"En los últimos meses se ha identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú", remarcó el Ministerio del Interior en un comunicado.
"Se dispuso el registro del impedimento del ingreso al país, a través de todos los puestos de control migratorio, de nueve ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre quienes se incluye al señor Juan Evo Morales Ayma", indicó la cartera en referencia al exmandatario que ha expresado su apoyo a las protestas contra el gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte.
El Gobierno de Perú informó este lunes que ha prohibido la entrada al país del expresidente boliviano Evo Morales y otros ocho ciudadanos de ese país, a los que acusa de haber efectuado "actividades de índole política proselitista" que han afectado la "seguridad nacional" de Perú.
"En los últimos meses se ha identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú", remarcó el Ministerio del Interior en un comunicado.
El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, acusó al expresidente boliviano Evo Morales de tener "una activa participación política en el sur" y "afectar directamente" las normas del país, poco después de conocerse que el Ejecutivo había prohibido el ingreso al exmandatario.
"Evo Morales (...) tenía una activa participación política en el sur del país, aplicando estrictamente la ley de migraciones. La Superintendencia Nacional de Migraciones ha decidido el impedimento de ingreso al Perú de Evo Morales (...) por afectar directamente las normas de Perú", dijo Otárola en una declaración la que explicó los motivos por los que el Gobierno decidió impedir el ingreso del expresidente y otras ocho personas.
Concretamente, se refirió al artículo 48 de la ley que "establece que no ingresa al Perú cualquier persona que amenaza o solivianta el orden interno".
"No volverá a entrar más a nuestro Perú a no ser que se levante este impedimento establecido en las normas internas", detalló el jefe de gabinete. A juicio de Otárola, esas nueve personas -Morales incluido- "han estado muy activos propiciando una situación de crisis" y aseguró que la decisión "firme y de emergencia" ha "sido tomada en beneficio de la vida y la integridad de todos los peruanos".
Las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron el pasado 7 de diciembre tras el fallido autogolpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo se han concentrado tras una tregua navideña en el sur del país, especialmente en el departamento de Puno, fronterizo con Bolivia.
17 muertos
En tanto, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, denunció este lunes que "intereses foráneos" azuzan, mediante el financiamiento ilegal, la violencia durante las protestas en el sur del país, que registra hasta el momento 46 personas fallecidas en el marco de estas jornadas.
El premier se pronunció en una conferencia de prensa, poco después de que la Defensoría del Pueblo confirmara que al menos 17 personas murieron durante las jornadas de manifestaciones que se registraron en la ciudad de Juliaca, en el departamento sureño de Puno.
Pidió al Ministerio Público que inicie una investigación junto a los fiscales de Prevención del Delito para verificar en el lugar de los hechos "no sólo estas lamentables muertes", sino para que se capture y se procese a "quienes están destruyendo al país".
Otárola aseveró que los violentistas son "financiados por intereses extranjeros, foráneos y por dinero oscuro del narcotráfico".
Asimismo, atribuyó responsabilidad de la situación al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), al asegurar que entre los culpables está "quien anunció un golpe de Estado" desde Palacio de Gobierno el 7 de diciembre y que hoy se encuentra detenido en la cárcel de Barbadillo, en la ciudad de Lima.
Negó que la situación registrada hasta la fecha sea responsabilidad de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, institución última que ha confirmado al menos 75 de sus funcionarios heridos, "muchos de ellos en estado de gravedad".
Tras asegurar que promotores de las manifestaciones han amenazado con la toma de Lima el próximo 14 de enero, advirtió que desde el Gobierno "no vamos a cesar en nuestra defensa del Estado de derecho, aquí nadie se va a correr".
Sobre la violencia vivida hoy en Puno, que tendría como fin la toma del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac, señaló que forma parte de un "ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el Estado de derecho y a las instituciones" locales.
Señaló que cerca de 9.000 personas se aproximaron a la terminal aérea de la ciudad puneña de Juliaca, pero fueron unas 2.000 las que "iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y estas instituciones", para evitar, entre otras cosas, que lleguen medicinas a la localidad.
Los mismos habrían utilizado armas de avellanas, armas de fuego denominadas "hechizas" y otras con doble carga de pólvora, "generando una situación extrema" que ocasionó la muerte de casi una veintena de personas en un solo día, denunció.
Por otra parte, autoridades identificaron el ingreso a la región de unas 200 cousters (autobús mediano) y combis (microbús) que, financiados ilegalmente, transportaban desde diversas ciudades "a personas violentas que han estado buscando este desenlace fatal".
Otárola adelantó que una delegación de alto nivel del Ejecutivo irá mañana martes a Puno para buscar diálogo y entregar medicina.
De acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hasta las 21:00 horas del lunes se registraron 17 fallecidos en Juliaca, más uno por hechos vinculados al bloqueo de vías, con lo que se elevó a 46 las muertes registradas en el marco de las protestas en el país sudamericano.
