Entre los objetivos de la entidad están integrar y diseñar la política pública relacionada con el uso de la energía en seguridad pública, social y ambiental.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 254 suscrito el jueves 2 de mayo, creó el Comité de Optimización Energética, que tendrá como finalidad integrar, diseñar, promover y articular la política pública relacionada con el uso de la energía en los ámbitos de la seguridad pública, social y ambiental.

Según el decreto, este organismo podrá convocar a otras instancias del Estado para recibir insumos en la toma de decisiones o para articular la implementación de la política de optimización energética.

Además, podrá conformar subcomités especializados con la participación de las entidades públicas de la administración central competentes en la materia a tratar. Indica que cada una de las entidades públicas que integran este comité deberá designar un equipo técnico institucional de apoyo que brindará asistencia directa a los subcomités especializados que se conformen.

El Comité de Optimización Energética estará integrado por los siguientes miembros:

• Máxima autoridad del ente rector de las finanzas públicas o su delegado, quien lo presidirá.
• Máxima autoridad del ente rector del sector energético o su delegado.
• Máxima autoridad del ente rector del sector de transporte y obras públicas o su delegado.
• Máxima autoridad del ente rector del sector social o su delegado.
• Máxima autoridad del ente rector del sector productivo o su delegado, y,
• Actuará como secretario del comité un representante del ente rector de las finanzas públicas nombrado por el presidente de la comité.

De acuerdo con el decreto ejecutivo, entre las atribuciones y responsabilidades del comité están:

Proponer opciones de política pública para reducir la intensidad del carbono en la economía, equilibrando los mercados energéticos, para avanzar hacia el cumplimiento del Acuerdo de París contra el cambio climático.

También elaborar propuestas de política pública para establecer un esquema de distribución y estabilización de precios de los combustibles fósiles que proteja a la población y a la economía de las fluctuaciones de los precios internacionales de los hidrocarburos y sus derivados. Dicha propuesta deberá contener planteamientos que permitan fortalecer las actividades de regulación y control en la comercialización de derivados en el segmento automotor.

Y, finalmente, definir mecanismos de control para evitar el tráfico de combustibles y su uso en actividades de terrorismo o que atenten contra la seguridad pública del Estado, el contrabando de combustibles, el desvío interno, la especulación y la seguridad ciudadana.