En 2015 se aprobaron tres acuerdos internacionales históricos que plantean una visión transformadora del desarrollo sostenible. En el marco de las Naciones Unidas y en un contexto de renovado impulso al multilateralismo, los países suscribieron la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiación para el Desarrollo en julio, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Acuerdo de París sobre cambio climático.
Aunque perfectibles, estos acuerdos sientan bases sin precedentes para la adopción de vías de desarrollo sostenible que integren las dimensiones económica, social y ambiental. En virtud de los principios de solidaridad intergeneracional y responsabilidades comunes pero diferenciadas entre los países, con estos acuerdos se busca erradicar la pobreza extrema y lograr mayor igualdad social, promover el crecimiento inclusivo con más productividad y trabajo decente, movilizar un financiamiento tradicional e innovador tanto público como privado, y lograr la progresiva descarbonización de los patrones de producción, consumo y urbanización.
En 2016, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil deberán unirse para hacer realidad esta visión, cambiando el “modo implementación”, para alcanzar estas metas hacia 2030. Para América Latina y el Caribe, cuyo desarrollo social y económico aún se ve obstaculizado por brechas estructurales históricas, esto implica, por una parte, enfrentar el gran desafío de ajustarse a los cambios de paradigma a nivel mundial, y por la otra, hacer frente a una compleja perspectiva de crecimiento y comercio evitando, al mismo tiempo, el estancamiento del progreso social.
Debilidades al descubierto
El mundo aún no se recupera de los efectos de la crisis de 2008 y 2009. Así, los países desarrollados exhiben un desempeño económico heterogéneo: mientras que el reciente aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal de EE.UU. marca el retorno a condiciones más normales, la zona del euro todavía está intentando evitar la deflación. A su vez, las economías emergentes y en desarrollo, en especial China, muestran señales de desaceleración. Además, si bien los desequilibrios en la cuenta corriente se han reducido desde la década de 2000, algunos países aún tienen grandes superávits que dificultan el crecimiento de la demanda agregada, algo que es fundamental para estimular la economía mundial.
En este contexto, los países de América Latina y el Caribe enfrentan grandes dificultades para aumentar las exportaciones, la producción y la inversión. En particular, las economías cuya estructura productiva y exportadora se basa en recursos naturales experimentan una desaceleración de la producción y el empleo. De hecho, los crecientes déficits y, en algunos casos, los mayores niveles de deuda y la consiguiente reducción del margen fiscal han limitado la posibilidad de uso del gasto público como instrumento contracíclico y han obligado a adoptar políticas monetarias más estrictas.
Así, la debilidad de la demanda agregada global tiene consecuencias negativas para América Latina, cuyo crecimiento históricamente se ha visto limitado por restricciones externas que han provocado situaciones de marcha y contramarcha y frecuentes crisis de divisas y de deuda externa. La existencia de una estructura productiva y exportadora centrada en sectores de baja productividad y la falta de dinamismo tecnológico suponen que la región continúe siendo muy vulnerable a los vaivenes de la demanda internacional. Tras el alivio temporario durante el reciente superciclo de precios de los productos básicos, la debilidad de la estructura exportadora de la región vuelve a ser evidente.
En este contexto, la CEPAL estima que las economías de América Latina y el Caribe se contrajeron en conjunto 0,4% en 2015 y crecerán solo 0,2% en 2016, al tiempo que el valor de las exportaciones de bienes de la región se redujo 14% en 2015. Este ha sido el tercer año consecutivo en que se ha reducido el valor de las exportaciones y el periodo 2013-2015 ha sido el peor trienio para las exportaciones de la región desde la Gran Depresión.
Revoluciones digital y ecológica
La revolución digital afecta a todas las actividades económicas y sociales y está transformando la producción, el comercio y la distribución de bienes y servicios, y determinando, en definitiva, nuestra capacidad de transitar hacia el desarrollo sostenible. La producción estará cada vez más concentrada en algunas grandes empresas con presencia mundial y los mercados se volverán cada día más fragmentados.
En lo que respecta al cambio climático y la economía ecológica, aunque no alcanzó las expectativas iniciales, el Acuerdo de París envió un mensaje de largo plazo: el mundo necesita hacer un cambio estructural fundamental hacia la sostenibilidad ambiental. Los gobiernos deben proporcionar potentes incentivos para que los actores públicos y privados se conviertan en fuerzas impulsoras clave de la generación de modelos más limpios de producción y consumo, en estrecha coordinación con la academia y los centros de investigación.
Más del 80% de la población de América Latina y el Caribe vive en ciudades y eso la convierte en la región más urbanizada del mundo. El desarrollo urbano podría ofrecer nuevas oportunidades en áreas como gestión del tráfico y transporte público urbano inteligente, tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, y edificios con bajo consumo de energía y bajas emisiones de carbono. El logro de una economía más ecológica mediante sistemas de producción industrial con menos emisiones de carbono, una mejor gestión energética y una distribución más acertada del espacio, vehículos más livianos y un gran impulso para el desarrollo de energías renovables –como la energía solar y eólica– encierra un enorme potencial.
Pero esto solo será posible si los países logran contar con las capacidades necesarias para el nuevo paradigma tecnológico y ambiental, como centros de datos, redes de banda ancha y, sobre todo, mano de obra calificada. América Latina y el Caribe aún debe recorrer un largo camino para convertirse en una región impulsada por la innovación.
Debido a que la generación de tecnología más avanzada ocurre fundamentalmente fuera de la región, para ponerse al día será necesario realizar algunos cambios estructurales que se ajusten a la revolución industrial en curso. El crecimiento y el empleo dependerán del grado de integración con la economía digital mundial, lo que requiere el desarrollo de un ecosistema digital y una mejora de la infraestructura y del capital humano, así como un entorno de negocios más adecuado. La definición de estándares internacionales, la regulación de flujos de datos, los derechos de propiedad intelectual, la seguridad y la privacidad son elementos esenciales para crear un único mercado digital latinoamericano.
Cómo escapar de la trampa
América Latina y el Caribe enfrenta el panorama económico internacional más sombrío desde 2009. La persistencia tanto de la especialización en recursos naturales como de una estructura productiva de baja tecnología con externalidades ambientales hace difícil que la región pueda encontrar una salida. Si bien la depreciación nominal de las monedas de varios países podría resultar beneficiosa, este efecto se ve limitado por lo acotado de la canasta exportadora.
Por lo tanto, la región debe profundizar la integración económica y tecnológica. Es fundamental avanzar hacia un espacio integrado con reglas comunes para promover relaciones de producción, fortalecer el comercio intrarregional y apoyar la producción sostenible desde el punto de vista ambiental y la diversificación de las exportaciones. Pese a la reducción del margen fiscal, la región debe adoptar medidas más audaces para implementar políticas industriales y tecnológicas a fin de diversificar y aumentar la productividad. Ello es fundamental para mejorar el potencial de crecimiento a largo plazo de la región y mejorar sus perspectivas de desarrollo.