Las denuncias de desapariciones siguen escuchándose pese a la caída drástica de la criminalidad tras la llegada al poder de Nayib Bukele.

Fuera de las fronteras de El Salvador, la labor de los padres y las madres buscadoras es poco conocida.

Caminan periódicamente por las calles y veredas del país centroamericano buscando pistas y pegando afiches con los nombres de sus desaparecidos en todos los árboles, postes y muros posibles, sólo para ver que pronto son arrancados por desconocidos.

Publican sus súplicas en redes sociales, pero casi siempre sólo reciben insultos. Pese a eso, persisten. Saben que su lucha es cuesta a arriba. Así, van sumando sus voces a miles otras que ya se oyen -sin respuesta- desde la guerra civil salvadoreña.

El delito de la desaparición forzada en El Salvador no termina con la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin al conflicto armado.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reporta que, entre 2005 y 2019, hubo unos 18.000 casos de personas desaparecidas.

En la actualidad, todavía "la desaparición puede afectar a cualquier hogar en El Salvador, sin importar los antecedentes de las víctimas", indica a DW el comisionado presidencial de derechos humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán.

"En el pasado, la violencia generada por las pandillas eliminó cualquier noción de seguridad basada en características demográficas, haciendo que cualquier persona -sin importar su edad, género o condición socioeconómica- pudiera convertirse en víctima. Aunque la situación ha mejorado, la amenaza de la desaparición sigue siendo una realidad que afecta a diversos sectores de la población", dice Guzmán, pero matiza que la migración podría ser una de las causas tras las cifras de desaparecidos: "Muchas personas dejan el país en busca de mejores oportunidades, a menudo sin informar a sus familiares, lo que lleva a que sean reportadas como desaparecidas".

En base a sus investigaciones, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) "ha determinado que las víctimas más frecuentes de las desapariciones son adolescentes y hombres jóvenes, entre los 15 y 30 años", explica Dina Martínez, directora de Acceso a la Justicia de dicha organización.

Agrega que "aunque las mujeres reportan menor incidencia, los registros de denuncias disponibles, desde 2010, indican que las niñas y las mujeres desaparecidas representan entre el 30 y el 40 por ciento".

Marielos Pérez, de la organización Alerta Raquel, explica que, según datos de su organización, las niñas, jóvenes y mujeres "desaparecen en contextos diferentes a los hombres".

Para poder entender la problemática son importantes los datos estadísticos, especialmente los oficiales. Estos podrían dar evidencia de la efectividad de las políticas públicas implementadas y, además, identificar las áreas que necesitan mayor atención de la sociedad.

En El Salvador, esto es un reto ya que no hay cifras actualizadas disponibles, lo que genera conclusiones contradictorias entre el Gobierno y las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.

"El Estado ha impulsado una política de opacidad de facto y, desde 2021, la información sobre personas desaparecidas, fosas clandestinas, entre otras, es completamente reservada, de forma tal que dificulta documentar posibles patrones en los casos y no permite realizar un análisis sobre los tipos y modalidades de desaparición que afectan a las víctimas. En términos generales, el Estado ha sostenido un discurso de negación del fenómeno y ha criminalizado a las víctimas", asegura Victoria Barrientos, oficial del Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

Desde la visión oficial y según el comisionado presidencial, "el régimen de excepción ha sido una herramienta crucial en la lucha contra la desaparición forzada y otros delitos graves en El Salvador. Estas medidas han permitido desmantelar numerosas redes criminales que anteriormente utilizaban la desaparición como un método de control y represión".

Guzmán sostiene que las bases de datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) registran -entre 2015 y 2020- a 7.291 personas desaparecidas.

"Estas cifras muestran una disminución significativa desde 2018, lo que refleja los esfuerzos realizados para combatir este problema. Es importante destacar que, según la Fiscalía General de la República (FGR), no se ha recibido ninguna denuncia por desapariciones forzadas en los últimos tres años, lo que subraya un avance significativo en la protección de los derechos humanos en El Salvador", sostiene Guzmán.

Dina Martínez, del FESPAD, rechaza esta información, subrayando que "para todos los registros sobre seguridad pública -especialmente sobre hechos delincuenciales y criminales, entre estos la desaparición de personas- hay una reserva de información. A partir de los casos que son denunciados, en redes sociales o ante las ONG que acompañan a las familias de personas desaparecidas, se puede presumir que hay un subregistro".

Así, mientras que de parte oficial se sostiene, por ejemplo, que la PNC reporta que en 2019 hubo 732 casos, y que en 2020 se registraron 540 personas desaparecidas, un informe de FESPAD -publicado en 2023- indica que, según sus registros, en 2019 hubo 2.875 personas reportadas como desaparecidas y en 2020 fueron 1.535.

Ante esta realidad, nueve organizaciones civiles que integran el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador (GTPD) lanzaron el denominado Registro Ciudadano de Personas Desaparecidas, porque "la respuesta estatal para enfrentar el fenómeno de las desapariciones -por particulares, como las pandillas y crimen organizado, y forzadas, como por agentes estatales en el régimen de excepción- en El Salvador ha sido poco efectiva", explica Victoria Barrientos.

"En El Salvador -pese a la adopción, en 2018, del Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas- no se creó un Registro de Personas Desaparecidas ni un Banco Genético de Victimas que podrían ayudar a esclarecer muchos casos. Por ello se elabora este nuevo registro ciudadanoz, para poder tener un número aproximado de personas desaparecidas, el cual no es el oficial, pues no podríamos asegurar que todas las víctimas de desaparición harán uso de este registro", explica Barrientos.

Por su parte, el comisionado presidencial llama "a toda la población a utilizar el portal oficial" de la Policía "para reportar cualquier desaparición" y así "activar de inmediato los protocolos de búsqueda, asegurando que cada caso reciba la atención que merece". Agrega que, para casos de niñez y adolescencia, la Fiscalía "también ha dispuesto el sistema Alerta Ángel Desaparecido".

De acuerdo con datos de la plataforma Statista, tras haber alcanzado su pico más alto en 2015, la tasa de homicidios en El Salvador ha venido disminuyendo dramáticamente en los años posteriores. En 2023, esta se situó en torno a los 2,4 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual no solo refleja un decrecimiento de más del 93% desde que Nayib Bukele asumió la presidencia del país centroamericano, sino que también constituye la tasa de homicidios más baja en todo el territorio americano.