El gobierno de López Obrador tiene un proyecto de mayor activismo del Estado en todos los ámbitos. Sus objetivos son muy ambiciosos. Nuevos programas sociales, grandes obras de infraestructura, desconcentración de la administración pública y un largo etcétera.

Los lopezobradoristas genuinamente creen que pueden hacer muchas cosas desde el aparato estatal. Muchos tenemos dudas, sobre todo en cuanto a cómo lo piensan financiar y si existen las capacidades administrativas para llevarlas a cabo. El tiempo le dará la razón a unos u otros. Por lo pronto, con esa fe estatista, espero que, por lo menos, resuelvan el problema de la inseguridad y la violencia.

Se trata de un tema donde liberales y estatistas están de acuerdo. El Estado es el único que puede proveer la seguridad a una población. El mercado no puede suministrar eficazmente este servicio. Es una típica falla del mercado conocida como “bien público”. Por sus características particulares, los privados no tienen incentivos para darle protección a toda la sociedad. A ciertos grupos, sin duda. A todos, de ninguna manera, por un problema de cobro: habría muchos “polizontes” tratando de recibir los beneficios sin pagar los costos.

Un “bien público” como la seguridad implica que el Estado, como representante político de la sociedad, suministre dicho servicio. El problema es que, años van, años vienen, y las organizaciones encargadas de dicho suministro –policías, fiscales, jueces y cárceles– son un desastre. La dura realidad es que el Estado ha fracasado. Los resultados están a la vista: 2017 fue el año con más homicidios dolosos de las últimas dos décadas; 2018 va a ser aún peor.

No es gratuito, en este sentido, que la inseguridad haya sido uno de los grandes temas en la pasada elección. Después de las elecciones de julio, las expectativas son enormes. Muchos mexicanos creen que el nuevo gobierno cambiará la tendencia y tendremos una mayor seguridad en el país. ¿Será?

Reitero que me gusta mucho la idea de reemplazar la visión de una “guerra en contra del crimen” con una de “pacificar al país”. No se trata de un asunto meramente retórico. Verlo así abre nuevas soluciones al problema como la idea de darle amnistía a campesinos productores de mariguana o a jóvenes detenidos por la posesión de pequeñas cantidades de esta droga. También legalizar la cannabis con fines recreativos y la amapola para medicamentos opiáceos, además de sacar la seguridad pública de Gobernación para volver a crear una secretaría dedicada a este tema. Todo eso está muy bien.

Sin embargo, estamos en septiembre y es la hora en que el nuevo gobierno de AMLO no tiene una estrategia de cómo resolver el problema. Y no nos hagamos bolas, la solución necesariamente pasa por reconstruir toda la cadena de instituciones del Estado dedicadas a proveer seguridad. Mientras el país no les dedique más recursos (financieros, personales y materiales), la inseguridad seguirá siendo un problema. Dentro de las mil y una cosas que ha anunciado el próximo gobierno, con su fiel creencia de que el Estado lo puede todo, no veo que piensen incrementar los presupuestos para las instituciones de seguridad.

A la izquierda estatista este tema le resulta incómodo. Desde la oposición, siempre vieron con recelo –razones no les faltaron– al aparato coercitivo del Estado. Ahora estarán a cargo de él y tengo la impresión de que no tienen una idea muy clara de qué hacer con estas instituciones. Mientras tanto, andan organizando una serie de foros públicos con las víctimas de la violencia. Eso, otra vez, está bien. Pero, si de verdad quieren resultados, deberán mejorar policías, fiscales, jueces y cárceles.

En este tema incluso hemos visto contradicciones. Un día, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, asegura que ya no formarán una Guardia Nacional como habían prometido en campaña. Pocos días después, su jefe, López Obrador, insiste que sí la establecerán. ¿A quién le creemos?

Durazo, que no tiene experiencia en este tema, parece que le anda buscando la cuadratura al círculo. También ya dijo que no van a perseguir a los capos del crimen organizado porque eso ha generado más violencia. Tiene razón. Así lo han demostrado diversos estudios. Sin embargo, el próximo secretario no puede andar diciendo esto en público. Que lo haga, pero no lo ande gritando a los cuatro vientos porque envía la promesa ominosa de impunidad a los grandes jefes de la delincuencia.

En fin, que el nuevo gobierno todavía no tiene una estrategia bien definida en materia de seguridad pública, a diferencia de la claridad y optimismo que sí tiene en otros ámbitos. Ojalá su fe estatista la comiencen a ejercer con lo más básico: proveer una mejor seguridad a la población.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excélsior.com.mx.