¿Por dónde comenzar para ver estos dos temas densos, siempre analizados con diversos enfoques, malignamente ligados en la historia de México?
Desde los orígenes de la democracia estuvo presente la importancia de observar y evaluar rigurosa y constantemente el manejo de los dineros públicos: cuántos ingresos recibe el Estado, cómo los gasta y, muy importante, asegurar que el eventual desbalance entre ellos ("el desequilibrio fiscal", como le llaman en mi gremio), que se refleja en la deuda pública y en el mismo ritmo de endeudamiento público, no se convirtieran en un costo riesgoso para la gobernabilidad democrática y la soberanía nacional. Visto el tema de las finanzas públicas con esta sencillez, parece que no habría mucho que agregar a esta normativa técnica para llegar a la idea incuestionable de hay que tener siempre unas finanzas "sanas".
Sin embargo, la trayectoria de las finanzas públicas en las democracias (maduras o incipientes), nunca ha sido ni será un asunto políticamente fácil de arreglar, ni solamente de naturaleza técnica.
Quedarse en esta visión, que es básicamente la que hoy predomina entre las tecnocracias gobernantes de América Latina y sus publicistas, es renunciar neciamente a tomar en serio los métodos para reconocer y atender las exigencias ciudadanas más elementales, considerando las condiciones políticas adecuadas para definir una política fiscal. Salud, educación, transporte público, seguridad pública, agua potable, ciencia, infraestructura, entre otros muchos temas, tienen que ser incluidos con responsabilidad política y social en los presupuestos públicos. Lo mismo hay que decir de todas las fuentes de los ingresos públicos, en particular de los impuestos, sobre todo cuando la desigualdad y la pobreza prevalecen en niveles socialmente inaceptables, desde cualquier ángulo que se les vea.
¿Y a qué viene todo esto, si se trata de comentar hoy en breve el cruce explosivo de lo electoral con el manejo de las (endebles) finanzas públicas mexicanas?
Lo electoral incrementa invariable y temporalmente el gasto público: los partidos políticos fondean parcialmente sus pagos de propaganda y otras cosas con cuantiosos recursos públicos que la ley establece. Pero una parte de tales pagos, de magnitud desconocida pero quizá significativa, proviene también de recursos públicos, pero canalizados a través de maniobras torcidas e ilegales que favorecen a algunos partidos (al PRI, sobre todo, aunque no de forma exclusiva).
Todo mundo y desde siempre se ha sabido de estas sustracciones ilícitas al gasto público autorizado. El tema se trata en los medios, en todas partes, pero demostrar estas marrullerías los tribunales del caso es bastante complicado. Así, los delincuentes de cuello blanco se cuelgan a las malas del presupuesto, según la ética (sic) cínica del célebre “Tlacuache” Garizurueta: “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.
La arbitrariedad del poder político en el manejo ilícito del gasto público para fines electorales (que se exhibe con la burda compra de votos), pocas veces ha sido revertida y penada. La mayoría de las veces es una transgresión sin castigo. Y como uno de sus resultados políticos visibles, viene el enorme abstencionismo ciudadano que, a muchos ingenuos y perversos, les resulta sorprendente e inexplicable.
Mientras esto sucede, el gobierno de Peña Nieto, de cara a las agencias calificadoras y a los idólatras del dogma teórico del equilibrio fiscal, muestra ciertos indicadores fiscales que, desde mi punto de vista, muestran un manejo muy lejano a lo que son verdaderamente unas finanzas públicas sanas.
Veamos algunas tendencias en el 2017 que dan cuenta de este señalamiento.
Se redujo el temido déficit fiscal a costa de reducir el gasto (donde la caída de la inversión pública es notoria), junto a una reducción de diversos ingresos: de los petroleros, de los provenientes de las empresas paraestatales (Pemex y CFE), del IVA y del IEPS. Hay que subrayar que, por esta austeridad discutible, vía menos gasto, se vieron reducidas transferencias y subsidios, lo cual, indudablemente, castigó a los beneficiarios de insuficientes políticas públicas contra la pobreza.
Subir el gasto electoral y reducir el gasto social para realizar la “hazaña” de bajar el déficit fiscal no es precisamente una medida del gobierno de la que se pudiera hablar sin percibir un trasfondo político inaceptable. Y para meterle más leña al fuego, no hay que olvidar los fuertes incrementos que sistemáticamente ha registrado el gasto de la oficina presidencial, muy por arriba de los aprobado por el Congreso.
¿Y la deuda pública cómo va? Va peligrosa y velozmente para arriba en el gobierno peñista. Se trata de un problema que no es congruente con dicha “hazaña” presumida en los corredores de la Secretaría de Hacienda. Lo que viene en el futuro cercano, entonces, cualquiera sea partido que gane la presidencia, será plantearse ajustes fiscales diversos. Sería letal para la salud pública y la paz social que tales ajustes recayeran (directa e indirectamente) otra vez en los pobres y las clases medias empobrecidas, como ha sucedido desde hace más de tres décadas.
¿Cómo ser eficientes y democráticos en el manejo de las finanzas públicas mexicanas? ¿Cómo instrumentar políticas de gastos y de ingresos para superar la pobreza y la desigualdad? ¿Esto implicará revisar y cambiar la estrategia de desarrollo? ¿En qué plazo podría llevar una consolidación fiscal de nuevo “estilo”, sin generar tensiones sociales y conflictos políticos inmanejables?
Estas y otras muchas preguntas más tienen que ser respondidas en los programas económicos que oferten los candidatos a la presidencia. La ciudadanía ha de reconocer que urgen nuevos manejos de las finanzas públicas; son decisivos para impulsar la democracia y la soberanía nacional. Una auténtica rendición de cuentas y genuina transparencia deben surgir para detener el saqueo sin límites de los cleptócratas (ladrones) instalados en las cúpulas del Estado.
