Banco Central respecto de inversión extranjera directa (IED) correspondientes al período enero-agosto, destacando que muestran un acumulado de US$ 14.495 millones, similar a lo registrado en el mismo período del año 2022, en que se anotaron US$14.515 millones, con un promedio del último quinquenio de US$ 13.923 millones. 

Pero InvestChile no agrega que en esos cinco años ocurrió el estallido social y la pandemia, ambos grandes desestabilizadores de la economía chilena.

Los instrumentos de deuda, en tanto, presentaron un flujo negativo por US$1.118 millones, motivado por la mayor cantidad de amortizaciones por sobre los ingresos.

“Chile es un mercado demasiado pequeño como para abstraerse de lo que ocurra en la economía del mundo. No hay mayores capacidades de poder enfrentar los avatares de la economía mundial”, explica a AméricaEconomía Rafael Pizarro, director de Administración Pública de la UTEM. 

Como ejemplos se pueden citar una inflación global en descontrol, una tasa de desempleo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 4,9%, o 33.4 millones de personas, con España, Colombia y Grecia, liderando

De todos modos, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) ha mejorado sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe para 2023, desde el 1,5% que calculaba el pasado mes de septiembre hasta el 2,2% que prevé actualmente, cinco décimas más.

Al mismo tiempo, de cara al próximo año, el organismo pronostica que la economía de la región crecerá un 1,9%, lo que supone una revisión al alza desde las estimaciones del pasado septiembre, cuando calculaba un 1,5% de expansión.

En ese panorama, Chile podría crecer un 0,1% este año.

“En general, somos un país austero económicamente en términos de gasto fiscal y, por tanto, eso genera algún tipo de garantía desde la lógica macroeconómica y, particularmente, en materia de política fiscal”, agrega Pizarro. 

Aun así, no es difícil encontrar cifras macroeconómicas negativas para Chile: el desempleo se ubicó en 8,9% en el trimestre móvil agosto-octubre, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra supone un incremento de 0,9 puntos porcentuales en 12 meses, la duodécima alza consecutiva. 

En tanto que la tasa de variación anual del IPC en noviembre de 2023 ha sido del 4,8%, 2 décimas inferior a la del mes anterior, con una variación mensual del 0,8%, de forma que la inflación acumulada en 2023 es del 4,5%. Pero a pesar de que es ostensiblemente menor al 13% de 2022, esta jornada se dio a conocer un informe UFRO que revela que precio de alimentos en Chile subió 50% desde la pandemia, superando ampliamente al IPC general.

De todos, esta semana Fitch Ratings decidido mantener la calificación crediticia de Chile en 'A-', con perspectiva estable, respaldándose en determinados aspectos macroeconómicos que se encuentran en una posición "sólida”.

La agencia ha valorado el balance soberano relativamente sólido, con una ratio de deuda pública sobre PIB muy por debajo de sus pares, así como el historial de políticas macroeconómicas creíbles centradas en un régimen de metas de inflación y un tipo de cambio flexible.

Al analizar lo que ocurra con el segundo borrador de una nueva Constitución la firma ha comentado que su aprobación no perjudicaría el modelo económico de Chile ni aumentaría significativamente el gasto público.

Al revés, la incapacidad de aumentar los impuestos para abordar las presiones de gasto es un riesgo, ya que esto podría resultar en un renovado descontento social o un deslizamiento fiscal.

“Ocurra lo que ocurra el domingo, este proceso se cierra, por lo menos en el corto plazo. Y cuando hablo de corto plazo, hablo de los próximos cuatro años. Y eso, de alguna manera, genera condiciones óptimas en ese sentido”, considera Pizarro. 

En tanto que Quitral cree que Chile vive un proceso de incertidumbre desde hace mucho y no necesariamente este proceso constituyente lo podría resolver. 

“Mucho de la situación de incertidumbre económica, política, está dada por el propio gobierno que, en el fondo, en este juego constituyente, está más preocupado de que el proceso se lleve a cabo y para qué decirlo en el proceso anterior, más que aplicar una agenda política que resuelva los temas de fondo”, detalla el analista político.

Rafael Pizarro, por su lado, considera que Chile tiene una crisis de convivencia interna, con violencia, pero también con elementos de exclusión que hacen difícil sostener el desarrollo en el tiempo, como niveles de endeudamiento alto, costos de vida que van creciendo, aumento de la empleabilidad informal.

“Todo eso ya provoca un desafío importante que tiene que ser recogido desde el ámbito de la política, desde el ámbito de la economía, desde el ámbito social, y se requieren grandes acuerdos en esa perspectiva. La utilización y la generación de trincheras políticas hoy en día no está beneficiando al país, y eso es responsabilidad de la oposición y también del gobierno”, detalla.

El proceso constituyente, finalmente, no es central para ninguno de los dos entrevistados. 

“Los márgenes de incertidumbre se reducen en la medida que los gobiernos aplican políticas claras y lo que hemos visto en el último tiempo no va en esa decisión. Entonces, más que responsabilizar al proceso constituyente, uno también debería analizar cuál es el rol que tiene el gobierno en acrecentar estos márgenes de incertidumbre y me parece que son bastante altos”. 

Para Quitral, si gana la opción ‘A favor’ lo que no se ha dimensionado es que traerá una discusión de norma en el contexto y que puede tomar tiempo. 

“Por tanto, si los inversionistas están preocupados por el tema de la incertidumbre, ganando el ‘A favor’ la incertidumbre no va a desaparecer, porque ahí hay que ajustar la constitución y en ese ajuste podemos entrar en una especie de dimensión desconocida que puede ser muy perjudicial para el país. 

Para peor, el experto no siente que los problemas de fondo estén en vías de resolverse y las condiciones se pueden ir dando para que se presenten nuevas movilizaciones. 

“Los problemas del fondo no están resueltos y lo que es peor, se han ido agudizando (…) Chile ha visto movilizaciones [de descontento ciudadano] hace más de 20 años, por lo tanto, no es descabellado y tampoco es desproporcionado pensar en un escenario de esa naturaleza a futuro, producto de que las condiciones en las que se encuentra el país lo hacen muy frágil”, concluye.