En 2019, bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a Venezuela con el objeto de privar al gobierno de Nicolás Maduro -cuya reelección de 2018 no reconocieron- de ingresos petroleros. Así, quedaron congelados activos, incluidos miles de millones de dólares del país depositados en el extranjero.
El gobierno y la oposición de Venezuela solicitaron a la ONU la gestión miles de millones de dólares del país sudamericano retenidos en entidades extranjeras para combatir la aguda crisis en la nación petrolera, anunciaron ambas partes el sábado, durante la reanudación del proceso de diálogo en México.
El mes pasado, varias fuentes dijeron a Reuters que los fondos, que serán descongelados paulatinamente, ascienden a más de US$ 3.000 millones.
Más tarde, en un esperado anuncio, Estados Unidos emitió una licencia ampliada que permite a Chevron, la petrolera más grande del país, importar petróleo o derivados producidos por sus empresas en Venezuela.
En 2019, bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a Venezuela con el objeto de privar al gobierno de Nicolás Maduro -cuya reelección de 2018 no reconocieron- de ingresos petroleros. Así, quedaron congelados activos, incluidos miles de millones de dólares del país depositados en el extranjero.
"A los fines de atender las necesidades más urgentes del pueblo venezolano se acuerda solicitar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apoyo en (...) el diseño, establecimiento e implementación de un fondo fiduciario único (...) para la protección social del pueblo venezolano", dice el acuerdo.
"Las partes han identificado un conjunto de recursos pertenecientes a estado venezolano, congelados en el sistema financiero internacional, a los cuales es posible acceder progresivamente", agregó.
Dag Nylander, de la cancillería de Noruega, país que acompaña el proceso de diálogo, calificó el acuerdo como un "hito histórico" que acerca a las partes aunque aseguró que una solución a la persistente crisis está, exclusivamente, en manos de los propios venezolanos.
El dinero, sostiene el pacto, servirá para la estabilización del sistema eléctrico, la ampliación del programa mundial de alimentos (PMA) que ya opera en el país, mejora de la infraestructura educativa pública y atención a las consecuencias de las lluvias de este año, que dejaron más de 100 fallecidos.
El anuncio llega durante el primer encuentro entre ambos bandos luego que en octubre de 2021 el diálogo en Ciudad de México se vio interrumpido ante la molestia del gobierno de Maduro por la extradición a Estados Unidos del empresario de origen colombiano Alex Saab, acusado de lavado de dinero.
Las partes involucradas celebraron el reinicio de las conversaciones. También lo hicieron los gobiernos de México, Estados Unidos y la Unión Europea.
"Damos la bienvenida a la reanudación de las negociaciones en México como un paso importante hacia la restauración de la democracia para los venezolanos", sostuvo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. "Estaremos atentos al logro de acuerdos duraderos que establezcan el rumbo para elecciones presidenciales libres y justas en 2024", agregó.
MIGRACIÓN
El fondo de "protección social" podría evitar que los venezolanos huyan de su país al mejorar sus condiciones de vida mediante un mejor acceso a alimentos, medicinas y atención médica, y al financiar proyectos de infraestructura para reparar la red eléctrica del otrora boyante país petrolero.
La ONU calculó este año que más de 7,1 millones de venezolanos abandonaron su país ante la elevada inflación, escasez de alimentos y medicinas y crisis constante de los servicios públicos. Más de la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos no tiene acceso a tres comidas diarias.
En casa, la cosa no es mejor: el 50% de los 28 millones de venezolanos vive en situación de pobreza, de acuerdo a una prestigiosa encuesta realizada por universidades venezolanas.
La migración venezolana es un tema que atañe a toda la región. En Colombia hay 2,4 millones de migrantes venezolanos; en Perú, casi 1,5 millones y, en Estados Unidos y Ecuador, medio millón respectivamente.
Ante el creciente aumento de la diáspora venezolana, Estados Unidos anunció en octubre un plan conjunto con México para permitir la entrada, únicamente, a solicitantes de asilo con familiares que ya vivan legalmente en el país del norte.
La administración del fondo social forma parte de una amplia agenda de discusiones que incluyen el levantamiento de las sanciones económicas, la definición de las condiciones para las elecciones presidenciales de 2024, la liberación de presos políticos y el retiro de inhabilitaciones políticas.
Sin embargo, en esta ronda de diálogos no se tocarían esos temas, dijeron fuentes a Reuters.
El desembolso de los fondos tiene inquietos a algunos en Estados Unidos y la oposición venezolana ante el potencial impacto de inyectar millones de dólares a la economía del país, que enfrenta graves problemas de liquidez, ya que Maduro podría ganar crédito antes de las presidenciales.
