Está por concluir la décimo cuarta reforma electoral que México realiza en los últimos 68 años. Se ha hecho, en promedio, una cada lustro.

Ocho de esas reformas han tenido lugar en los últimos 37 años. Entre ellas la de 1977, que legalizó a los partidos Comunista Mexicano y Demócrata Mexicano, y creó los diputados de representación proporcional; la de 1990, que hizo nacer al Instituto Federal Electoral (IFE) y la credencial para votar con fotografía; la de 1996, que ciudadanizó el IFE y creó el Tribunal Electoral como órgano especializado del Poder Judicial, y la de 2007-2008, que reguló la propaganda en los medios electrónicos y prohibió la contratación de mensajes por parte de terceros para apoyar o atacar a algún candidato.

La más reciente, iniciada en 2012 y que está por terminar, es una reingeniería a fondo del sistema de competencia electoral. Abarca temas que van desde las candidaturas independientes hasta la centralización del arbitraje de los comicios, pasando por una fiscalización más estricta de las campañas.

Por tercera ocasión desde 2003, el órgano cúpula de la autoridad electoral ha sido modificado.

Luego de la designación, por parte de la Cámara de Diputados, de un Consejo General presidido por Luis Carlos Ugalde, éste fue reemplazado en 2008 por otro, encabezado por Leonardo Valdés.

Ante la falta de acuerdos entre los diputados para sustituir a consejeros cuyo plazo vencía -o para compensar la renuncia de uno de ellos-, el Consejo llegó a estar integrado por menos de la mitad de sus nueve miembros.

Al decidirse en la reforma electoral la conversión del IFE en el Instituto Nacional Electoral (INE), los cuatro consejeros restantes originalmente decidieron no formar parte del nuevo órgano.

Sin embargo, de última hora, aceptaron participar en un proceso de evaluación, supervisado por un comité técnico de la Cámara de Diputados, que arrojó una lista de 50 aspirantes, divididos en once grupos -uno por cada posición en el Consejo General del nuevo INE–, que incluyó los nombres de los últimos cuatro consejeros del IFE.

Al momento de escribir estas líneas, no quedaba claro por qué el Comité Técnico de Evaluación había integrado las quintetas para nuevos consejeros como lo hizo.

Por ejemplo, la consejera del IFE María Marván, a quien restaban más de cinco años en el cargo, fue colocada en un bombo para consejeros que durarán tres años, mientras que su compañero Marco Antonio Baños, a quien quedaban menos de tres años en el IFE, fue ubicado en una quinteta para consejeros de seis años de duración (y, además, en la de presidente del INE, repetición que ocurre con cinco de los nombres propuestos).

Pero, independientemente de la mecánica de integración de las quintetas -cuya revisión era discutida por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, al momento de escribir esta columna-, las dudas que provoca el nuevo Instituto van más allá.

No queda claro que esta reingeniería vaya a cerrar la puerta a las impugnaciones mayores sobre los comicios, que han provocado la necesidad de realizar, en promedio, más de una reforma electoral por sexenio.

En los últimos años, el ritmo de modificación de la Constitución se ha acelerado, favoreciendo la flexibilidad del marco legal del país por encima de la estabilidad y la certeza.

El desgaste que ha sufrido la Constitución en tiempos recientes pone a la Carta Magna al nivel de una legislación secundaria. Si se ha modificado ya tantas veces, ¿qué asegura que no lo será nuevamente, en temas electorales u otros?

También atentan contra la estabilidad del nuevo árbitro electoral los deberes de fiscalización de los gastos de campaña, adquiridos en la más reciente reforma electoral cuya leyes secundarias no han sido aún aprobadas.

A reserva de las particularidades que prevean éstas, el nuevo INE -que empezará a funcionar el mes entrante- tendrá que realizar la fiscalización de los gastos de los partidos y resolver las quejas por el uso de recursos públicos y la adquisición encubierta de toda modalidad de propaganda electoral, cosas que pueden llevar a la anulación de comicios.

Es decir, el INE tendrá en sus manos la posibilidad de alterar la voluntad popular expresada en las urnas por la vía del tecnicismo, lo cual podría desatar controversias como las que, teóricamente, se han querido desterrar.

No desdeño los aspectos de continuidad que incluye la reforma: el INE se construirá sobre la base del IFE, lo cual podría reforzarse en caso de que uno o más de los consejeros del IFE se incorporen al nuevo instituto. Mucho de lo aprendido en materia de organización de elecciones en los últimos 23 años será aprovechado, que no quepa duda de eso.

Sin embargo, preocupa que la decisión de miles o millones de electores pueda ser sustituida por el criterio de siete magistrados del Tribunal Electoral u once consejeros del INE.

Así que ahí vamos de nuevo, a la dimensión electoral desconocida, con la misma clase política, cargada de los mismos prejuicios y desconfianzas.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.