Pese al terremoto político que desata la decisión, al convertirse en el primer expresidente de la historia de EE.UU. condenado en un caso penal, esto no impediría al expresidente republicano presentarse a las elecciones del 5 de noviembre, ya que no hay limitaciones basadas en la reputación o los antecedentes penales para postularse a cargos federales.

Este jueves el expresidente Donald Trump fue declarado culpable de falsificar documentos para silenciar una “aventura” con la actriz pornográfica Stormy Daniels.

Donald Trump se convirtió así en el primer expresidente condenado por delitos graves tras la decisión de un jurado de Nueva York  que le atribuyó 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016.

Según detallan medios internacionales, esto implica que el expresidente podría eventualmente ir a prisión. No obstante, no corresponde al jurado, sino al juez a cargo del juicio el fijar la pena.

Su condena queda en manos del juez Juan Merchan, quien anunciará su resolución el próximo 11 de julio.

En el estado de Nueva York, la falsificación de documentos contables se castiga con hasta cuatro años. Sin embargo, los expertos consideran improbable esa pena para alguien sin antecedentes penales.

En ese sentido, el juez podría considerar una pena alternativa como el servicio comunitario o una multa. En cualquier caso Trump podrá apelar al fallo y con ello evitaría ir a la cárcel.

Pese al terremoto político que desata la decisión, al convertirse en el primer expresidente de la historia de EE.UU. condenado en un caso penal, esto no le impediría a Trump presentarse a las elecciones del 5 de noviembre.

De acuerdo con el The New York Times, la Constitución de EE.UU establece muy pocos requisitos de elegibilidad para los presidentes: tener al menos 35 años, ser ciudadanos naturales “de nacimiento” y haber vivido en Estados Unidos al menos 14 años.

El citado portal añade que no hay limitaciones basadas en la reputación o los antecedentes penales. Pese a que en algunos estados se prohíbe a los delincuentes postular a cargos estatales y locales, estas leyes no son aplicables a los cargos federales.