La Confederación Patronal de la República Mexicana también consideró que pondría en duda al estado de derecho, al contener las mismas características de la ley que recién fue rechazada por el poder judicial.

La nueva propuesta de reforma eléctrica que enviará hoy lunes -5 de febrero- como lo prometió el presidente mexicano Andrés Manuel López al Congreso de la Unión generará “incertidumbre a los inversionistas” y pondría en duda al estado de derecho, al contener las mismas características de la ley que recién fue rechazada por el poder judicial, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“La propuesta del Ejecutivo Federal de enviar una nueva reforma eléctrica para robustecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero de las mismas características de la que acaba de ser rechazada en la Suprema Corte, sólo generaría incertidumbre entre los inversionistas y pondría en duda el respeto al Estado de Derecho”, sostuvo el organismo privado.

La decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justo de la Nación (SCJN) beneficia a las empresas y a todas las familias mexicanas al eliminar condiciones monopólicas en el sector eléctrico.

La semana pasada, la Suprema Corte declaró que diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021, transgreden los principios constitucionales de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable.

De acuerdo con el Máximo Tribunal del país, esta legislación secundaria, en lugar de atender el criterio de eficiencia establecido en la Carta Magna, introdujo un orden de prelación en el despacho de energía eléctrica, determinando qué centrales generadoras inyectan primero su energía a la red nacional y así privilegiar a los generadores del Estado, es decir a la Comisión Federal de Electricidad y a las plantas asociadas a ella alterando el mercado eléctrico.

“La Ley de la Industria Eléctrica vulneró los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable al establecer disposiciones para la asignación de los contratos de cobertura eléctrica y para el sistema de adquisición de certificados de energías limpias”, determinó la SCJN.

El organismo privado que encabeza José Medina Mora pugnó por mantener respeto entre los Poderes de la Unión y a evitar ataques sin sustento contra los integrantes de la SCJN.

“Manifestamos nuestro rechazo al intento de llevar a juicio político al Ministro Alberto Pérez Dayán por emitir un voto de calidad a favor del proyecto”, apuntó la Coparmex.

El Juicio Político es procedente cuando alguno de los servidores públicos previstos en el artículo 110 de la Constitución, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.