Camacho fue trasladado hasta La Paz y ahora está detenido preventivamente en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y es investigado por el supuesto delito de terrorismo en el marco del caso denominado "golpe de Estado I" que está relacionado con la crisis social y política de 2019.
La Fiscalía de Bolivia reportó el jueves (05.01.2023) pérdidas económicas por más de cinco millones de dólares, a causa de la quema de esa institución en medio de las protestas en Santa Cruz, en rechazo a la detención del gobernador opositor.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, expresó que la quema de infraestructura de la Fiscalía en ese departamento, motor económico del país, ha generado daños por 37 millones de bolivianos, unos US$ 5,3 millones.
Mariaca señaló que el edificio de unos cuatro pisos quedó destruido, también se quemaron todos los muebles, equipos de informática y vehículos que estaban en la Fiscalía departamental.
Lamentó que en la Fiscalía cruceña había una "cámara Gesell" que es utilizada para que los menores víctimas de violencia puedan dar su testimonio en un espacio seguro, pero que la misma está quemada, al igual que documentación de los casos.
El fiscal comentó que hay una investigación abierta por la quema de esta institución y que hay aprehendidos y personas con detención preventiva mientras se investiga el caso.
La pasada semana se registraron enfrentamientos entre las personas que salían a protestar exigiendo la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y la Policía, en medio de esta situación se registró la quema de la Fiscalía y de otras entidades públicas.
Camacho fue trasladado hasta La Paz y ahora está detenido preventivamente en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y es investigado por el supuesto delito de terrorismo en el marco del caso denominado "golpe de Estado I" que está relacionado con la crisis social y política de 2019.
El oficialismo señala que en 2019 se produjo un "golpe de Estado" contra el presidente Evo Morales, pero la oposición sostiene que las protestas que derivaron en la renuncia del mandatario fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
El Ministerio de Gobierno informó que 76 personas tienen procesos por los destrozos de dependencias estatales en ese departamento de las cuales 24 tienen sentencia, 22 esperan la audiencia de medidas cautelares, 14 tienen detención preventiva y 16 cuentan con medidas sustitutivas.
Este jueves la Justicia negó la acción de libertad del gobernador, pero señaló que en caso de emergencia por sus enfermedades de base puede ser trasladado a un centro médico.
Los movimientos cívicos bolivianos convocaron a una jornada nacional de protesta el próximo 10 de enero por los encarcelamientos de líderes opositores como Camacho.
