El organismo compartió un video producido por el diario La Prensa de Managua y que resume el dramatismo y la situación precaria a la que el gobierno de Daniel Ortega ha llevado a la prensa independiente.

La libertad de prensa y la situación político social y económica del país, se han agravado en este período. El diálogo entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el régimen de Daniel Ortega, se rompió ante el incumplimiento del gobierno por varios acuerdos que se habían firmado y por no aceptar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como garante.

Continúa invariable en este período, desde que se instaló el gobierno en 2007, el secretismo oficial en torno a la información pública, donde solo la primera dama y vicepresidente Rosario Murillo está autorizada a hablar, lo que contradice la Ley de Acceso a la Información aprobada en 2007. El gobierno mantiene su hegemonía comunicacional a través de un oligopolio de la televisión, agravado por el cierre de la televisión 100% Noticias y de todos los programas de opinión del canal 12, así como lo clausura de Confidencial. Mantiene, además, la discriminación en materia de publicidad oficial la que destina exclusivamente a medios de la familia Ortega.

Los medios escritos están en una crítica situación y en peligro inminente de desaparecer ante el bloqueo aduanero para obtener sus insumos. Sus versiones en línea también tienen dificultades de subsistencia debido a escasos ingresos que generan las subscripciones pagadas y la publicidad en la web.

A mediados de agosto se cumplió un año del bloqueo aduanero a los medios de comunicación La Prensa, Hoy, El Nuevo Diario y Q' Hubo. En consecuencia, La Prensa se está publicando con solo ocho páginas y con papel bond comercial, el diario Hoy con ocho páginas tabloide; el diario Q'Hubo dejó de publicarse.

El Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) que ve los asuntos aduaneros, falló por tercera vez a favor de La Prensa el 30 de agosto, especificando que esta resolución agota la vía administrativa y es recurrible ante la instancia correspondiente al Poder Judicial.

El 26 de septiembre la Radio Darío fue asediada por decenas de policías armados con fusiles AK-47 que intentaron ingresar a la fuerza en las instalaciones de la emisora en la ciudad de a la fuerza y luego se retiraron del lugar.

El boicot aduanero de la materia prima derivó en que el 27 de septiembre El Nuevo Diario anunciara en un editorial que a partir de ese día dejaba de publicarse "debido a las circunstancias económicas, técnicas y logísticas adversas que enfrentan".

El cese de la publicación del periódico, fundado en 1980, representó para la SIP "una vergüenza para Nicaragua y para el mundo libre", resultado de la política represiva del régimen de Ortega para castigar a la prensa.

Desde diciembre El Nuevo Diario había pasado a imprimirse de 38 a 8 páginas solo de lunes a viernes. En esa misma fecha, el periódico popular Q'Hubo, que junto a El Nuevo Diario era distribuido por Editorial Nuevo Amanecer, dejó de publicarse.

Entre los acuerdos que se firmaron el 30 de marzo se disponía la liberación en 90 días de todos los presos políticos, que se calculaba en más de 640 y el regreso seguro de los exilados políticos, entre los que se encuentran al menos 70 periodistas. También se buscaba garantizar el derecho a la concentración, movilización y manifestaciones públicas, siempre con autorización de la Policía.

Sobre libertad de prensa, se acordó que el Estado debía garantizar el derecho a la importación de tinta y papel. El gobierno se comprometió también a "revisar" las decisiones por confiscación de bienes, activos y equipos de medios de comunicación y la cancelación de la personería jurídica a varias ONG que fueron proscriptas en diciembre de 2018. El canal 100% Noticias y las instalaciones de Confidencial aún siguen tomadas por la Policía.

Sobre lo que firmó el gobierno solo cumplió parcialmente con la puesta en libertad de la mayoría de los presos políticos, mediante una cuestionada amnistía. En muchos casos no se declaró la excarcelación debido a que no se han anulado muchos juicios políticos. Aún están en la cárcel más de 100 presos políticos, muchos acusados de delitos comunes y que fueron apresados después de la amnistía.

El 10 de junio, una delegación de la SIP estuvo en el país para conocer la situación de la libertad de prensa y gestionar la libertad de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, de 100% Noticias. Durante su estadía fueron excarcelados Mora y Pineda, quienes se reunieron con la delegación al grito de "Somos periodistas, no delincuentes".

El 10 de junio también fue excarcelado el periodista Marlon Powell por medio de la Ley de Amnistía. Fue detenido el 7 de marzo. Luego de su liberación Powell denunció que sufre asedio y teme por su vida tras participar en las manifestaciones del 21 de septiembre.

Aníbal Toruño, dueño de Radio Dario de la ciudad de León, que fue incendiada en los sucesos de abril de 2018, regresó del exilio junto al periodista Jaime Arellano. Fueron con una comitiva del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) a visitar la ciudad de León. Su casa y la radio fueron pintadas con grafitis amenazantes y a su regreso, después de ser detenidos por la policía, los atacó una turba con piedras y balines, uno de los cuales atravesó el vidrio delantero del vehículo en el que se movilizaban y terminó en el respaldar del asiento donde iba el presidente del COSEP.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, rindió su informe sobre las violaciones a los derechos humanos sobre Nicaragua. El informe, sumado a los reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las intervenciones de estados miembros de América Latina, Estados Unidos y países de la Unión Europea, reveló crímenes contra campesinos en el norte del país. Bachelet dijo que el espacio cívico, la libertad de expresión y la asociación se han visto reducidas a raíz de la crisis política.

El vicecanciller orteguista Valdrack Jaentschke rechazó ante la sesión del Consejo de Derechos Humanos el informe.

El Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) a Nicaragua se pronunció sobre el rechazo de 124 de las 259 recomendaciones que le hicieron al país durante el Examen Periódico Universal (EPU) en mayo en el Consejo de Derechos Humanos (CDH), incluyendo las 100 referidas a encontrar soluciones y adoptar medidas para solucionar la crisis de represión desatada por el régimen a raíz de las protestas sociales de abril de 2018.

El gobierno de Ortega prohibió la entrada al país a la Comisión Especial de alto nivel nombrada por el Consejo Permanente de la OEA para buscar una salida pacífica y negociada. La Comisión aclaró que hará su trabajo desde el exterior.

La Fundación Violeta B. de Chamorro documentó 1080 casos de violaciones a la libertad de prensa entre abril de 2018 y 2019.

La Prensa, El Nuevo Diario, Radio Corporación, Trinchera de la Noticia, Notimattv en Matagalpa y Radio la Costeñísima de la ciudad de Bluefields, han sufrido intimidaciones y ataques cibernéticos de los que responsabilizaron a la policía y grupos parapoliciales.

Las cadenas del presidente Ortega en radio y televisión impuestas por Telcor, con discursos repetitivos y sin ningún interés nacional, buscan ocupar espacios para neutralizar las noticias de los medios.

Se mantiene la impunidad a más de un año del asesinato del periodista Ángel Gahona.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha bloqueado el trabajo periodístico de la reportera de La Prensa Martha Vásquez, desde el 26 de febrero de 2018, prohibiéndole ingresar a cualquier tribunal.

En una entrevista publicada en "The Grayzone" en agosto, el presidente Ortega declaró que en Nicaragua "existe la más absoluta libertad de expresión", tal vez en respuesta a la publicación de La Prensa el 26 de agosto que en su primera página denunció "Los 25 hechos que demuestran que Ortega miente".

A comienzos de octubre, durante las audiencias ante la CIDH para considerar solicitudes de medidas cautelares a editores, periodistas y familiares de medios agredidos, el gobierno alegó que Mora y Pineda fueron encarcelados, y sus bienes, incluyendo 100% Noticias, fueron confiscados porque "deliberadamente usaron este medio de comunicación para transmitir programas de opinión política social completamente sesgada, instigando, promoviendo odio y violencia e involucrándose directamente en el golpe de Estado", y no por ejercer el periodismo. Sergio León, propietario de Radio La Costeñísima, también fue acusado por un delito similar.

Según el Gobierno, la Ley de Amnistía abarcó el cierre de los procesos judiciales, la libertad inmediata y la cancelación de los antecedentes penales, pero no la devolución de los bienes o instrumentos con los que presuntamente se realizó el delito, lo cual contradice el Artículo 68 de la Constitución que establece que los medios de comunicación "en ningún caso podrán decomisarse, como instrumentos o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento".

El gobierno también alegó ante la CIDH que fue archivado el caso de la quema en abril de 2018 de Radio Darío debido a que el dueño de la emisora, Anibal Toruño, se habría negado a brindar información a la Policía.

Sobre la invasión y asalto de las salas de redacción de Confidencial y Esta Semana el gobierno señaló que están pendientes dos recursos de amparo en la Corte Suprema de Justicia.