El Gobierno maneja con hermetismo su política de seguridad, pero en su Plan Fénix está dotar de armamento y tecnología a policías y militares.

No perder más tiempo y actuar con inmediatez y contundencia, estados de excepción con una presencia de las fuerzas de seguridad real y con la instrucción de ir a hacer frente a la delincuencia organizada y a la violencia, son las acciones que varios gremios y sectores esperan concrete ya el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a través de su Plan Fénix, del que hasta ahora no se conocen mayores detalles.

La administración de Noboa maneja con hermetismo su política de seguridad y lo que sabe es que en sus planes está dotar de armamento y tecnología a policías y militares y la construcción de cárceles de máxima seguridad.

En lo que va de 2023 se han registrado 7.258 muertes violentas, según cifras oficiales. En las últimas horas el crimen de cuatros niños ha conmovido al país, más aún luego de que la Policía determinó que este ataque no iba dirigido a esa familia, sino a otra vivienda que estaba a pocos pasos del sitio.

Los menores de entre 5 meses y 7 años estaban en su casa de la cooperativa Guayas y Quil, sur de la urbe, cuando sicarios llegaron y los balearon. La madre también fue baleada y lucha por su vida y el padre recibió una herida leve.

El excandidato presidencial Jan Topic ha sido uno de los primeros en cuestionar a Noboa. Hizo un llamado urgente para ofrecerle su apoyo en materia de seguridad y pedirle no defraudar al país en estos momentos críticos ya que los ecuatorianos esperaban ver acciones desde el primer día.

“Usted nos prometió reducir la tasa de muertes violentas a casi cero, y el tiempo apremia. La sociedad civil está lista para colaborar; contamos con profesionales excelentes, patriotas dispuestos a ayudar. Sin embargo, Ecuador necesita un liderazgo que presente planes concretos, que brinde certeza sobre la dirección a seguir, cómo llegaremos allí y en qué plazo", dice.

Desde el sector productivo, José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, comenta que lo que esperan son acciones inmediatas y contundentes y aunque la situación actual del país no es responsabilidad del presidente, él acaba de asumir el liderazgo y si es su responsabilidad implementarlas.

“Las medidas no pueden ser parches ni medias tintas, tienen que ser contundentes especialmente en las zonas donde están identificados los problemas. Por dar un ejemplo, en zonas rurales donde operan sectores como el camaronero está plenamente identificado donde estamos siendo asaltados a diario y esto es algo que tiene que combatirse de inmediato con presencia de fuerzas militares, no solamente de controles preventivos y de presencia disuasiva que por supuesto ayuda sino estar listos para enfrentar grupos delictivos que permanentemente están merodeando las zonas”, subraya.

Camposano cuenta que el sector productivo ha entregado información a las autoridades para poner en conocimiento los lugares dónde están siendo víctimas de ataques y solo se han ejecutado respuestas tibias por parte del gobierno anterior.

“El expresidente Guillermo Lasso declaró más de 20 estados de excepción, ninguno funcionó porque iban acompañados de una instrucción que decía velar por que se mantenga la paz y que las actividades se realicen sin mayor novedad... los estados de excepción deberían ir con la instrucción de ir a hacer frente a la delincuencia organizada, enfrentarla, atraparla, acorralarla, disminuirla”, apunta.

Solo en el sector camaronero, cuenta que están siendo víctimas de extorsiones no solo los empresarios, si no hasta los mismos trabajadores.

Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, expone también las necesidades que tiene su sector, que está totalmente vinculado al de los transportistas y coincide con que las acciones del Gobierno son urgentes. 

“Desde noviembre del año anterior nosotros hemos sufrido 16 atentados terroristas en distintas estaciones del país, principalmente en Guayaquil, en Santo Domingo y dos en Quito... gracias a Dios no pasaron a explosiones mayores”, dice y recuerda que antes eran vistas como un punto seguro para viajeros y transportistas.

Rosero cuenta que desde su sector presentaron pedidos al gobierno anterior solicitando la presencia de un militar armado en cada estación de servicio en las zonas calientes del país, un pedido que se mantiene para el actual gobierno.

“No se trataba de más de 40 o 50 militares, los pedimos como un elemento disuasivo para estos criminales que llegan a las estaciones en moto con artefactos explosivos o ametralladoras y nos hicieron caso en ningún momento... lo que nos supieron desde desde el Ministerio de Energía, el anterior ministro Fernando Santos, fue que las fuerzas armadas están para defender las fronteras”, cuenta.

Rosero dice que del Plan Fénix lo poco que se sabe es que se plantea la creación de una Central Única de Inteligencia para equipar con armas y tecnología a la Policía Nacional y al Ejército, pero hace énfasis en que se necesitan acciones rápidas y que los gremios de transportistas puedan trabajar en paz y no demorando sus recorridos por esperar armar convoys para no salir solos y ser víctimas de la delincuencia.

Asimismo, Richard Intriago, director del Movimiento Nacional Campesino, dice que desde su sector están a la espera de conocer todas las acciones que contenga el plan de Noboa y que tendrá su respaldo siempre y cuando tenga como objetivo real devolver la paz y tranquilidad al país y tenga respaldo internacional.

“Esperamos que el presidente vea como ejemplo a El Salvador y genere acuerdos con el presidente Nayib Bukele, que ya ha dado muestras de su eficacia contra el terrorismo. Que la muerte de los cuatro angelitos asesinados vilmente en el Guasmo por estos cobardes, nos dé la indignación necesaria para poner un antes y un después a esta atroz pesadilla que estamos viviendo”, menciona.