A poco de vencer el plazo para la renovación de sanciones de la Unión Europea a Nicaragua, DW habló con especialistas internacionales y locales acerca de la (in)coherencia entre sanciones y fondos de desarrollo.

"Alarma es lo que hay en la comunidad internacional por esta situación prolongada", dijo a DW Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Con mandato de Naciones Unidas, este grupo de tres especialistas analiza desde 2018 la situación en el país centroamericano y registra una escalada de la persecución de la disidencia por parte del Gobierno.

Entretanto, un nombre más se ha sumado a la lista de sacerdotes detenidos por el Gobierno de Nicaragua. Son doce ya, junto con Rolando Álvarez, nominado para el Premio Sájarov, el galardón europeo a la libertad de conciencia.

Pronto se cumple el plazo de la prórroga de un año de las sanciones que la Unión Europea ha venido imponiendo a Nicaragua desde mayo del 2020. Y una de las recomendaciones que hace su equipo a la Unión Europea es aumentar sanciones.

Cabe recordar que son 21 personas del régimen las sancionadas, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo y un hijo de Murillo y Daniel Ortega. Las sanciones incluyen congelación de activos en los países de la UE y prohibición a ciudadanos y empresas de la UE de poner fondos a su disposición.

Sanciones versus fondos

No obstante, "Nicaragua sigue recibiendo fondos de la cooperación para el desarrollo", indica Jan-Michael Simon.

Aunque a partir de la ola represiva de 2018, los fondos de cooperación europeos no pasan por las instituciones estatales nicaragüenses, para proyectos de adaptación al cambio climático e inserción de pequeñas y medianas empresas, así como para inserción laboral de estudiantes secundarios y a través de programas regionales se ha seguido destinando fondos de cooperación a diversos proyectos en Nicaragua.

También a través de bancos de desarrollo -en donde tienen presencia países europeos- se financian proyectos de infraestructura, medio ambiente y desarrollo agropecuario en el país. 

"Mientras el Parlamento Europeo, entre otros, suscriben declaraciones de rechazo a los atropellos de Ortega a los derechos humanos, los Gobiernos, en su calidad de socios de las instituciones financieras internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial así como el Banco Centroamericano de Integración Económica), han aprobado fondos para la dictadura. A tal punto, que han sido mayores después de la masacre de 2018 que en los años anteriores", dice a DW Enrique Sáenz, especialista en desarrollo de Naciones Unidas y la UE.

El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ha financiado proyectos en el sector electricidad. "No estaría mal", sigue Sáenz, "si no fuera porque Ortega, en su calidad de empresario, controla el negocio de la electricidad".

Política de expulsión

Desde la crisis del 2018, 600.000 nicaragüenses han abandonado Nicaragua. Y no es casualidad: "lo que se puede observar es que el Gobierno apuesta por una política de expulsión. En primer lugar, a opositores, pero también desde el punto de vista macroeconómico", dice el especialista de la ONU, Jan-Michael Simon.

"La gente sale del país masivamente por diversos motivos: desempleo, poco valor agregado, pocas oportunidades. En este momento, una tercera parte del Producto Interno Bruto está financiado por las remesas. Entonces, al Gobierno de Ortega no le conviene tener gente dentro", sigue Sáenz.

El volumen de desplazados, expatriados y refugiados en Costa Rica, México y Panamá "excede la capacidad de respuesta de esos Estados. Por eso, recomendamos a la UE responder con ayuda humanitaria y, a esos países, acelerar los procesos del estatus de esas personas", apunta, por su parte, Jan-Michael Simon.

Desde Costa Rica, Amaru Ruiz, activista medio ambiental, presidente de la Fundación del Río, exiliado en ese país desde 2018 y expatriado a comienzos de 2023, comenta a DW: "Cortar toda cooperación con Nicaragua sería, al final, impactar más al pueblo nicaragüense. Pero debe enfocarse mejor, para verdaderamente aportar a un cambio".

No obstante, en su opinión, la cooperación debe estar condicionada y debe tener mecanismos y condicionalidades. "No puede suceder lo que pasó cuando los huracanes Iota y Eta: la ayuda de los programas de las agencias de Naciones Unidas -con fondos de la UE y de países europeos- fue repartida por funcionarios del Gobierno 'en nombre y gracias al comandante Ortega y a la compañera Rosario Murillo'”, apunta Amaru Ruiz. 

Sin estudiantes, hipotecar el futuro

Así las cosas, en un momento en que la UE debe decidirse entre prolongar sanciones o, quizás, incrementarlas, Jan-Michael Simon pone otro elemento en la discusión.  "Si comparamos el producto interno bruto de Nicaragua y Guatemala, vemos que Managua ingresa el 27% del total. Guatemala, el 14%. Pero ambos países tienen algo en común: están en los puestos más bajos de desarrollo humano a nivel mundial. Nuestra pregunta es: ¿a dónde va el dinero?", plantea Simon.

El cierre de 27 universidades y de 3.000 organizaciones de sociedad civil, así como la expulsión de opositores, son, para este especialista de Naciones Unidas, pruebas de una política que no busca el desarrollo sino el control de su sociedad, a cualquier costo.

Con el cierre de las universidades, concluye Simon, "se ve, claramente, que el régimen de Nicaragua está hipotecando su futuro. Hemos emitido recomendaciones muy concretas que serían una guía para la UE y otros donantes, para que revisen sus inversiones en el desarrollo de ese país y revisen su propio marco sancionatorio sobre violaciones de derechos humanos".